El sábado 29 de enero pasado fue asesinado a golpes y patadas Patricio Barros Cisneros, detenido alojado en el Pabellón 1 de la Unidad 46 de San Martin.
Se constataron más de 30 golpes en la cabeza y el hundimiento del globo ocular izquierdo, además de gran cantidad de lesiones en miembros superiores e inferiores compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque.
Las autoridades de la Unidad pretendieron instalar una versión inverosímil para encubrir y garantizar la impunidad del homicidio. Una medida de resguardo de los testigos desbarató la maniobra. El cruel asesinato desnuda la violencia institucional y la tortura sistemática que se profundiza en las cárceles bonaerenses.
El 29 de enero cerca de las 10 Patricio Barros Cisneros de 25 años de edad, esperaba la visita de su mujer embarazada de 8 meses. Se había preparado para la visita que debía concretarse como es habitual para todos los detenidos, en el SUM de la Unidad 46 del Complejo San Martín del SPB.
Al salir del Pabellón de Admisión fue requisado minuciosamente, lo desnudaron totalmente y constataron que no portaba ningún elemento prohibido. Le informaron luego que su visita se desarrollaría en el patio del pabellón, al rayo del sol y sin ninguna comodidad.
Comenzó a discutir con el agente penitenciario que fue a buscarlo, la discusión fue creciendo y lo esposaron para llevarlo hasta la oficina de control. Mientras era llevado por el pasillo fue insultado por los agentes penitenciarios y respondió a esos insultos. El enojo de Patricio se sustentaba en que su visita había llegado de madrugada y recién pudo ingresar varias horas después, por la lentitud y desidia de los funcionarios que hacen la admisión. Al llegar a la reja de la oficina de control, y luego del intercambio de insultos, le aplicaron varios golpes de puño y lo tiraron al suelo.
Entre 8 y 10 agentes penitenciarios le pegaron golpes de puño y patadas de manera muy violenta y con saña. Lo agredieron mientras permanecía esposado en el piso y apenas podía defenderse. También le tiraron gas pimienta en su nariz, ojos e incluso en la boca, lo que le provocó ahogo e impedimento para respirar.
En la autopsia realizada en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración provincial se constataron más de 30 golpes en la cabeza, el hundimiento de globo ocular izquierdo, decenas de lesiones en miembros inferiores y superiores compatibles con las que padece quien pone sus manos y piernas para defenderse.
La bestialidad penitenciaria extrema se materializó en las sucesivas patadas en los testículos, sobre los que un agente saltaba aplicando puntapiés con sus borceguíes.
La paliza continúo aún luego de que el joven permaneciera inmóvil y sin articular defensa alguna. Le pegaron aún después de muerto.
Con carácter aleccionador, el episodio ocurrió al aire libre, frente a decenas de detenidos y familiares que reclamaban que cese la violencia.
El SPB informó de la muerte a la justicia mediante el Despacho Nº 313/12. La versión oficial sostuvo que “el habitante del pabellón uno comienza a correr en dirección al sector control esgrimiendo un elemento punzante…a la vez que intenta tomar como rehén al Oficial Adjutor (EG) Rodrigo Chaparro, agrediéndolo con el elemento punzante que esgrimía”.
“Que acto seguido, con personal a su cargo y tomando las medidas de seguridad necesarias, procedió a entablar un diálogo con la intención de que depusiera su actitud hostil y agresiva, obteniendo un resultado negativo, por lo que se tuvo que utilizar la fuerza mínima e indispensable, alterando aun mas su actitud agresiva… destacando que para poder controlar la situación se tuvo que utilizar elementos de sujeción (esposas) y gas pimienta (PPQ), destacando que en un momento dado y una vez reducido el interno antes mencionado, logra zafarse corriendo en dirección a las rejas de acceso al sector control, y sin mediar motivo alguno comienza a golpear su cabeza fuertemente contra las rejas para luego caer pesadamente contra el suelo, quedando instantáneamente inmovilizado, por lo que inmediatamente se solicita la presencia del facultativo de turno Fernando Woodgate… donde constata el deceso del interno”, agrega el informe oficial.
