Represores de la dictadura con altos cargos en empresas de vigilancia.

Impunes: la “seguridad” que persigue, reprime y mata

13/07/2012 By Marina Dragonetti (@misantapeluca)

Exclusivo: Plazademayo.com detectó represores de la dictadura con altos cargos en empresas de vigilancia.

El gerente que torturaba

Ricardo Alberto Cittadini era un estudiante de Ciencias Económicas que militaba en la Juventud Peronista en la Universidad Nacional de La Plata. El 17 de agosto de 1976 le dijo a su amigo Coco Ricoy que tenía que encontrarse para almorzar con su hermana Malila que estaba de paso con su familia por vacaciones. Cuando llegó a su departamento de la calle Salta no encontró a nadie; su familia lo había estado esperando y pensando que ya no vendría abandonaron el lugar, seguramente sin imaginar que no habría otra oportunidad de encuentro.

Mientras Ricardo veía un partido de bochas en la Plaza España, dos oficiales de la Policía Federal se acercaron a él y se lo llevaron. Ricardo Manuel Camino Gallo, quien luego sería un testigo clave de la causa, fue detenido al mismo tiempo. Cuando compartieron el patrullero, Cittadini le entregó una dirección a su compañero para que avisara a sus familiares, en caso de que saliera primero. Camino Gallo fue luego liberado y les dijo que ambos habían estado en la Comisaría 28 de la Capital Federal; sin embargo, cuando los familiares de Ricardo se acercaron a la seccional a preguntar, su entrada no había sido registrada.
El encargado de documentar la entrada, el oficial Nicomedes Mercado, declaró no recordar nada. Ese día también estaban presentes el Inspector Pablo Eduardo Romanow, el Principal Héctor José Banovaz, Miguel Alcidez Viollaz y Esteban Vilella Paz. Según consta en el libro de detenidos de la Comisaría, este último, se hizo cargo de la guardia de las 18 a 24 horas, el mismo horario en el que Ricardo estuvo detenido y comenzó a ser interrogado, según pudo constatar su hermano Eduardo a través del único testigo. “En 1984, Camino Gallo testimonió, vía diplomática desde Holanda, que escuchó que Ricardo fue golpeado y sometido a simulacros de fusilamiento desde aproximadamente las 21:00 del 17/08/76 hasta las 02:00 del 18/08/76. A partir de ese momento no lo escuchó más”, relata el testimonio.
Lo que la historia no consigna, es que uno de los responsables del operativo de detención y desaparición de Cittadini, logró ocultar su pasado con eficacia y tiene entre manos una de las “más completas organizaciones del país”, como socio-gerente de ARGENT-POL SRL.

Esteban Alberto Vilella Paz está a cargo de esta empresa que funciona bajo el nombre de fantasía “Latin Sec” y que trabaja con una exclusiva cartera de clientes, entre los que se encuentran empresas vinculadas al Grupo Clarín y dos institutos dependientes del CONICET. Además, la Asociación Argentina de Seguridad Privada (A.A.S.PRI), una entidad que agrupa a profesionales de seguridad y que enaltece a sus asociados por su compromiso ético con la actividad, lo tiene como su vicepresidente.

Consultado por plazademayo.com, Eduardo Cittadini, hermano de la víctima, afirmó no estar al tanto de la situación profesional de Vilella Paz. Su testimonio ya fue presentado en los Juicios por la Verdad en La Plata y junto a su abogado Pablo Llonto, quien lleva la causa ante el Juzgado Federal N° 3, decidieron pedir la imputación de toda la jerarquía de la Comisaría 28, incluyendo a todos sus integrantes.
Este juicio, que está a la espera de indagatoria, constituye un caso más que demuestra la falta de control sobre los responsables de la seguridad privada.

