El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ante la consulta de la prensa indicó que: “el organismo revisaría los números. Lo que nos corresponde a nosotros lo vamos a investigar”, y sería la encargada la señorita Virginia García.
José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante un comunicado, en el que precisó que giró todo ese material a la unidad fiscal antilavado (Procelac) informó que: “la unidad antilavado ya impulsaba investigaciones sobre algunos hechos o personajes del escándalo, las que mostraban un alto grado de avance”.
“Al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la Justicia”.
La Procelac emitió su propio comunicado en el que recordó que: “existen seis denuncias penales y que ahora corresponde que la Justicia las unifique en un expediente. Sólo luego la Procelac tomará intervención junto al fiscal a cargo para poner a su disposición el apoyo técnico necesario, evaluar las medidas que correspondan e impulsar el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Dentro de la AFIP, de todos modos, la Dirección Regional de Río Gallegos cobró un inesperado protagonismo durante las últimas horas, ante una eventual investigación tributaria sobre Báez.
Militante de La Cámpora, Virginia García tendría que investigar ‘a la esencia misma del kirchnerismo en Río Gallegos y en El Calafate, o sea desde a la presidenta Cristina Fernández, hasta Báez y Rudy Ulloa, entre otros, según sus domicilios fiscales declarados’.
García asumió como jefa regional de Río Gallegos con apenas 32 años y sólo 4 meses dentro de la AFIP, según consta en los registros oficiales, pero sus allegados remarcan que la periodista y luego abogada se especializó en derecho tributario.
El otro funcionario de la AFIP para, investigar a Báez sería el titular de la Región Sur Metropolitana, Andrés Vázquez, quien durante el año 2009 afrontó un sumario interno y una investigación penal por el controvertido operativo con 200 inspectores contra el Grupo Clarín, y operó más de medio millón de dólares en cuentas bancarias secretas en el Caribe y Europa durante años.
Empresas vinculadas a Báez cambiaron su domicilio fiscal para quedar bajo la órbita y supervisión directa de Vázquez.
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