LA MAFIA JUDICIAL ARGENTINA SE ARRODILLA ANTE EL GOBIERNO.

Política nacional

La pata judicial: justicia al servicio del poder político

Boudou y las derivaciones del caso Ciccone, los hermanos Schoklender otra vez presos, Macri cerca del juicio oral, causas contra funcionarios que parecen moverse según los tiempos y necesidades del Gobierno: la política nacional recayó una vez más en el viejo vicio de convertir a la Justicia en el ámbito en que se dirimen conflictos de poder, se escenifican internas y se envían mensajes de apoyo o castigo

Por Laura Zommer  | Para LA NACION

 

    

 

Foto: ILUSTRACION: MARTIN BALCALA / 

"La política que se juega en los tribunales debilita a los políticos"

En los últimos tiempos, la Justicia parece haberse convertido en un espacio privilegiado donde no sólo se definen políticas públicas que modifican nuestras vidas sino donde, además, se hace política. En la Justicia se dirimen conflictos de poder y se escenifican internas. Y a través de la Justicia se envían mensajes de apoyo o castigo a aliados u opositores y críticos. No es, por cierto, una foto que ganaría un concurso de originalidad en la Argentina, aunque en las últimas semanas el lugar de los tribunales fue central en la política nacional. En realidad, la utilización de la Justicia como arena política es parte del guión de una película de dudosa calidad que, hasta ahora, ningún gobierno quiso (o pudo) cambiar.