La legislación vigente a nivel nacional (decreto 1002/99) establece como requisitos del sector privado: “No registrar antecedentes por violación de los derechos humanos obrantes en registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior”, ni“poseer antecedentes desfavorables incompatibles con la actividad”.Lejos de la letra de la ley, la historia de las agencias de seguridad está minada de personajes investigados por delitos de lesa humanidad que se desempeñaron como directores técnicos en estas empresas. Alfredo Donda Tigel, Adolfo Pernías, Jorge “El Tigre” Acosta, Víctor Dinamarca, Rolando Oscar Nerone y Miguel Ángel Rovira -uno de los jefes de operaciones de la Triple A que fue identificado por el propio Rodolfo Walsh como uno de los principales sicarios de la fuerza, y que en 1997 trabajó como jefe de seguridad en Metrovías-, son solo algunos de los nombres que componen una larga lista de incumplimientos.
Otros, con algo más de suerte, nunca fueron enjuiciados por sus actividades como represores, sin embargo, su participación en violentos operativos fue documentada con posterioridad.

El secuestrador que vino desde el sur

Los procedimientos de las Fuerzas Armadas contra el personal militar acusado de conductas subversivas, tuvieron como resultado 119 soldados conscriptos desaparecidos. Ninguno de estos casos fue llevado a juicio, pero gracias a la tarea del ex capitán del Ejército, José Luis D’ Andrea Mohr, algunas de las historias emblemáticas fueron reconstruídas.

El coronel Luis César Perlinger fue detenido por su colega, Ricardo Achenbach en 1976, camino a Zapala. Luego del procedimiento en el que se llevaron a Perlinger, su esposa, Marta llegó a Bariloche esperando poder reunirse con el teniente coronel a cargo de la Escuela Militar de Montaña, que no la recibió.

Ya en Buenos Aires visitó al monseñor Aramburu para pedirle que no mataran a su marido, pero su pedido de ayuda tuvo peores consecuencias. El 30 de marzo Marta estaba en su casa de Bariloche cuando una patrulla militar irrumpió a la madrugada con un violento allanamiento que terminó con la captura de sus dos hijos, Gustavo y Alejandro, y otros dos amigos de los chicos.“Dos policías que había gatillaban a cada rato las armas para asustarnos y cuando se llevaron a los cuatro muchachos, se preguntaron: ‘¿y con estas qué hacemos?, y dejalas’, así que si se les hubiera ocurrido nos mataban también”, relató la esposa de Perlinger.Los procedimientos de ese tipo estaban a la orden del día, y su descenlace era incierto: “ya había pasado que al hijo de un médico muy conocido de Bariloche lo habían tirado al lago”, recuerda Marta.

El allanamiento fue comandado por el teniente Ricardo Beltrán Balestrino. Su nombre también figura entre las planillas de directores técnicos habilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de la empresa Guardman S.A., agencia que opera sus servicios en la provincia de Buenos Aires, Rosario, Chubut y en el área portuaria jurisdiccional de la Prefectura. Su sitio destaca entre sus atributos la “calidad de los recursos humanos” de los que disponen.

Según Marta:“Fuimos al regimiento que estaba en el kilómetro 11 a preguntar si podíamos saber dónde estaban los hijos y nos atendió el mismo sujeto que había estado como jefe del operativo pero con casco de guerra y nos dijo que tendríamos que averiguar en el pueblo”.

Los cuatro chicos secuestrados por Balestrino estaban encapuchados en la cancha de paleta de la guarnición militar de Bariloche “centro clandestino de detención poco conocido hasta ahora”, según consigna el libro de Mohr “El escuadrón perdido”. Diez días más tarde fueron liberados sin más explicaciones y siete años después, el coronel Luis César Perlinger.

La familia optó por abrazar su suerte y olvidar el oscuro episodio. Marta Perlinger prefirió no saber qué había sido del teniente que atropelló su casa y se llevó a sus hijos. No le extraña, sin embargo, que Ballestrini trabaje en una empresa de seguridad, ya que ese fue el destino de buena parte de los ex Fuerzas Armadas después de la dictadura.

