El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló hoy que las autoridades argentinas deben garantizar que las condiciones carcelarias de esas personas no representan un sufrimiento físico o mental que pueda constituir tortura o trato inhumano o degradante.

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Este Comité de la ONU dio a conocer este miércoles un dictamen relativo a la denuncia de una persona con discapacidad, sentenciada en ese país a cadena perpetua, que sufrió accidente cardiovascular mientras se hallaba en detención preventiva. Ese suceso le provocó la pérdida parcial de la visión y problemas de movilidad, entre otras lesiones, que ahora lo obligan a utilizar una silla de ruedas.

Los miembros de este Comité consideraron que las autoridades argentinas no garantizaron que ese recluso tuviera acceso a instalaciones y servicios del centro penitenciario en igualdad de condiciones con los otros detenidos, “y tiene la obligación de adoptar medidas para rectificar esa situación”, señaló en un comunicado. También subrayó la obligación de realizar actuaciones que eviten violaciones similares de derechos, como hacer ajustes razonables y pertinentes para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones y a servicios de salud.

Las autoridades argentinas alegaron que los argumentos del denunciante era generales e infundados y que la solicitud de detención domiciliaria después del accidente era ilógica, pues necesitaría ser trasladado constantemente al centro de rehabilitación.