DOSSIER: DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA
Así lo aseguró el constitucionalista Eduardo Barcesat en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. Sus críticas al discurso del Juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
AGENCIA PACO URONDO: En el día de hoy se va a desarrollar la jornada bajo el lema de una Justicia Legítima. ¿Qué importancia tiene esta actividad?
Eduardo Barcesat: Creo que el debate acerca de la naturaleza y el funcionamiento del Poder Judicial es un paso fundamental para la mejora institucional. Un poder que ha nacido o ha sido pensado hace más de 200 años por la Constitución de Estados Unidos como un poder aristocrático, para contraponer o detener posibles excesos demagógicos o populistas en los poderes que se eligen por voto popular, sea el Legislativo y el Ejecutivo. Obviamente, pasa a ser un contrapeso respecto de todo movimiento o proceso de modificación del paradigma social, particularmente cuando se trata de desplazar los poderes económicos centrales hacia un poder más democrático que atienda más a los intereses de los ciudadanos que al de las grandes corporaciones.
El poder Judicial es un obstáculo para esta transformación, por lo tanto, vamos a hacer un aporte consistente en un proyecto de ley reglamentario del artículo 110 de la Constitución que, respetando el carácter de vitalicios de los cargos, establezca la obligatoriedad de concursar los mismos en períodos de 7 u 8 años. Todo esto tiene que ser ponderado junto con la oposición, que es lo que habilita a los que vienen de fuera de la carrera judicial a poder aspirar a ocupar un cargo en la magistratura. Esto implica mayor carácter republicano, mayor resguardo de principio de idoneidad para acceder y continuar en el desempeño de la función pública y creo que también implica mayor poder del Pueblo, en el sentido de poder controlar la actividad y el desempeño de los jueces.
APU: Hay un trato diferencial de la justicia con respecto a los pobres y los ricos ¿Qué puede decirnos sobre eso?
EB: Esto es un factor que distorsiona la administración de justicia y diría, además, que está en riesgo de ser agravado. En el anteproyecto entregado de unificación de Código Civil y Comercial de la Nación, se prevé un amplio desarrollo al contrato de arbitraje que significa la privatización de la justicia. ¿Dónde funcionan los tribunales de arbitraje permanente? Funcionan en las bolsas de comercios, en las cámaras empresariales, es una justicia de clase. Yo no digo nada peyorativo respecto a nivel jurídico o respecto a su formación académica, pero si digo que tienden a favorecer inexorablemente a quien ejerce el poder, a los socios y no a los que acceden por vías de contratos de usuarios y consumidores.
El contrato de arbitraje tiene el enorme estigma de entregar nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional frente a tribunales como el CIAD,I que son peores de los que conozco y he actuado, que los propios tribunales arbitrarios.
APU: Uno de los temas que va a estar en estas jornadas de hoy y mañana, es el de concepto de independencia ¿Qué sería la independencia y cómo podríamos repensarla en el Poder Judicial?
EB: Independencia respecto de los poderes establecidos y de los poderes económicos. Pero a mí, me gustaría pensar más en la expresión "dependencia" de la Constitución Nacional y de su supremacía. Estos jueces que ahora se golpean el pecho reclamando la independencia son los mismos que se doblegaron frente a los procesos de usurpación del poder político en nuestra historia institucional. Juraron por normas que no eran la Constitución Nacional, postergaron la Constitución Nacional y ahora cuando hay un proceso popular, se rajan las vestiduras, se llenan la boca de la palabra independencia. Lo cierto es que cuando llegó el momento institucional de acreditar esa independencia fueron obsecuentes y encubridores de esos poderes dictatoriales y usurpativos.
APU: El día de ayer se abrió el año judicial ¿Qué le pareció el discurso del Dr. Lorenzetti?
EB: Lo leí y para mí tiene dos errores conceptuales fundamentales. Hay afirmaciones muy buenas que están claras pero hay dos errores conceptuales. El primero: se dice que el poder judicial no gobierna. La Constitución establece claramente que el Gobierno Federal está integrado por tres poderes y uno de ellos es el Judicial. Decir que los jueces no gobiernan es como decía en su momento el Dr. Petracchi, todavía Ministro de la Corte, decía que un juez que no supiera que hace política es como un cangrejo que no supiera que es un crustáceo. Hacen política, gobiernan dentro del marco de sus incumbencias. El segundo que me parece más peligroso: es decir, abramos la administración a las periaciones, a la resolución de los conflictos fuera de los jueces. No, la Constitución dice que al Poder Judicial, la Corte Suprema y demás Tribunales inferiores, les corresponde conocer y decidir en todas las causas, entonces, esta privatización de la justicia es hacerla más onerosa, más inaccesible, obviamente no significa una justicia al lado del Pueblo, significa una justicia al lado del poder económico.