Quiénes cuidan nuestra seguridad

En 2007 el investigador Martín Medina llegó a completar una lista de más de 250 miembros retirados de la bonaerense, 174 de la Policía Federal, 130 del Ejército Nacional, 38 de la Armada, 25 de Gendarmería, 14 de la Fuerza aérea, 16 de Prefectura Naval, 13 del Servicio Penitenciario Nacional y 6 de la provincia de Buenos Aires, que participan ocupando distintos cargos en agencias de seguridad.
Por su parte, Daniel Jabosben, vocero de SUTCA (Sindicato Unido de Trabajadores Custodios Argentinos) asegura que el “100% de las empresas están ligadas a alguna fuerza de seguridad”. Así, muchos de los vigiladores que migraron al sector privado, adoptaron nuevo uniforme pero siguen valiéndose de su tradicional know how. De hecho, existen empresas que forjaron su negocio a pesar de una escandalosa trayectoria de represión.

Gran Hermano, líder del mercado

Securitas es una empresa de origen sueco que comenzó sus actividades en 1934 como una respuesta paraestatal al incipiente movimiento obrero de Europa. Hoy cuenta con 300.000 empleados a su servicio y ha consumado una larga historia de persecusión, espionaje y violación de los derechos de trabajadores.

Las denuncias se han expandido tanto como su ámbito de acción: trabajadores de Estados Unidos aseguran que deben recurrir a la ayuda social para vivir, y acusan a la empresa de imponer jornadas de 24 horas; en España los empleados también se movilizaron en reclamo de sus derechos laborales y en 2008 Securitas y Nestlé recibieron una denuncia judicial por tareas de espionaje a un grupo de trabajo de la organización Attac en Suiza.

En Argentina el Grupo Securitas se instaló hace diez años y presta sus servicios en los 49 aeropuertos manejados por el empresario Eduardo Eurnekian. En el imperio de AA2000 reina la precarización: salario mínimo de 2400 pesos, jornadas de 12 horas, desconocimiento de días de franco, ni de los horarios de nocturnidad. Cansados de las condiciones laborales impuestas por la empresa, los trabajadores comenzaron una huelga en enero pasado.

Durante la movilización, miembros de UPSRA (Sindicato de Seguridad Privada de la República Argentina) y Gendarmería se infiltaron para vigilar sus actividades. “Tenemos fotos, filmaciones, patentes de vehículos de la Gendarmería que nos estuvo persiguiendo, durante la huelga había 8 personas que tenían contacto y diálogo permanente con los gendarmes”, aseguró Fabián, uno de los 16 trabajadores despedidos por la empresa tras el reclamo.

“Las primeras tareas de espionaje que tuvimos fueron de UPSRA, el sindicato de seguridad, que mandaba a los mismos compañeros nuestros a que informaran; primero intentaron filtrarse y los compañeros se dieron cuenta porque ninguno de ellos tenía cámaras handycam, cuando nos dimos cuenta los apartamos”, explicó. Los infiltrados filmaron todos los movimientos durante la protesta, cuando los empleados detectaron a quienes llevaban las cámaras, se despegaron de ese grupo, pero fue tarde.

Los trabajadores detectaron a los infiltrados con cámaras

Los trabajadores despedidos se encadenaron en el hall de Ezeiza para exigir su reincorporación e iniciaron una huelga para reclamar por el cumplimiento del convenio. A pesar de que la empresa se había comprometido al pago de un plus por actividad y a la reincorporación de los empleados, Securitas desconoció la negociación con el Ministerio de Trabajo y echó a 16 activistas.
La tercerización de la seguridad en los aeropuertos tiene como fenómeno paralelo el vaciamiento de las fuerzas de seguridad estatales. Securitas hace el trabajo que antes le cabía a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Aeronáutica Nacional en control de tránsito, de aeronaves, y estacionamiento. En general, ése el el escenario común en todo el país: mientras que cada año se incorporan al sistema privado alrededor de 10.000 empleados, el plantel de vigiladores supera ampliamente la dotación de la Policía Federal y Boanerense en su conjunto.

Se trata de un negocio que recauda más de 3 mil millones de dólares anuales. Un negocio que se expande, pero que está en las manos equivocadas. Muchos de sus gerentes y directores técnicos hoy deberían ocupar una celda, sin embargo continúan sentándose en los despachos de este próspero sector, en un cómodo anonimato.