¿Cuántos muertos más debe haber para que esta causa avance?
El día 18 de julio pasado murió Marcela Díaz, empleada de la Fundación Sueños Compartidos, que había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini y en especial a Rubén Pocho Brizuela, por una serie de delitos y además por los delitos que específicamente se investigan en la causa, que tramita muy lentamente el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi. A esta testigo la mato una bala perdida, cuando estaba amenazada, había realizado la denuncia, no la protegieron y así terminó Sin embargo, la causa no avanza pese al fallo de la Cámara de Apelaciones que imputa a los funcionarios. No se sabe qué espera el juez, visto que se pueden producir más muertes. Si no está en condiciones de continuar, debería dejar la causa y explicar los motivos.
La causa de las construcciones de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, está parada desde hace mas de nueve meses y el juez sigue demorando, sin que la prensa, ni la oposición, digan ni hagan nada. Salvo honrosas excepciones, la única preocupación, es como salvar a los K. El estado actual de la justicia federal llegó a lo más bajo que uno pueda imaginarse El Congreso de la Nación aprobó la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la presidenta promulgo la misma, lo que hace su plena vigencia, pretendiendo de esta manera, encubrir los 2.000 millones de pesos que se pagaron a la Fundación y a la universidad desde el 2004 a la fecha. Por su parte Sergio Schoklender pidió su sobreseimiento en la causa, ya que corresponde acusar a los funcionarios y el juez nada hace.
Comenzaba el 2004, cuando Néstor Kirchner a través del Banco Nación-Leasing, le hizo entrega a la Universidad y a la Fundación entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para “Sueños Compartidos” más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación. Ante estos hechos Martínez Di Giorgi nada dice y en tanto siguen acusándose por la comisión de delitos Schoklender con Hebe de Bonafini. Ahora se pretendería con esta nueva denuncia por falso testimonio, parar la verdadera causa en la que están involucrados los funcionarios.
El Gobierno asumió con esta estatización el pasivo de 325 millones de pesos, ya que al decir 200 millones no se computan los juicios que son el resto. Pero además esta el blanqueo del dinero utilizado con otros fines que no son precisamente la educación La que no avanza es la causa penal, en la que todavía no se fijaron indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.
Por su parte, el juez federal Norberto Oyarbide quería salvar a Bonafini y Julio de Vido por la estafa de Sueños Compartidos. Así es que fue correcto el fallo de la Sala I que acumuló esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es fundamental que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes y corrija el rumbo para que la Fundación deje de ser damnificada para pasar a ser imputada.
En esta causa se demuestra una mecánica de corrupción en la que están involucrados varios organismos del Estado y también quienes armaron estos ilícitos. Es obvio que la inacción actual del juez se vincula con el interés del gobierno en tapar el tema pretendiendo que el mismo quede en la nada. Tal es así que, desde que resolvió la Cámara, el juez no tomo una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista y además este contrato fue rescindido por el propio gobierno. Este le entregó a la Fundación $ 1.200 millones, pero sólo se terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Y ahora se encuentra estatizada la deuda de la Fundación que totaliza 325 millones ¿Cómo no van aplaudir las madres al gobierno si el pago que reciben es de semejante envergadura? Pero tal vez el más grande de los ilícitos fue el que se cometió con los sueños de mucha gente de alcanzar la vivienda propia En realidad, desde el primer momento, Oyarbide trato por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planificación.
Por tal razón, es lógico entender que la acumulación a la causa principal es positiva.
Lo que importa son los funcionarios
A esta altura de la causa, lo importante son las responsabilidades penales de los funcionarios firmantes de los contratos y que autorizaron los pagos. Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor Kirchner le dio en el 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra de economía Felisa Micheli.
En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese “faltante” llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno le entregó a los responsables del Programa $1.200 millones pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.
Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos se la hayan llevado Sergio Schoklender y sus hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.
Y para arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11 que hoy tiene paralizada y que debe activar Martínez Di Giorgi. La inició el abogado
Jorge Vitale por violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa “Sueños Compartidos”.
Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe.
En la denuncia se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.
La presentación afirma que las viviendas que construyó la Fundación que lidera Bonafini son en base a “ planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”..
En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, según el cual el gobierno nacional le paga a la Fundación $210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón de $81.000 por unidad.
También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.
Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación. Entre sus conclusiones están las siguientes:
“La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.
“Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”
“Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”
Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.
Al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”
Lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales
Schoklender además dijo ante el juez, que Felisa Micheli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de las autoridades. Un dato a tener en cuenta es que la misma Micheli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión en suspenso, confirmó que realizaba aquel trabajo
Todos sabemos como actuó el Juez Oyarbide (hoy fuera de la causa), pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por “Sueños Compartidos”, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.
Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.
La Cámara Federal, confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada, que debe pasar a la causa principal y por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se le realizan a los Schoklender y a los 44 imputados sino que faltan los funcionarios públicos. De este modo, el fallo de cámara pone las cosas en claro y apunta adonde debe ser, es decir, investigar porque se pago y no se construyó Y además porque se pagaron sobreprecios. Todo esto ya consta en el juez al que se le derivó la causa que sigue inmovilizada. También es importante que se investigue a las empresas Meldorek S.A. y Antártida Argentina SA, que tienen relación con firmas uruguayas. Una de ellas, P.P.B. Bursátil intervino en el lavado de fondos originados en actos de corrupción cometidos por dirigentes del Partido Popular de España. El juez uruguayo Luis Valenti habría detectado estas circunstancias y además que dichas empresas fueron constituidas por la escribana Marta Cascales, que es la actual esposa de Guillermo Moreno.
Como si todo esto fuera poco, con la estatización a los culpables les van a regalar los 325 millones que debe la Fundación cifra que, lamentablemente, pagaremos todos Mientras tanto, esperamos que el juez fije las indagatorias que tenia programadas pero que no las notifica.
Jorge Eduardo Grande (ex secretario de Gobierno del municipio del Partido de la Costa).
