La medida también afecta al Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna y al titular de la CNRT, Eduardo Sícaro. El juez ya notificó a Gendarmería, a la Policía Federal y a la Dirección General de Migraciones.
Además, el abogado Gregorio Dalbón, abogado de algunas víctimas, apeló la decisión del juez de aceptar al Estado como querellante, lo que implica que la Cámara Federal, revisará tal medida.
Dalbón sostiene que el Estado como querellante le da “la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación”.
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