Policías rechazan una defensoría y exigen la sindicalizaciónby Informador Público |
(FASIPP).- LA DEMOCRACIA RENGA INTENTA LLEGAR A LAS POLICÍAS ARGENTINAS. DEFENSORÍAS, COMISIONES ARMADAS A DEDO Y OTROS ARTILUGIOS PARA FRENAR EL IMPULSO DE SINDICALIZACION Y CON ELLO LA "DEMOCRATIZACIÓN, DESMILITARIZACIÓN, HUMANIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN" DE NUESTRAS INSTITUCIONES.
Neuquén.- El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Benítez, presentó un proyecto de ley para crear una Defensoría del Policía que proteja los derechos del personal policial en la provincia. Tras el polémico intento del bloque de Une para sindicalizar a la fuerza, el legislador radical propuso la creación de esta herramienta con capacidad para denunciar cualquier tipo de vulneración de los derechos de los efectivos. Iniciativas similares fueron impulsadas en provincias como Mendoza y Buenos Aires. DESDE FASIPP MIGUEL REYNOSO RECLAMÓ SINDICALIZACION PLENA Y RECHAZÓ LA INCIATIVA MEDIANTE NOTA AL AUTOR DEL PROYECTO.
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Defensoría del Policía (Perú)
El proyecto de ley de Benítez establece la creación de la Defensoría del Policía, en el ámbito del ministerio de Seguridad y Justicia, que vele por el "correcto ejercicio de sus derechos y actúe en defensa de los mismos, asegurando una tutela efectiva y evitando todo menoscabo a su estatus policial que aparezca como injustificado".
Además consigna entre los objetivos de la institución intervenir en todo proceso administrativo o judicial en que se discutan faltas a los deberes, derechos y obligaciones del personal policial, así como promover el desarrollo de la investigación y capacitación en la fuerza.
Un titular y dos adjuntos
La Defensoría estará a cargo de un defensor del policía y dos defensores adjuntos designados por concurso público convocado por el Ejecutivo provincial y avalado por la Legislatura, según propone el artículo 4° del proyecto. Serán requisitos tener más de 30 años, poseer título de abogado y no pertenecer -o haber pertenecido- en calidad de agente a ninguna fuerza de seguridad o policial.
Los mismos deberán poner en funcionamiento "mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal comprendido por las leyes provinciales 715 -Régimen del personal policial- y 2081 -modificación de la ley Orgánica de la Policía- cuando estos se afectaren gravemente", promover el respeto integral de los derechos del personal en el interior de las distintas instituciones e intervenir en procesos sumarios, judiciales o administrativos que afecten a miembros de la fuerza.
El proyecto fue ingresado a la Legislatura el pasado jueves.
Postura desde APROPOBA y FASIPP
Miguel Reynoso, Secretario General de APROPOBA -Asociación Profesional Policial de Buenos Aires- y Secretario Adjunto de FASIPP -Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios- emitió una nota al legislador fijando la postura de ambas entidades y expresa:
Al Sr. Diputado de la Provincia de Neuquén
Dn. TOMÁS EDUARDO BENÍTEZ
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Dirijo la presente al Sr. Diputado con relación al contenido de una nota periodística aparecida en el portal www.rionegro.com.ar, según la cual resultaría de su autoría un proyecto de Ley presentado ante la Legislatura de la Provincia de Neuquén proponiendo la creación de una “Defensoría del Policía”, lo que posteriormente se confirma de la información sobre su actividad legislativa que aparece en la pagina web oficial de dicha legislatura.
A la distancia a pesar de la poca información sobre los fundamentos de tal iniciativa y aún presumiendo de la buena intención que la podría haber motivado, me permito hacer conocer a Ud. el más absoluto repudio a la misma por parte de la entidad que represento y que desde hace mas de una década viene bregando por el reconocimiento al trabajador policial como ciudadano pleno y por lo tanto de poder ejercer sus derechos constitucionales como cualquier otro habitante de este suelo.
Señor Diputado, su propuesta agravia y discrimina a los camaradas trabajadores policiales neuquinos y por extensión a todos los policías y penitenciarios argentinos, a los que, pese a la vigencia de 30 años de democracia los sucesivos gobiernos, les siguen negando derechos fundamentales.
El derecho sindical para los trabajadores policiales y penitenciarios es reconocido en la mayoría y principales países del mundo y hasta en Latinoamérica países como Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, y otros lo hacen en forma total o solamente lo limitan cuando de fuerzas de seguridad nacionales se trata., el hecho de que en la República Argentina se lo siga negando cuando la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, lo garantiza plenamente sin limitación o exclusión alguna y la ley que reglamenta este derecho (53.551 de Asociaciones Profesionales), no lo limita de ninguna forma, es nada mas que una demostración del poco respeto que nuestra clase política demuestra hacia las bases de nuestra nacionalidad que plasma la propia Constitución del país, desconociendo por otra parte la recomendación al respecto de garantizar este derecho a los trabajadores policiales en el informe de diciembre del 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la cual nuestro país es signatario.
De allí que resulta también sorpresivo que un representante del pueblo, en lugar de procurar la vigencia de este derecho busque una salida tan antipática y discriminatoria hacia los ciudadanos policías, como lo es una defensoría que nos lleva a pensar que quienes visten el uniforme azul no resultan personas visibles de plena capacidad como bien lo señala nuestro Código Civil, incapaces de defender sus derechos, inhábiles a los ojos del legislador para desempeñarse como personas capaces de “adquirir derechos y contraer obligaciones”, aunque lo de obligaciones bien sabemos todos que le caben muchísimas, todo ello a pesar de no haber sido declarados incapaces en juicio como ese mismo código lo señala.
No dudamos desde nuestra entidad que seguramente la mejor intención puede haber impulsado su propuesta, pero tampoco dudamos que el error es muy grave, aún sin agregarle el innecesario párrafo sobre la imposibilidad de que pueda resultar defensor quien sea o haya sido policía, con lo cual se agrava la propuesta al pensar que la tarea estaría a cargo de quién para colmo, ni siquiera conoce los problemas del trabajador policial.
Sr. Diputado, desde nuestra Asociación nos hemos permitido dirigirnos a Ud., porque aún cuando podría llegar a pensarse que no es un problema que atañe a los trabajadores policiales de la Provincia de Buenos Aires, entendemos que todo problema que afecte o dañe a un trabajador policial en la República Argentina es nuestro problema, y que en épocas en que el mayor reclamo social es la deficiencia en la seguridad pública, es también el problema de todos.
LA CLASE POLÍTICA DIRIGENTE ARGENTINA DEBE DAR A LOS CIUDADANOS-TRABAJADORES- POLICÍAS LOS DERECHOS QUE LES CORRESPONDEN Y ELLOS SE ENCARGARÁN DE DEFENDERLOS, y de paso ahorrar algunos sueldos en una ofensiva defensoría que con casi seguridad ocupará el amigo o familiar de alguien.
A la fecha una veintena de asociaciones que agrupa a personal policial de varias provincias argentinas componen la FASIPP, Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, que esgrime como lema principal: “La seguridad es posible siempre y cuando se respeten los derechos del trabajador policial y penitenciario”, dicha entidad ha sido informada oportunamente por nosotros de su proyecto y seguramente se expedirá al respecto como también hará conocer esta situación a la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Policiales y Penitenciarios con sede actual en la República Oriental del Uruguay de la que forma parte.
En vistas de las razones expuestas nos permitimos sugerir el retiro de tan vergonzosa y denigrante propuesta.
Lo saluda con la mayor consideración.
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