Saqueos:Mar del Plata, con 69, y Quilmes, con 24, fueron las ciudades donde más detenidos hubo. La situación no llegó a descontrolarse como en otras provincias.

Un total de 164 personas fueron detenidas en las últimas horas en la Provincia de Buenos Aires por participar de saqueos y actos de vandalismo contra comercios, delitos que estarían íntimamente relacionados con las protestas llevadas adelante por un sector de la Policía bonaerense.

Según información que está en poder del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, de esos 164 apresados, 71 permanecen privados de la libertad a disposición de la Justicia, en tanto 37 fueron liberados y los otros 56, por ser menores, fueron entregados a sus padres.

Las detenciones fueron realizadas en el marco de procedimientos desarrollados en conjunto por el gobierno nacional y el provincial.

En Mar del Plata hubo 69 detenidos; en Quilmes 24; en San Nicolás 6; en Pergamino 7; en Mercedes 13; en Pinamar 4; en Necochea 6; en Zárate-Campana 1; en San Isidro 2; en Pilar 9; en Moreno 4; en La Matanza 4; en Almirante Brown 8 y en Lanús 7.

Esta semana, el Gobierno denunció la existencia de organizaciones que, a través de redes sociales, convocaban a realizar saqueos y a alterar el orden público.

En esa línea, la presidenta Cristina Kirchner denunció, durante el acto de celebración de los 30 años de la democracia, que los saqueos fueron “planificados y ejecutados con precisión quirúrgica”, mientras que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que se trata de “una acción premeditada con alevosía”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, había anunciado el lunes que, tras una reunión con la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, los 720 fiscales bonaerenses estaban en alerta permanente, las 24 horas, para intervenir en la prevención, detección y sanción de este tipo de delitos.

Alak se reunirá este viernes, en Córdoba, con los procuradores generales de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de establecer una estrategia conjunta para afrontar eventuales nuevas situaciones de conflicto.

Un criterio similar adoptó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien dispuso la creación de un cuerpo especial de fiscales federales que actuará en todo el territorio nacional con el mismo objetivo.