El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires vetó la Ley 4.008, aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, que prorrogaba la protección del Gobierno de la Ciudad sobre las cooperativas que trabajan en fábricas recuperadas.

Miedo entre los 2.000 trabajadores afectados.

El 23 de diciembre, Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, vetó la prórroga a la normativa sancionada en 1999 que obliga al Ejecutivo a hacerse cargo de la expropiación de fábricas recuperadas y su puesta en funcionamiento.

A partir de dicha iniciativa, varias empresas que quebraron durante la crisis del 2001 pudieron seguir funcionando bajo las directivas de sus trabajadores, que eran a la misma vez los empresarios.

Eduardo Montes, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA, que nuclea a todas las cooperativas de trabajo), indicó que “sin esta ley, el primer riesgo es que no tenemos un marco jurídico que nos ampare. En ese contexto, algún ex patrón podría llegar a pedir una restitución de los bienes inmuebles y muebles, un llamado proceso de expropiación a la inversa”.

De esta manera, miles de emprendedores podrían regresar a una condición de dependencia y ver la ganancia empresarial deducida de sus salarios tras años de esfuerzo.

“Estamos en alerta porque a través de esa ley el Estado se hacía cargo de la expropiación. Luego, los trabajadores en el marco de las cooperativas pagábamos al Estado esas expropiaciones en el plazo de 20 años”, añadió Montes.

Una particularidad es que la ley había sido aprobada en unanimidad; es decir que el oficialismo había votado a favor de continuar amparando a las 29 empresas autogestionadas de la Capital Federal.