Víctimas de la tragedia de Castelar en la que murieron tres personas y hubo más de 300 heridos solicitaron hoy ‘la declaración indagatoria de Aldo Benito Roggio y Gabriel Romero, titulares de la concesionaria que opera el tren Sarmiento’.

Lo hicieron más de 40 víctimas por medio del abogado Gregorio Dalbón, quien pidió además que: “se les imponga a los titulares de los grupos económicos que conforman UGOFE (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) la prohibición de salida del país”.

El escrito fue presentado ante el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, la querella recordó que: “esos empresarios tienen a su cargo la explotación de la línea férrea donde tuvo lugar el luctuoso hecho investigado, resultan ser penalmente responsables de su comisión en atención a que el mismo pudo haberse derivado de una injustificable falla del sistema de frenos de la formación embistiente”.

Dalbón pidió ser tenido como parte querellante, lo que “le permitiría impulsar la investigación y sugerir medidas de prueba”, y en ese sentido pidió al juez que “allane las oficinas de UGOFE para recabar toda la documentación relativa a los controles efectuados sobre el sistema de frenos, los legajos correspondientes a los conductores, las revisiones técnicas de dichas formaciones así como también cualquier otro dato de interés para la dilucidación de la causa”.

El abogado sugirió como medida de prueba que: “el juez cite a declarar como testigos a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte; a Alejandro Ramos, responsable del área del Ministerio de Transporte de la Nación; y a Marcos Antonio Córdoba, el chofer que protagonizó la tragedia ferroviaria de Once”.

Además pidió que: “se realice una pericia contable sobre UGOFE, y sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, fideicomisos dentro y fuera del país cuya titularidad sea atribuible a Gabriel Romero, Aldo Benito Roggio y a la totalidad de las sociedades vinculadas con los mismos, con el objetivo de indagar el destino de los subsidios estatales”.

Dalbón también  reclamó que: “se prohíba al Estado revelar secretos de la investigación penal para la preservación de la prueba y para impedir que su artera manipulación sea utilizada para mejorar la situación procesal de los imputados”.