El Ministerio de Seguridad de la Nación reclamó ante la Justicia un resarcimiento económico a la empresa Monsa SA por el dispositivo que se vio obligado a desplegar para desalojar al personal de la línea de colectivos 60 que cortó la autopista Panamericana el 11 de octubre pasado.

Seguridad reclamó indemnización a la empresa dueña de la línea 60

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La demanda fue elevada al Juez Federal de Campana, Dr. Adrián González Charvay, por entender que se trató de un conflicto de intereses entre privados que ocasionó un “perjuicio directo” al erario público. La demanda entiende que la empresa es “civilmente responsable por los hechos acaecidos”. El 11 de octubre empleados de la línea 60 de colectivos realizaron un corte en la autopista Panamericana, en el kilómetro 42,5 a la altura de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz en protesta por problemas internos.

En la misma demanda presentó, además, una querella criminal contra seis de las empleados de la empresa considerados “coautores” del corte.

El gobierno de Córdoba denunció ante la Corte Suprema de Justicia al Gobierno Nacional por una deuda de más de mil millones de pesos ocasionada tras el traspaso de los fondos jubilatorios a la ANSES.

Se trata de una suma que forma parte del denominado “convenio de armonización”, que firmó el gobernador José Manuel De La Sota y funcionarios nacionales cuando la caja de jubilaciones fue nacionalizada.

“Yo no busqué esto, Córdoba no está pidiendo ayuda, Córdoba quiere cobrar lo que nos deben”, dijo De La Sota, al hablar sobre el pedido a la Corte.

“No hemos tenido respuesta ni positiva ni negativa y llevo siete meses de diálogo”, explicó, y agregó: “Ya se reunió en la Legislatura todo el arco de legisladores nacionales y provinciales y un poco más, dijeron ‘es hora’ y creo que es hora, hemos iniciado la demanda”.

“Yo no me quiero pelear con nadie, lo que quiero es cobrar, realizar obras. Ojalá la Suprema Corte convoque al diálogo, voy a ser el primero que va a estar ahí tratando de ponerme de acuerdo porque la gente hablando se entiende y a mí me gusta ponerme de acuerdo”, dijo el mandatario provincial.

“Me hubiera gustado no tener que iniciar esta demanda pero tengo que defender los derechos de Córdoba”, concluyó.

Tras demanda de católicos juez ordena no vender ropa con contenidos blasfemos.

BUENOS AIRES , 23 Nov. 11 (ACI).-El juez en lo penal y correccional de San Luis (Argentina), Jorge Sabaíni Zapata, ordenó a la firma Komodo dejar de vender ropa con imágenes y leyendas anticatólicas, porque "la libertad de expresión no puede significar al mismo tiempo ofender" a un grupo religioso.

En el año 2009 un grupo de católicos presentó una demanda contra Komodo por presentar en la marca de ropa "De Puta Madre-69" imágenes de Cristo, la Virgen y santos junto a textos blasfemos.

Ese año Komodo respondió calificando a los demandantes de tener una "mente frizada y encapsulada". 

Sin embargo, el juez señaló que "la libertad de expresión, no puede significar al mismo tiempo ofender, o difamar los sentimientos y creencias de un grupo religioso, en este caso el católico, en sus creencias más sagradas, existiendo como sostienen los amparistas una clara discriminación en el sentido peyorativo y denigrante que significa ridiculizar los dogmas más sagrados de la Iglesia Católica".

Por ello, resolvió que la firma debe abstenerse de "exhibir y difundir, en el local comercial y/o por cualquier medio las imágenes de la marca 'De puta madre 69', donde se vean representadas imágenes del Culto Católico y donde aparezcan las imágenes del Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María y de los Santos".

El falló se sustentó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código Civil, que llama a respetar las creencias y sentimientos religiosos.