La causa se inició la semana pasada con el pase a disponibilidad de un sargento, un cabo primero, dos cabos y cuatro agentes, aunque en las últimas horas se supo que hay otros 24 efectivos de la fuerza involucrados en la investigación.
Según reveló un jefe de la cúpula de la Federal: “Son varios los denunciados, hay oficiales y suboficiales, ya sea por acción u omisión. Son casos aberrantes que no podemos dejar que ocurran en la fuerza”.
El caso, en primer lugar, recayó en la Defensoría Pública de Menores e Incapaces Número 2 en lo Civil, a cargo del juez José Atilio, aunque el 25 de noviembre de 2011 las actuaciones pasaron al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de instrucción 38, a cargo de Vilma López, secretaría de Gabriel Rey.
En la causa, en la que también se investiga al entonces jefe de la fuerza, se investiga una red de policías que regenteaban y hacían prostituir a menores de edad que encontraban en situación de calle.
Las víctimas eran jovencitas que, siempre de acuerdo con la investigación, eran ofrecidas entre los mismos uniformados, sin que se involucrara como potenciales civiles a clientes.
Según fuentes allegadas a la fuerza: “Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación estarían al tanto de la investigación para tomar medidas drásticas con los uniformados en casos de ser procesados por los graves delitos”.
La Justicia está investigando a otros 22 efectivos de la Policía Federal que se desempeñaron en la Policía Montada acusados por los casos denunciados por abuso sexual a menores en situación de indigencia.
Fuentes policiales revelaron a Noticias Argentinas que: “hay otros 22 integrantes de la entonces Policía Montada que están involucrados en la investigación”.
El comisario mayor consultado explicó que: “apenas la Justicia reúna pruebas para imputarlos, serán separados automáticamente” de la Policía Federal, ya que el Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré dio el visto bueno y hasta exigió separar a los responsables”.
Las denuncias también involucrarían al entonces jefe de la Policía Montada, ya que aseguraron que: “si se comprueba que algunos abusos ocurrieron en sedes de su división no podía desconocerlo”.
Los uniformados están acusados de abuso sexual contra menores en situación de indigencia, en una causa que arrancó en 2011 por la denuncia de un agente de la comisaría 2ª ante el Ministerio de Seguridad y que en los últimos meses avanzó bastante.
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