El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este miércoles el procesamiento del ex presidente Fernando De la Rúa por el homicidio culposo de cinco personas durante la brutal represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, en la antesala de la caída de su Gobierno.

En la audiencia, a la cual no asistió el ex presidente, quien no estaba obligado a hacerlo, el abogado defensor Miguel Ángel Almeyra pidió en cambio mantener el sobreseimiento de De la Rúa, al que se acusa por homicidio y lesiones varias culposas.

Ante los jueces de la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Luis María Cabral, el querellante Rodrigo Borda, del CELS, cuestionó que el entonces Presidente haya fijado el estado de sitio, lo que derivó en la represión policial.

En su alegato, la querella sostuvo que más allá de delegar facultades, el ex presidente tenía la “facultad de control” sobre el accionar policial y la represión en esas jornadas en las inmediaciones del Obelisco y la Plaza de Mayo.

“Tenía cuanto menos la obligación de controlar el accionar de la Policía”, dijo el letrado del CELS, quien catalogó luego de “lamentable” la ausencia en la audiencia del fiscal de Casación Ricardo Wechsler.

En ese sentido, sostuvo que fue una “decisión anómala” la de imponer el estado de sitio y remarcó que De la Rúa no consultó sobre ello al Congreso de la Nación.

A su turno, el defensor Almeyra sostuvo que el entonces Presidente recién se enteró de las muertes e incidentes a las 16:00 del 20 de diciembre de 2001, a pocas horas de disponer su renuncia.

Según indicó el defensor, había una “limitación” en consultar al Congreso de la Nación porque estaba en sesiones extraordinarias. De la Rúa “intentaba salvar las instituciones, la República se derrumbaba”, argumentó el defensor.

Además, justificó que la responsabilidad culposa “debe tener un límite, no es posible llegar al infinito”, basándose en jurisprudencia.

De la Rúa está temporalmente sobreseído a raíz de una decisión dictada por la Sala II de la Cámara Federal.

Por lo pronto, los únicos ex funcionarios acusados son el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov; y el ex titular de la Policía Federal Rubén Santos, quienes podrían ser juzgados en el primer debate oral por esos hechos, que probablemente se realizará en 2013.