La prisión preventiva.

Recurso favorito del poder judicial en la provincia de Buenos Aires: gracias a el, las cárceles cuentan con más del 50% de los procesados sin condena.

Por Julián Maidana

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación publicó en el año 2012 el informe anual del Servicio Penitenciario Federal (SNEEP), en el que se constató a través del sistema nacional de estadísticas sobre la ejecución de la pena, la evolución poblacional penal en el país en general, y en la provincia de Buenos Aires en particular.

Luego de 7 años sin tener números oficiales las cifras de la situación carcelaria ameritaron a la preocupación de varias organizaciones no gubernamentales ocupadas en el tema, que vieron una escalada ascendente en las cárceles en los últimos años.

Concretamente, la provincia contó 27.959 personas privadas de la libertad. Sin embargo, el dato llamativo es que alrededor del 53 % son personas en procesamiento, personas que están en situación de prisión preventiva. Esto significa que la presunción de inocencia de los individuos sigue vigente, pero que, por requerimiento de los operadores jurídicos, hoy permanecen en las cárceles y en convivencia con los penados.

La prisión preventiva (PP), se establece cuando el acusado en cuestión puede llegar a fugarse o entorpecer la causa. Actualmente, la PP atrae distintas polémicas en torno a su aplicación; diversos analistas insisten en que la legislación al respecto es acertada, pero no el funcionamiento que le da el sistema.

A su vez, los encarcelados reclaman que las personas con PP están negadas a gozar de derechos que si tienen las personas con condena (a excepción de los programas educativos): programas del Patronato de Liberados, trabajos remunerados a disposición del servicio penitenciario y capacitaciones laborales, son los más mencionados.

Los jueces que son videntes 

Ezequiel Konstenwein, magister en criminología e integrante del Conicet, aseguró que la PP no es un problema para el oder judicial de la provincia: “Ellos no se interpelan sobre los efectos del encarcelamiento preventivo, lo ven como uno de los pasos que tienen que dar para que la investigación avance”.

El informe anual del Servicio Penitenciario Federal estableció que el 40 % de los encarcelados apenas terminó el primario.

Konstenwein asegura que si bien los porcentajes son altos, no son asemejables a años anteriores en dónde los procesados treparon el 89 % en 1999. “Eso fue disminuyendo paulatinamente, sobre todo luego del 2005 a raíz de que la provincia implementó el proceso de flagrancia en el cual en menos de 100 días una persona tiene una sentencia condenatoria”, señaló.

El proceso de flagrancia estipula en su norma, que acontece cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, o mientras tiene objetos, o presenta rasgos que hagan presumir que acaba de participar en un delito.

Además, remarca que los operadores judiciales utilizan la PP como un recurso que abarca la ‘pena en expectativa’. Esta, en palabras del especialista, consiste en que “ante una pena que supere los 8 años de prisión, se presupone que el individuo se va a querer fugar, mientras transcurre el proceso; eso es una predicción, una intuición, no se justifica y es contra fáctica”.

Julián Busteros, es Juez de Garantías N° 5 del partido de Quilmes. En sintonía con Konstenwein, admite que hay impedimentos burocráticos para que se agilicen las condenas y hace hincapié en los tribunales superiores los cuales están “colapsados”: “Tenes múltiples recursos para evitar que la condena quede firme, pero los tribunales superiores están colapsados y es un esquema recursivo que hace que los individuos queden varios años hasta que la condena quede firme”.

Pobre: ¡Culpable!

Siguiendo los datos que arroja el informe anual del Servicio Penitenciario Federal, se confirma que son los sectores más vulnerables los que pueblan las prisiones del país:

-    El 64 % son personas que van de los 18 hasta los 34 años.
-    El 95 % es de sexo masculino.
-    El 40 % apenas termino el primario y un 27 % no.
-    El 43 % no tenía un oficio ni profesión antes de entrar a la prisión.

Esto demuestra que la prisión funciona como un mecanismo selectivo que ataca a los sectores más desprotegidos. “Hay personas que nunca salieron de su barrio y les ponen peligro de fuga”, asegura Gabriela Conder abogada y defensora pública. Los casos con los que Conder convive la llevan a concluir que el poder judicial utiliza poderes discrecionales que se le confieren y que los ejerce con parcialidad.

Su mirada respecto a esta discrecionalidad judicial viene de la mano con las fuerzas de seguridad. “El que caratula las causas es la policía, después lo caratula de nuevo el fiscal”, subraya Conder al respecto.

“Las investigaciones son llevadas por ellos y se sabe que más que perseguir delitos, persiguen personas”, dice Konstenweinen en sintonía.

Si bien el mecanismo judicial establece que es el juez de garantías el que debe recabar las pruebas del delito a la hora de preparar el juicio, Busteros indica que al atrapar a los “delitos en flagrancia”, no hay grandes investigaciones: “Al juzgar la obra tosca, la posibilidad de error es nula, pero si hay casos de error judicial”. Esto significa, que es la policía la que agiliza las sentencias.

El 43 % no tenía ni oficio, ni profesión antes de ingresar a la cárcel.

En el limbo

Actualmente no existe prisiones separadas entre procesados y condenados. Eugenia Chianelli, estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), estuvo privada de su libertad. Cuenta que “la cárcel no está preparada como para discriminar los menores de los mayores, va todo arriado como un gran ganado”. Al mismo tiempo señalo: “Podes estar por un delito leve como el hurto y vivir en un mismo pabellón con un homicida y muchos terminan entrando en un círculo vicioso al que no pertenecían”.

Los procesados al no saber si son culpables o inocentes se los somete a una suerte de limbo y no reciben tratamiento. Es por eso que muchos sospechan que se terminan declarando culpables de delitos que no cometieron para no demorar más el tiempo en encierro y poder acceder a los programas de reinserción social.

En búsqueda de soluciones

Ahora bien, se viene buscando algunas medidas más flexibles respecto de la PP. Existen hoy figuras como la “prisión preventiva domiciliaria” y también hay personas que pueden trabajar si tienen familia.

La asociación civil Justicia Legítima, ha intervenido públicamente en el tema. Manuel Bouchoux, integrante del organismo asegura que “si bien es un problema que es inherente a todos los sistemas penales, en nuestro país y en la provincia sobre todo, está agravado por las condiciones de detención”.

“Hoy deja mucho que desear y sobre todo por lo largos que son los procesos. Un problema de algún modo retroalimenta el otro”, afirma.
Justicia Legítima viene llevando adelante diversas políticas públicas implementadas desde el gobierno nacional que apuntan a trabajar con los sectores más humildes. Prueba de ello son los Centros de Acceso a la Justica, una red de centros itinerantes que van de barrio en barrio prestando asesoramiento jurídico gratuito por el país.

A pesar de ello, no puede dejar de advertirse que las políticas punitivas hoy forman parte además de un mercado que posibilita el acceso a un trabajo y que por momentos, por lo menos en la provincia, anula el camino de las políticas sociales. Ejemplo de ello fue a mediados del mes de julio cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, decreto la policía comunal. En La Plata, solo en un día se inscribieron 1500 personas. Tan solo había 730 vacantes. Así como sube la población carcelaria, sube la tropa en las calles.