8 presos llevan 10 días en huelga de hambre.

SAN LUIS: DERECHOS ARRASADOS 

 

El "paraíso" del Alberto y el Adolfo o de su pollo Poggi (actual gobernador) es un feudo de represión y vulneración de toda legalidad contra los más débiles

 

(AW)Edgardo Elías, Otto Zimmerli, Jorge López, Gabriel Jourdan, Rolando Martínez, Ariel Lucero, Yonatan Guzmán y Héctor Flores llevan 10 días con la extrema medida por las tremendas violaciones sufridas sobres sus cuerpos y en el proceso judicial que los “engoma”. El de Jourdan es un caso paradigmático: carga 8 años procesado, cuando la ley marca dos y, excepcionalmente, tres. Cuatro de los huelguistas fueron sometidos a torturas en distintas unidades de la policía provincial, hechos que no han sido investigados a pesar de su denuncia en sede judicial, quedando como secuela de estas prácticas incapacidades permanentes. Esto sucede en el feudo de los Rodríguez Saa, donde, por caso, Omar Esteban Uría (presidente del Superior Tribunal), Horacio Guillermo Zavala Rodríguez y el camarista Carlos Guillermo Maqueda fueron directos colaboradores de la dictadura militar, aunque hoy los magistrados participen de los festejos por los treinta años de “democracia”. Esta es la realidad que analiza Eduardo Espinoza, en la siguiente nota.

 

El denominador común de los detenidos en huelga en la Unidad 2, es el retardo y denegación de justicia, genéricamente lo que sucede es un tremendo abuso de poder y arbitrariedad que se manifiesta en la violación de todos los derechos constitucionales y legales. La pretendida división de poderes que es difícil de apreciar en todo el país , en San Luis ni siquiera se guardan las formas mínimas para sostener ,esas posturas supuestos pilares del sistema republicano , el poder judicial adquiere su carácter mas descarnado de Órgano represivo del Estado , el caso Jourdan -uno de los huelguistas con 8 años en calidad de procesado ,es una aberración que violenta hasta la propia legalidad del poder. La violación de la defensa en juicio donde los jueces ordenan producir las pruebas que son funcionales a la filosofía punitiva-represiva, se recortan en el encierro de Otto Zimmerli, otro huelguista , su caso es una legítima defensa y esto surge de los elementos probatorios que obran en el expediente donde la Jueza de Instrucción Patricia Besso de Concarán, caratula como "homicidio simple ",no conforme con eso y ante la apelación planteada por defensa técnica del imputado ,arma una causa por usurpación contra Zimmerli , usurpación que realizo el mismo según la "Magistrada" en un terreno de su propiedad, o sea que se usurpo a sí mismo. El fin de esta arbitrariedad es evitar su excarcelación ,cabe consignar que esa causa se cayó. Y hay un pedido de juicio político para la jueza, que seguramente no prosperara por lo expuesto, este detenido se entregó después del hecho ,si se quiere es un caso paradigmático para esos sectores reaccionarios que critican la defensa de los derechos humanos , sin querer comprender que a cualquiera la cabe el sambenito ,máxime si es pobre, cualquiera se encuentra inerme ante un órgano judicial inquisidor ,corporativo y represor.

La huelga de hambre es una medida que aparece para muchos como excesiva, sin embargo nos permite reflexionar y preguntarnos, ¿porque un grupo de personas deciden poner en riesgo su vida a efectos de lograr ser escuchados? Debemos responder: porque no encuentran otra forma de que se respeten sus derechos, porque la “CORPORACIÓN JUDICIAL” viola sistemáticamente todos y cada uno de los derechos y garantías y aparece blindada a cualquier, medio de defensa o remedio procesal contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

La indefinición, en la situación procesal extendida en el tiempo más allá de lo razonable, acarrea un perjuicio que genera en los internos un estado de ansiedad, desesperación y resentimiento, generado por la omisión del estado, si se piensa que por principio constitucional se presuponen inocentes.

Es de público y notorio conocimiento, que la administración de justicia de la provincia produce con su proceder zozobra y miedo en varios sectores de la sociedad. Ya que cualquiera puede ser víctima.

Familiares y amigos, y personas a las que les preocupan los derechos humanos ya que son nuestros derechos, en solidaridad con los encausados, han decidido no guardar silencio, ya que estos son afectados de muchas maneras por el retardo y denegación de justicia.

Eduardo Espinoza