Según fuentes judiciales: “mediante un dictamen, que no es vinculante, la procuradora Alejandra Gils Carbó consideró que debe rechazarse la presentación efectuada por agrupaciones de abogados para que se declare la inconstitucionalidad del memorándum”.
Gils Carbó: “Opino que Vuestra Excelencia debe declarar la incompetencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para entender en forma originaria en este juicio, sin perjuicio de lo expuesto sobre la falta de legitimación de los actores”.
“La competencia originaria de la Corte prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional es de índole taxativa y no puede ser extendida por persona o poder alguno”.
La causa fue iniciada por Daniel Lipovetzky de la Asociación de Abogados en Propuesta Peronista, que había presentado directamente ante la Corte el planteo luego de que el Congreso Nacional sancionara la ley 26.843.
En su escrito, la procuradora recordó que: “la competencia originaria en asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules está rigurosamente restringida a los supuestos en que sea parte, ya sea como actor o demandado, un agente extranjero que goce de status diplomático y no puede ampliarse, restringirse ni modificarse”.
“Admitir la legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de gobierno deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura”.
Según consideró Gils Carbó, los abogados agrupados en Propuesta Peronista “carecen de legitimación” para pedir la inconstitucionalidad del memorándum que la Argentina rubricó con Irán para avanzar en la investigación por el atentado de 1994 en Buenos Aires.
Esta causa en manos de la Corte se desarrolla en forma paralela a otra iniciada por AMIA-DAIA ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario Federal, en la cual también se cuestiona el memorándum, que aún no fue sancionado por Irán.
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