La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) adhirió al amicus curiae presentado por la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas en el que se plantea el derecho de Ailén (21 años) y Marina (20 años) Jara a acceder al debido proceso desde una perspectiva de género.

AMICUS CURIAE POR LAS HERMANAS JARA

La CPM adhiere con otras organizaciones (AW)  En el juicio oral que se está llevando adelante ante el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes, las hermanas Jara están acusadas de tentativa de homicidio contra Juan Antonio Leguizamón, quien había ejercido diferentes formas de violencia de género sobre ellas, que incluían situaciones de violencia sexual y amenazas. La CPM, junto a diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, sostiene que es una causa invertida, donde la presunta víctima es en realidad el victimario. En cambio, las víctimas reales de una agresión sexual se encuentran en el banquillo de las acusadas, en un caso que evidencia la violencia de género existente en la sociedad y reproducida por el Estado. El hecho se encuentra atravesado por presuntas conexiones del atacante con el poder político y policial, con negocios ilegales y con la connivencia del sistema judicial. Debemos recordar que la violencia de género es la primera causa de muerte de las mujeres en el mundo; en este sentido consideramos importante que sea entendida como un problema político, social, cultural y de derechos humanos. La CPM considera necesaria la absolución de las hermanas Jara y el avance en la investigación sobre la situación de abuso que vienen denunciando. El caso El 19 de febrero de 2011 cuando las hermanas Jara regresaban a su hogar en la localidad de Moreno fueron abordadas por Juan Antonio Leguizamón, quien violentándolas con un arma de fuego intentó abusar de ellas. Las muchachas pudieron defenderse del ataque y le quitaron el arma, propinándole un corte con un cuchillo. Inmediatamente después del hecho las hermanas Jara denunciaron en la comisaría 5ª de Paso del Rey lo sucedido, expresando que se habían defendido ante un ataque, y entregaron el cuchillo. La sorpresa fue que el sistema penal bonaerense las señaló como victimarias, y quedaron detenidas inmediatamente. Aunque lo manifestado por las hermanas Jara se enmarcaba en una hipótesis sumamente verosímil con elementos categóricos que acreditaban su versión, la connivencia policial con el atacante derivó en que el hecho quedara caratulado como tentativa de homicidio. Al igual que en muchos otros casos, la versión policial fue confirmada por el poder judicial, instancia en la cual no solo se fijó la prisión preventiva para las jóvenes sino que también se omitió investigar la hipótesis del ataque sexual y la legítima defensa. Los defensores particulares que asumieron el caso hace pocos meses fueron sumamente críticos de la intervención previa de las defensoras oficiales Manuela González y María Celina Bereterbide, quienes habrían omitido una defensa técnica de calidad, asumiendo como base para la "estrategia" de defensa la culpabilidad de las hermanas Jara. De esta manera el poder judicial reproduce la doble discriminación que sufren las mujeres pobres en el acceso a la justicia. Su detención también estuvo atravesada por diversas violaciones a sus derechos, en una nueva faceta de la violencia institucional. Las hermanas Jara fueron blanco de un ensañamiento por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, sufriendo situaciones de violencia física y psicológica, como también la obstaculización a la atención medica. Desde la CPM se realizaron diversas acciones judiciales para que se efectivizaran sus derechos y se garantizara el acceso a la salud. En el desarrollo del juicio oral ante el tribunal, compuesto por los jueces Fabián Brahim, Graciela Larroque y Marcos Barski, se presentaron elementos de prueba que generan optimismo. Se acreditó que Leguizamón se manejaba con suma violencia y ostentaba frecuentemente armas de fuego.