CABILDO - Por la Nación contra el caos |
SITUACIÓNACTUAL DE LOS PRISIONEROSDE GUERRA En la ciudad de La Plata, el pasadomartes 20 de septiembre, el Dr. Alberto Solanet pronunció una clase magistralsobre la Guerra Revolucionaria en la Argentina, y la actual situación de los prisionerosde guerra. Por razones de espacio sólopodemos publicar los siguientes fragmentos. Sepa el lector aprovechar tan valientes, oportunos yjusticieros conceptos. Amigos: […] Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsadapor motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió, y,con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica yunilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes delas fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguierona jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases máshumildes. Se ha predicado a tiempoy a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector de lacontienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiereprovocado […] El impulso y presiones del poder político kirchnerista sobre elCongreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe por encima de losprincipios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de ObedienciaDebida y de Punto Final rompió con el precepto legislativo de que las leyes nose anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la complicidad de la Corte Suprema,quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la leypenal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna etc… De esta forma cientos de militares condestacados servicios y carreras impecables, luego de haber permanecido sinobjeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores enplena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes enla guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechosocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largoencarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional lesencomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en laviolencia de una guerra revolucionaria, el mismo que dictó las leyes quesignificaron tres amnistías sucesivas, el mismo que revisó prolijamente suscasos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sincuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura einstaló una persecución implacable e ilegal. Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de mil miembrosde las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no haalcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces, de presos políticosentre los que debemos contabilizar, hasta ahora, ciento cuarenta y cincomuertos en cautiverio. Digo hastaahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, esmaterializar el odio y la venganza con la muerte de todos […] La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturalezamoral. No es el horror de laguerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que,transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta dela contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los másextremados a reacciones graves e imprevisibles. Están presos por haber cumplido con su deber, por haberpeleado en defensa de la Nación. […] Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivasfuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron combatir, hoylos han dejado a merced del enemigo […]. Muchos de los jueces, responsables de los detenidos, someten a estos averdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o estánseriamente enfermos.Esta genteestá condenada a muerte, pero a una muerte lenta […] Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestadosu desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportajepublicado en el suplemento “Enfoques” de “La Nación” del 15 de agostode 2010, al Dr. Strassera: “este gobierno quiere prolongar estos juicioscomo forma de agitar la banderita de los derechos humanos”. A su vez, el Dr. Ledesma: “Nosotrosen 1985 no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos pordelitos comunes”, y agrega: “yo creo que si se admite la imprescriptibilidad,que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también debían serjuzgados hoy en día los líderes de la subversión” y finalizaafirmando que “creo que el principio de legalidad no puede ser derogado pornada porque es uno de los logros más importantes de la civilización”. El Dr. Torlasco por su parte dijo:“Aquíen este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estadoprescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución. Se está juzgando por la aplicaciónretroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesahumanidad”.Finalmente, el Dr.Moreno Ocampo opinó: “Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenesde lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizarpara la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción”. Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan lasmismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la Nación y hoygozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los trespoderes del Estado Nacional. Lasacciones penales contra todos los contendientes están irreversiblementeextinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si laJusticia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y CienciasSociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la líneajurisprudencial iniciada a partir del año 2004, “los principios delegalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosajuzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la ConstituciónNacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia delconstitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no hansido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienenvarios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados”. Desde el poder, con un cinismo insoportable, se exaltan losderechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepcióngroseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial deuniversalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, que hoy, para un sector importante de losargentinos, sustituye a la legalidad, y para otros sirve de marco de impunidadpara cometer cualquier clase de delitos y realizar pingues negocios. Ya no rigen ni las garantíasconstitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados porla acusación de haber cometido delitos de “lesa humanidad”. Los agresores de la sociedad civil, ahora son apañados y se losdestaca como personalidades ejemplares, además de ocupar altos cargos en elGobierno. A los causahabientes dequienes se alzaron en armas contra el Estado se les pagaron abultadasindemnizaciones. Los “derechoshumanos”, han sido utilizados por el kirchnerismo como herramienta política,para conseguir el poder que no tenían, además, como ya dije, y está a la vista,al servicio de un pingue y obscuro negocio, del que nosotros, a través de unaacción de amparo que interpusimos, solo podremos sacar a la luz una pequeñapunta del iceberg. En efecto, luego de una minuciosa investigación, llevada a cabopor uno de nuestros abogados, el Dr. Oscar Vigliani, se pudo acreditar quesesenta y ocho personas que figuran como desaparecidas, cuyos causahabientescobraron, por ese motivo, más de doscientos mil dólares por cada uno, enrealidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate, en losataques al Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa; los cuarteles deAzul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo. Todo ello con anterioridad al 24 demarzo de 1976, en plena vigencia de gobiernos de iure. Es decir, estamos ante el absurdo queel propio estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en sucontra. Como dije, ésta es solo lapunta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivosfuncionarios, que le ha costado millones de dólares al Estado, millones de dólaresa los argentinos, se estima entre 1.500 a 1700 millones de dólares, que han idoa parar sin control alguno vaya uno a saber a cuantos obscuros intermediarios yfuncionarios que han medrado, nada menos que a través de la muerte de otros,que, si bien profundamente equivocados, jugaron su vida por ideales que estosdepredadores dicen sostener, pero que en la guerra no movieron un dedo, sinoque se dedicaron, al menos los Kirchner, a los negocios en Santa Cruz. Puedo adelantarles que el Ministerio deJusticia ha reconocido que efectivamente, los familiares de treinta de losdenunciados en nuestra acción de amparo, recibieron las indemnizacionesprevistas para los desaparecidos. Como se ve, es la punta del iceberg. Me imagino que los llamados “jóvenes idealistas”, que en eseentonces se alzaron en armas contra el Estado argentino, poniendo en juego susvidas, de ninguna manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en estedescomunal negociado. Resulta queahora los derechos humanos son fuente de negocios. Derechos Humanos S.A., como los llamamos […] Parece que tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla, la sociedadguarda silencio, en general por ignorancia y la dirigencia política tambiénguarda silencio, pero este silencio sí es doloso. Como dije, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvióanular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y lasleyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las accionespenales, leyes de amnistía que fueron declaradas constitucionales por el mismoalto Tribunal. Luego, la CorteSuprema a través de distintos fallos, dócil a las órdenes del Poder Ejecutivo,posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosajuzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicandoretroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana degobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos losprocesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho lescorrespondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisiónpreventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su leyreglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólosirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenariaque aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquíaconstitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de quelos delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles deamnistía, indulto o conmutación. ¿Cómoes posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente aquienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, seencuentran prescriptos? Señores, nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado Proceso.Sin embargo somos concientes que en losaños setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fuederrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieronen defensa de la Nación. Cambió elcampo de batalla de la antigua guerra sucia de los años setenta entreterroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido y detranquilidad, en este nuevo campo de acción: el ámbito judicial, a través dejuicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados. Somos consientes de que se cometieron torpezas en medio de laguerra.Pero somos igualmenteconscientes de que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político, en el quemuchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los juecesprevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso deodio y venganza, que, además demolió las Fuerzas Armadas y de Seguridad,dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo. Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que lescabe. Hoy podemos afirmar, coninmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, lalegalidad y el derecho, han sido sustituidos por un esquema ambiguo y difusodenominado “política de derechos humanos”. En agosto del año pasado, en una elocuentísima demostración dela decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañadode varios ministros y políticos, absolvió posiciones ante las Madres y Abuelasde Plaza de Mayo, y frente al prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía devisitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles yprevaricadores como él. En esaoportunidad y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo Tribunal de laRepública, declaró que“no habrá marcha atrás en los juicios de derechoshumanos”, y agregó que el avance de estas causas no sólo es el resultadode una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y enespecial, enfatizó, del poder judicial.Continuó manifestando que “el avance de los juicios por derechoshumanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes delEstado”, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular lasleyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte dedeclarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habíancreado una comisión interpoderes para llevar adelante esa “política deDerechos Humanos”como una política de Estado. Para colmo, acaba de editar un libro:“Derechos humanos:justicia y reparación”, en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y serápresentado, con bombos y platillos el 27 de este mes en la Facultad de Derechodel UBA. El marco, será el desiempre, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, y demás acólitos de la izquierda revolucionaría. No quiero imaginar cuantos dirigentespolíticos se sumaran a la demostración.En un anticipo publicado en la revista“Noticias”, el Dr.Lorenzetti manifestó que “los juicios de lesa humanidad forman parte delcontrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, unconsenso que va mas allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadiepuede ya impedir”. Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente dela Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Se acabó la República por cuanto hacetabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento,reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte, evidencia que seha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa “política dederechos humanos” y, al declarar que esta injusta política es una política deEstado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de losargentinos. El desprecio por losgrandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan ladestrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre dederecho dejar de denunciarlo.Creoque hay mérito suficiente para pedirle el juicio político […] Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico queincrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex-presidente dela Asociación de Magistrados, “el desapego a la ley en defensa de interesesfacciosos, ha tocado fondo en la argentina” […] La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria danvuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Esta ponzoña, que envenena el alma denuestros ciudadanos desde su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa,salvo contadas excepciones, la más mínima condena. En estos tiempos de campaña electoral los dirigentes políticos,nos hartan con sus peroratas vacías, en las que ignoran dolosamente los hechosapuntados, sobre todo algunos que no se cansan de hablar de la moral y losvalores. No se sabe de que moral yque valores, ya que, cuando les tocó como diputados, votaron por el matrimoniohomosexual, o le hicieron “una verónica” como expresó con un cinismoinsoportable una de las candidatas a la presidencia […] Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con elformidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originadaen el mundo, antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una inusitadagravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social yespecialmente a la institución de la familia, con leyes como la del matrimoniohomosexual, ahora acompañada con la posibilidad de cambiar el sexo, y elaborto, estas últimas a las puertas de ser sancionadas. Ello se suma a la destrucción de lasFuerzas Armadas, a la persecución que padece la Iglesia Católica, cuyainfluencia y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínimaexpresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar desu misión providencial de formar a los hombres para la construcción de unasociedad justa. La cizaña hacrecido mucho en nuestra patria, pero no desesperemos, todavía queda trigobueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega. Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que elavasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por elprincipio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté enlibertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto como, desde la Presidenciade la República, se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidosempresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, aJueces, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos deabsurdos delitos de “lesa humanidad”. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenidoindiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por susbienes. La persecución no tiene límites. La paz social, la verdadera paz, definida por San Agustín como“latranquilidad en el orden” es una condición indispensable para cualquiergobierno que se proponga un mejor futuro. La confrontación no debiera ser un instrumento de poder. Es imprescindible volcar los esfuerzosy las esperanzas hacia un futuro que debería construirse con todos y para todoslos argentinos. Por ello, se hacenecesaria la pacificación y reconciliación. Que Dios nos ayude. Alberto Solanet |
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