El juez Claudio Bonadío fijó un plazo de 30 días para realizar los peritajes sobre los fondos que destinó el gobierno a la empresa Trenes de Buenos Aires.

El juez intentará determinar qué sucedió con los subsidios o a dónde fueron a parar y si efectivamente se realizaron las inversiones correspondientes.

“Dispóngase un plazo de treinta (30) días para la realización del presente peritaje”, le ordenó el viernes Bonadio al decano del cuerpo de peritos contadores oficiales de la Corte Suprema, Héctor Chyrikins.

Bonadío quiere saber el destino de esos fondos desde el año 2007 y además conocer quiénes integraban el directorio de TBA desde esa fecha.

También, el juez solicitó que se determine si la asamblea de TBA aprobó el pago de dividendos y honorarios a los integrantes del directorio de la empresa, que preside Claudio Cirigliano.