El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que el Estado sufrió una denegación de justicia porque la causa que inició el Grupo Clarín es tomada por un fuero (el Civil y Comercial) que no es competente”.
Alak en conferencia de prensa, indicó que estos camaristas fueron denunciados en su momento porque “existen indicios vehementes de que han incumplido la ley de designación de subrogantes, y han participado de un viaje invitados por una organización conducida e integrada por importantes directivos del grupo Clarín”.
El ministro agregó que “sabemos que hay un ex funcionario del Gobierno que en su momento utilizó el avión de un empresario y la Justicia le prohibió salir del país, pero en este caso al analizar la salida de 5 jueces, ni se preocupó en investigar el caso”.
El funcionario sostuvo “en el caso de la recusación contra otra camarista, la doctora Medina, que fue producto de que la camarista puede intervenir en la causa Clarín y su esposo es abogado del Grupo Clarín, acá hay un doble criterio para juzgar el caso de la doctora Medina, consideramos que las resoluciones de la Cámara Civil y Comercial adoptadas extrañamente con gran velocidad pueden ser recurridas por nulidad”.
Alak sentenció que “el Poder Ejecutivo hizo hoy la presentación de revocatoria y nulidad, la recusación por parte del Estado lejos está de ser una facultad sino que es una responsabilidad de los funcionarios”, y agregó “también aquí habría que analizar la existencia de un conflicto de poderes entre el Legislativo y una cámara de la Justicia Comercial”.
El ministro se preguntó “qué sentiría un abogado común si tiene un juicio laboral tramitando y se entera que la otra parte lo ha invitado al juez y se lo ha llevado a Miami. Nosotros consideramos que en 48 horas comienza la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
“No es una opinión nuestra sino que fue una decisión de la Corte. Esta ley en 48 horas está en estado de plena aplicación y una supuesta posibilidad de que esta Sala I con integrantes recusados sobre los cuales se están tramitando denuncias penales se integren a esta sala y pretendan extender la cautelar sería un alzamiento contra una ley de la Nación, generaría un conflicto de poderes y un alzamiento contra un claro pronunciamiento de la Corte”, concluyó el funcionario nacional.
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