Cada vez más, jueces y fiscales hablan de presiones y operaciones misteriosas para condicionarlos en su actividad.

HUBO UNA VEZ UNA REPÚBLICA LLAMADA ARGENTINA

El miedo al espionaje recorre los tribunales

Por Hernán Cappiello  | LA NACION

 

 Que en tribunales un juez suba el volumen del equipo de audio cuando conversa con un colega por temor a ser escuchado por micrófonos ocultos ya no extraña a nadie. Que un fiscal se cuide al hablar por teléfono, ante el miedo de tener el aparato intervenido, ya es habitual

Pero el último año creció entre jueces y fiscales de todos los fueros la idea de que son objeto no sólo de vigilancia, sino de operaciones de inteligencia que buscan, en algunos casos, forzar sus decisiones judiciales para hacer o no hacer, o simplemente advertirles que los están mirando. Es una práctica vieja, pero las costumbres no se pierden.
Esta sensación -que confiaron diez jueces, fiscales y camaristas consultados por LA NACION- en algunos casos se confirmó con hechos concretos, pero en la mayoría de las situaciones no pasa de una sospecha.
Desde que la SIDE se metió de lleno en las investigaciones judiciales con la causa AMIA, nunca, como ahora, la Justicia fue tan permeable a servicios de inteligencia.
Por temor, la mayoría de los protagonistas de las historias que revela esta nota pidieron mantenerse en el anonimato a cambio de relatar lo que les había sucedido.
Funcionarios de tribunales cercanos, por ejemplo, al caso Ciccone, y que siguieron los pasos del vicepresidente Amado Boudou, fueron víctimas de estas operaciones. Los "caminaron", como se llama en la jerga del espionaje local a los seguimientos, y les hicieron llegar fotografías de personas allegadas a ellos, en un claro mensaje para que los espiados supieran que su vida no tenía secretos.
El fiscal Carlos Rívolo, que estuvo en el caso, hizo revisar en dos ocasiones su despacho ante la sospecha de que le hubieran puesto un micrófono y hubo semanas en las que recibió a colegas en una oficina interior de su fiscalía y no en la suya, ante el temor de ser escuchado.
Un juez a cargo de investigar a un poderoso narcotraficante que compartió la cárcel con un barrabrava tuvo que enfrentar una campaña de prensa -motorizada por medios cercanos al Gobierno- en la que lo acusaban de recibir dinero para favorecer al sospechoso. Se abrió una causa judicial. Tan indignado estaba el juez que se lo hizo saber a autoridades de la SIDE y todo acabó. También fue sobreseído.
El Tribunal Oral Federal N° 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Gerardo Larrambebere, documentó sus sospechas contra la SIDE y las denunció con nombre y apellido. Cuando le tocó juzgar al ex ministro Gustavo Beliz por haber mostrado por TV la foto del poderoso director de la SIDE Jaime Stiusso, dijeron por escrito que sospechaban de una operación: "El caso que nos ocupa desprende un indudable tufillo a campaña de difamación o de inteligencia". Se referían a que otra vez se habían publicado en un diario kirchnerista notas breves sin firma que hablaban de acuerdos espurios para absolver a Beliz, en los que mencionaban conversaciones telefónicas que habían mantenido los jueces con un ex fiscal del caso.
Beliz fue absuelto, pero la sentencia fue anulada y hoy los tres camaristas enfrentan una causa en la que están siendo investigados, en la que Stiusso se presentó como víctima. En esos días, otras notas de un diario kirchnerista mencionaron que uno de esos jueces se había peleado por teléfono con su esposa, de la que se había separado, y que otro tenía citas amorosas subrepticias a la hora de la siesta.
Otro funcionario relató que un agente de la SIDE de su confianza se ufanaba de "hacer llorar" a más de un juez cuando lo visitaba para poner sobre el escritorio una carpeta que reunía sus historias reservadas.
"Yo sé que ustedes no ganan bien y que una ayuda no les vendría mal", fue la frase con la que dos veces un enviado de la SIDE tentó a un ex funcionario judicial para que aceptara el cobro de un sobresueldo, lo que lo convertiría automáticamente en tropa propia. Así lo narró a La Nacion este abogado que hoy ejerce en tribunales.
Las sugerencias a veces son sutiles, una charla, una frase que se deja caer al pasar. "A fulano le gustaría..."; "vos cómo verías si...". La situación de quien recibe el pedido es determinante: si fue recién designado puede creer que se lo debe a alguien; si subroga el cargo que ocupa su estatus es frágil; si está concursando para ascender evalúa qué consecuencias tendrá su decisión.
Si bien la Justicia mayoritariamente no se mueve al ritmo de estas prácticas, su reiteración en los casos sensibles alarma a jueces y fiscales, que hacen de estas sospechas su comidilla diaria.

DENUNCIAS Y ESCÁNDALOS

Aunque parecen haberse intensificado en los últimos tiempos, las intromisiones de los servicios de inteligencia en la justicia federal registran antecedentes famosos en el pasado reciente.
Entre los casos concretos se recuerda el denunciado por la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, que encontró en septiembre de 2009 un micrófono en su despacho del Palacio de Tribunales.
Otro caso de altísima repercusión política fue el del juez Norberto Oyarbide, cuando fue filmado en el prostíbulo Spartacus en 2001 y denunció que estaba siendo extorsionado. Según la denuncia, la SIDE quiso comprar esa cinta.
Ya hace más de dos décadas, un juez fue filmado en un cabaret del centro, de un ex agente de la SIDE, y las imágenes fueron usadas para intentar extorsionarlo en una causa judicial de alto voltaje político..