Asimismo, sostiene que “el oficial agredido fue trasladado a Sanidad en el cual se constato lesiones punzantes en su brazo izquierdo y pierna derecha producto del interno fallecido…por otro lado es menester señalar que al interno de marras…al egresar de su pabellón de alojamiento se le efectuó la correspondiente requisa obteniendo resultados negativos”. Esto fue firmado por Leonardo Jorge Dziata, director Unidad 46.
Para lograr impunidad se oficializó un relato falso de los hechos y se alteró la escena del crimen. Los testimonios narran que luego de fallecido el detenido le pusieron un “fierro o faca” al lado del cuerpo. Con ese mismo elemento, el guardia se aplicó a sí mismo los dos puntazos que se le registraron. La versión penitenciaria es endeble y desnuda el compromiso institucional que rige para encubrir los hechos de violencia y proteger a los atacantes.
La maniobra del encubrimiento fracasó porque los tres detenidos que propuso el Servicio Penitenciario bonaerense como testigos de la versión falsa, le contaron al fiscal que habían sido forzados a firmar el parte oficial. Describieron minuciosamente los hechos, en forma concordante con lo relatado por decenas de detenidos a los organismos de derechos humanos y funcionarios judiciales que inspeccionaron la unidad el día lunes 31.
La inspección fue realizada por los profesionales del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires Roberto F. Cipriano Garcia, Fernando Mastchke, Sofía Ballesteros y Nicolás Maggio, junto aAnabela Museri y Mariano Lanzino, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín,Juan Casolatti.
Esta delegación recorrió los pabellones 3 y 4, la cocina y el área de internación dela Unidad, relevando los testimonios de los detenidos. Todos los relatos fueron coincidentes sobre cómo fue el asesinato. Se pudo constatar también el pánico reinante que hacía que nadie se animara a declarar.
Para quebrar el círculo de impunidad fueron determinantes las gestiones realizadas por la Defensora Oficial María Dolores Gómez y el CELS, a fin de lograr que se traslade a los detenidos testigos al ámbito de la Gendarmería Nacional, y así garantizar su seguridad fuera del SPB.
“Este caso es un ejemplo de la necesidad de poner en marcha un programa de protección de testigos y víctimas de torturas, conforme lo vienen solicitando reiteradamente los organismos internacionales de derechos humanos. Este tipo de dispositivo -que fue posible porque existió una clara decisión política del Ministerio de Seguridad de la Nación de proteger a detenidos cuyos testimonios son determinantes en la causa-, debe institucionalizarse en nuestro país. A esto debe agregarse que la sanción y el castigo efectivo a los responsables de estos crímenes atroces, son indispensables para democratizar la institución penitenciaria y quebrar los circuitos de impunidad”, manifestó Alejandro Mosquera, secretario Ejecutivo dela CPM.
A su vez Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria agregó: “Las palizas como la recibida por Patricio, se inscriben en prácticas de torturas sistemáticas que se reproducen en el tiempo y en todas las cárceles provinciales. Son cotidianas, habituales y parte de un dispositivo que disciplina con violencia”.
“Son graves violaciones de derechos humanos que acontecen en el presente y deben ser juzgados como juzgamos los crímenes de la dictadura. La continuidad de prácticas de la dictadura hasta hoy debe atacarse con urgencia, el padecimiento de las victimas de tortura es igual hoy que hace 30 años, y debe conmovernos de igual manera. Nuestro país desde hace cuatro años incumple con su compromiso internacional de crear los mecanismos de control previstos en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de ONU. Es prioritario institucionalizar mecanismos estatales de control que fortalezcan el sistema democrático”, agregó.
Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales manifestó: “Este caso desnuda el patrón de violencia sistemática que gobierna las cárceles bonaerenses, frente a la negación constante del gobierno provincial. La situación es estructural y fue denunciada en diversas instancias internacionales, por lo que se requieren políticas enérgicas y sostenidas para prevenir y sancionar la tortura en los lugares de detención”.
“La respuesta oficial no puede agotarse en el anuncio del cambio de autoridades de la unidad o la disponibilidad de los autores materiales del homicidio. Es fundamental que se avance en una reforma profunda del SPB, en el establecimiento de controles externos como el mecanismo nacional de prevención del OPCAT y en respuestas judiciales firmes que rompan el círculo de impunidad”, concluyeron.
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