La película tiene como protagonistas a magistrados sospechados de ser parciales y expertos en manejar los tiempos de los expedientes judiciales con las necesidades políticas del poder. Y presenta escenas y personajes repetidos desde la época menemista -o la propia dictadura militar- con algunas innovaciones.
Que los jueces tengan mucho poder e intervengan como garantes de los derechos de los ciudadanos siempre que los otros poderes los vulneran no es algo malo sino, muy por el contrario, deseable en un sistema democrático y republicano como el nuestro. Pero si los jueces no son independientes sino que se convierten en un resorte más del poder político -en la pata judicial del Gobierno-, entonces tenemos un problema serio. Porque se borra toda aspiración de independencia y porque, con sus sentencias, los magistrados definen asuntos que otros actores o poderes -si funcionaran como la Constitución dispone- deberían resolver solos.
Diez días atrás, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, fue claro al respecto y abrió la puerta de la vía judicial frente a las restricciones para la compra de dólares. "Si uno entiende que se ha afectado su derecho, puede recurrir al Poder Judicial, que para eso está, pero nosotros no podemos adelantar cuál es la decisión porque, además, los casos pueden ser muy diferentes", dijo.
Acto seguido, cuando lo consultaron sobre el proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal que trata el Parlamento, Lorenzetti precisó: "Así como nosotros pedimos que se respete la independencia del Poder Judicial, también tenemos que respetar la independencia del Congreso".
Política por otros medios
Causas contra funcionarios del Gobierno que son cajoneadas sin plazos a la vista, aunque, cada tanto, sacudidas frente a la opinión pública por si acaso quien las lleva adelante cae en desgracia. Líderes opositores, como el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, o el titular de la CGT, Hugo Moyano, que ven como cada tanto se mueve alguna causa en su contra y amenaza con complicarlo. Las idas y venidas judiciales del caso Ciccone, que tiene entre sus protagonistas al vicepresidente Amado Boudou, pero que pega un vuelco y termina con la carrera un procurador general (Esteban Righi), denunciado públicamente aun cuando siempre había sido un aliado del matrimonio K. Y un reemplazante (Daniel Reposo), que por sus antecedentes no hubiera ganado ningún concurso de fiscal, pero que se declaró "soldado de la Presidenta" y aspiró hasta el jueves con llegar a jefe de todos los fiscales.
Y hay más, porque la Justicia fue realmente el centro de la política en los últimos tiempos: el caso de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, por ejemplo, presos por el escándalo de corrupción vinculado con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y la detención de Claudio Cirigliano, propietario de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), tras perder la concesión del servicio y un día antes de que declarara el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once, cuando la causa había permanecido sorprendentemente quieta.
Todas éstas son sólo algunas de las últimas muestras de este modo tan argentino de hacer política por otros medios. Donde la política y la Justicia, lejos de estar separadas, se entremezclan una y otra vez. El kirchnerismo sólo parece haber perfeccionado el método.
Ahora bien, ¿cómo afecta al Poder Judicial este papel protagónico en la política? ¿Se deteriora la confianza social en la Justicia? ¿Qué tipo de política es la que se puede hacer desde Tribunales, donde funciona el único poder del Estado que no es elegido por la mayoría? ¿Hasta qué punto este estado de cosas coloca a los jueces y fiscales de pronto -y algunas veces sin que lo busquen ni lo deseen- en el centro de la escena pública? ¿Están llamados los jueces en sus sentencias a dirimir diferencias políticas que ni los partidos ni el Congreso logran saldar?
Para Leonardo Filippini, profesor de la Universidad de Palermo y de la UBA, la audiencia en el Senado en la que se trató el pliego de Reposo "dejó en evidencia que no hay un acuerdo profundo entre oficialismo y oposición acerca de qué entender por independencia en materia judicial".
Es una deuda de la democracia contar con una mejor Justicia. "Una manera posible de ver este asunto indica que de cada 100 jueces, hay 20 muy valiosos, 60 grises y burocratizados y 20 definitivamente pésimos, tristemente repartidos. Y la dinámica política no se priva de dar peso a unos u otros, según el momento", señala.
De la gestión K en materia judicial, Filippini valora la renovación de la Corte Suprema y el dictado del decreto 222/03, que transparentó el proceso de designación, así como la renovación de magistrados vinculados con el genocidio de la dictadura, pero le parece muy decepcionante que se haya sostenido la red de contención de varios jueces federales muy opacos.
Filippini coincide en que hay un "continuo entre política y derecho, y que no hay un compromiso por separarlo". Para él, quienes ejercen el poder tienen la "tentación constante de borronear la letra del contrato social y cuando no tenemos en claro cuáles son nuestros acuerdos básicos y estables, todo se complica, para todos".
A Martín Böhmer, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador principal de Cippec, le parece interesante analizar también las causas de la judicialización de la política y no sólo la politización de la Justicia, que es un fenómemo grave aunque no nuevo. Para él, la judicializacion de la política es, por un lado, una consecuencia de nuestro acuerdo fundacional alrededor del "Nunca Más": el compromiso de sólo acceder al poder a través de los votos y el de ejercerlo sin violar derechos. Pero, por el otro, el exceso en el recurso a los tribunales es un síntoma de las fallas de las instituciones mayoritarias: los ciudadanos buscan en la Justicia las respuestas que no encuentran en los otros poderes.
"Algunos jueces han respondido a estas demandas respetando el doble mandato del Nunca Más: con respeto por la voluntad popular pero poniéndole los límites robustos (y excepcionales) de los derechos -explica Böhmer-. Otros, en cambio, han mancillado ese mandato o bien renunciando al control y resignando independencia, o bien poniendo límites injustificados a las políticas públicas de la democracia y frivolizando nuestro pacto fundacional".
Tiempos políticos
Hay otros aspectos por considerar, y que explican también cómo se involucra la Justicia en cuestiones políticas. Raúl Gustavo Ferreyra, doctor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor titular regular de Derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, explica que, según nuestra Constitución, "la tarea del Poder Judicial es política en el sentido de la polis, de la comunidad estatal, pero no, desde luego, partidaria". Su frase, aunque irrefutable desde el punto de vista teórico, desentona un poco con la película de los últimas semanas. Y a decir verdad, de las últimas décadas.
Alvaro Herrero, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), estudia este asunto desde hace años. El tema de su tesis de doctorado en Oxford fue cómo la Justicia argentina facilita u obstaculiza las preferencias políticas del Poder Ejecutivo. Para ello, analizó la jurisprudencia de la Corte Suprema durante el período 1983-2005 y, en general, lo que encontró es que las distintas composiciones de la Corte evitaron siempre obstaculizar los objetivos de las políticas del Ejecutivo.
"Una de las cosas que permite el juego de los tiempos políticos es que la Corte no tienen plazos para dictar sentencias y, en instancias inferiores, los plazos no se suelen respetar en ningún fuero", indica Herrero.
¿Por qué la Justicia tiene cada vez más injerencia en cuestiones políticas? Los expertos señalan principalmente dos causas. Una, a la que podríamos calificar como "positiva", es que esto ocurre porque en los últimos treinta años hubo una gran expansión de derechos a partir de la aprobación y puesta en ejercicio de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La otra, la "negativa", es que cuando la Justicia toma preponderancia en la política probablemente sea porque hay problemas para generar acuerdos básicos entre los partidos políticos a los que eligió la sociedad.
"Durante el siglo XXI, el Poder Judicial federal, y también los poderes de los entes autónomos, se muestran mucho más pendientes de la realización de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El Congreso de la Nación es el primer órgano que la Constitución describe, el teatro de la democracia para legislar y controlar. Innegablemente, en términos de preferencia, debería ser el Congreso el espacio natural para el debate de todas las políticas públicas del Estado, no el Poder Judicial", opina Ferreyra.
Böhmer suele usar en sus clases esta metáfora: dice que la Justicia padece el síndrome de la casa chorizo. "La fachada de las casas chorizo -observa- tienen una estrecha puerta cancel y una ventana al comedor. Cuando ya no hay lugar para estacionar, los moradores convierten la ventana en la puerta del garaje. En la política argentina es parecido, cuando se estrecha el acceso a los derechos por la puerta tradicional de la democracia, y la demanda, por las buenas y por las malas razones, crece, se intenta ingresar a la deliberación pública por canales que no estaban contemplados en la configuración política anterior. Sin embargo, como ni el plano original de la casa ni la práctica de los moradores contemplaba ingresar por la ventana, la cultura de la casa debe ir ajustándose a las nuevas circunstancias. Lo que no pueden hacer los que operan la puerta del garaje es cerrarla del todo ni convertirla en el único modo de ingreso", señala Böhmer.
Que los jueces intervengan en asuntos de políticas públicas que afectan la vida de todos o muchos (como el aborto, la polítia de drogas, la cuestión carcelaria o el cuidado del medioambiente) "no es malo, pero para que ello no sea un hecho aberrante - advierte Herrero-, hay que garantizar la independencia e imparcialidad de los magistrados".