El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, fue citado ante la Justicia para declarar el próximo miércoles sobre la implementación de una línea telefónica gratuita para denunciar la actividad política en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
El llamamiento fue realizado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº3, que está a cargo de la jueza Patricia López Vergara, respondiendo a un amparo pedido por el abogado Roberto Boico.
También fueron convocados el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand; la titular del Ministerio Público Tutelar, Laura Musa, y el abogado denunciante, quien pidió “declaración de inconstitucionalidad” de la iniciativa, que consideró una “persecución política a jóvenes militantes”.
Boico pidió a la Legislatura porteña que analice un juicio político contra Mauricio Macri, jefe de Gobierno, y el ministro Bullrich por este accionar.
Según el abogado, el 0800 “procura fomentar un sistema de alcahuetería, chismorrería o soplonería dirigido hacia jóvenes o niños que estuvieran divulgando, propagando o disertando acerca de ideas políticas, lo que equivale a decir que el gobierno porteño interpreta a la actividad política como delictiva”.
“El Gobierno de la Ciudad está desconociendo en forma absoluta las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de expresión y la libre divulgación de las ideas políticas”, agregó.
“Se ha montado un escenario mediático en el cual presentan la medida como neutralizadora de supuestas utilizaciones de fondos públicos para el adoctrinamiento de los niños, cuando en realidad encubre un desprecio evidente sobre la actividad de nuestros jóvenes”, concluyó.
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