Eduardo Barcesat: Creo que el debate acerca de la naturaleza y el funcionamiento del Poder Judicial es un paso fundamental para la mejora institucional. Un poder que ha nacido o ha sido pensado hace más de 200 años por la Constitución de Estados Unidos como un poder aristocrático, para contraponer o detener posibles excesos demagógicos o populistas en los poderes que se eligen por voto popular, sea el Legislativo y el Ejecutivo. Obviamente, pasa a ser un contrapeso respecto de todo movimiento o proceso de modificación del paradigma social, particularmente cuando se trata de desplazar los poderes económicos centrales hacia un poder más democrático que atienda más a los intereses de los ciudadanos que al de las grandes corporaciones.
El poder Judicial es un obstáculo para esta transformación, por lo tanto, vamos a hacer un aporte consistente en un proyecto de ley reglamentario del artículo 110 de la Constitución que, respetando el carácter de vitalicios de los cargos, establezca la obligatoriedad de concursar los mismos en períodos de 7 u 8 años. Todo esto tiene que ser ponderado junto con la oposición, que es lo que habilita a los que vienen de fuera de la carrera judicial a poder aspirar a ocupar un cargo en la magistratura. Esto implica mayor carácter republicano, mayor resguardo de principio de idoneidad para acceder y continuar en el desempeño de la función pública y creo que también implica mayor poder del Pueblo, en el sentido de poder controlar la actividad y el desempeño de los jueces.
APU: Hay un trato diferencial de la justicia con respecto a los pobres y los ricos ¿Qué puede decirnos sobre eso?
EB: Esto es un factor que distorsiona la administración de justicia y diría, además, que está en riesgo de ser agravado. En el anteproyecto entregado de unificación de Código Civil y Comercial de la Nación, se prevé un amplio desarrollo al contrato de arbitraje que significa la privatización de la justicia. ¿Dónde funcionan los tribunales de arbitraje permanente? Funcionan en las bolsas de comercios, en las cámaras empresariales, es una justicia de clase. Yo no digo nada peyorativo respecto a nivel jurídico o respecto a su formación académica, pero si digo que tienden a favorecer inexorablemente a quien ejerce el poder, a los socios y no a los que acceden por vías de contratos de usuarios y consumidores.
El contrato de arbitraje tiene el enorme estigma de entregar nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional frente a tribunales como el CIAD,I que son peores de los que conozco y he actuado, que los propios tribunales arbitrarios.
APU: Uno de los temas que va a estar en estas jornadas de hoy y mañana, es el de concepto de independencia ¿Qué sería la independencia y cómo podríamos repensarla en el Poder Judicial?
EB: Independencia respecto de los poderes establecidos y de los poderes económicos. Pero a mí, me gustaría pensar más en la expresión "dependencia" de la Constitución Nacional y de su supremacía. Estos jueces que ahora se golpean el pecho reclamando la independencia son los mismos que se doblegaron frente a los procesos de usurpación del poder político en nuestra historia institucional. Juraron por normas que no eran la Constitución Nacional, postergaron la Constitución Nacional y ahora cuando hay un proceso popular, se rajan las vestiduras, se llenan la boca de la palabra independencia. Lo cierto es que cuando llegó el momento institucional de acreditar esa independencia fueron obsecuentes y encubridores de esos poderes dictatoriales y usurpativos.
APU: El día de ayer se abrió el año judicial ¿Qué le pareció el discurso del Dr. Lorenzetti?
EB: Lo leí y para mí tiene dos errores conceptuales fundamentales. Hay afirmaciones muy buenas que están claras pero hay dos errores conceptuales. El primero: se dice que el poder judicial no gobierna. La Constitución establece claramente que el Gobierno Federal está integrado por tres poderes y uno de ellos es el Judicial. Decir que los jueces no gobiernan es como decía en su momento el Dr. Petracchi, todavía Ministro de la Corte, decía que un juez que no supiera que hace política es como un cangrejo que no supiera que es un crustáceo. Hacen política, gobiernan dentro del marco de sus incumbencias. El segundo que me parece más peligroso: es decir, abramos la administración a las periaciones, a la resolución de los conflictos fuera de los jueces. No, la Constitución dice que al Poder Judicial, la Corte Suprema y demás Tribunales inferiores, les corresponde conocer y decidir en todas las causas, entonces, esta privatización de la justicia es hacerla más onerosa, más inaccesible, obviamente no significa una justicia al lado del Pueblo, significa una justicia al lado del poder económico.
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