Eduardo M. Rico, un funcionario muy especial.

En causa Nº1018/17 está imputado penalmente por delitos de acción pública.

Ampliaremos!!!

Eduardo M Rico denunciado penalmente.

En causa 1709/ 18 fué denunciado por delitos de acción pública, 

Morosos Incobrables y Mauro Viale denunciados.

En causa Nº 23505/18 se radico denuncia en fuero penal capitalino.
Ampliaremos!!!

Mauro Viale denunciado penalmente.

En causa Nº23502/18 de trámite en fuero penal CABA.

Ampliaremos!

Life Group y Mazzucco Emiliano Dardo, faltaron a la cita.

A Mazzuco y su pandilla no les gusta que publiquemos sus andanzas.
Como manipula sicopáticamente a profesionales del derecho, los usa para denunciar a cualquiera por cualquier cosa.
Recurrio a un amparo del que no se me corrió vista, para impedirme publicar delitos cometidos por el.
Luego, con un fallo viciado de inconstitucional, una juez, emitió un disparate conceptual
A la juez le iniciamos causa penal por prevaricato.
Pero mientras tanto, Mazzucco desesperado por la divulgación de sus correrías inició una causa penal por desobediencia.
Eso sí.
El día de la audiencia......No se presentó.

Mientras seguimos reuniendo información.
Esta historia, todavía no empezó.

Cocaína oculta en rodillos.

La AFIP, a través de la Aduana, detectó cocaína oculta en rodillos metálicos utilizados para entrenamiento de ciclismo dentro de tres envíos internacionales que se encontraban en el Aeropuerto de Ezeiza y cuyo destino final era Barcelona.

El hallazgo se produjo cuando el personal realizaba los controles de rutina y mediante rayos X advirtieron imágenes dudosas sobre tres los envíos. En consecuencia, sometieron las cajas al análisis de los canes antinarcóticos que manifestaron el comportamiento característico frente a la presencia de drogas. Al abrir los envíos, los agentes aduaneros hallaron tres esqueletos de madera que contenían una caja de cartón cada uno, y dentro un esqueleto y tres rodillos metálicos que suelen utilizarse para entrenamiento de ciclismo en bicicletas de pista y montaña.

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo del Dr. Alejandro Catania.

Denuncia penal contra los Consejeros de la Magistratura.

La 1° Candidata a Diputada Nacional, y titular de la Comisión de Legislación, Diputada Patricia Bullrich (Unión Pro), anticipó que presentará una denuncia penal contra los Consejeros de la Magistratura, que votaron para desplazar al Juez José María Cabral, de la Sala I de la Cámara de Casación, teniendo como uno de los objetivos principales, demorar y manejar el fallo de ése tribunal sobre la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán por la Causa AMIA.

La primera Candidata a Diputada Nacional por Unión Pro, anunció al respecto que: “Frente a la medida vergonzosa del los Consejeros Kirchneristas que removieron al Juez Luis María Cabral para sacar y manejar favorablemente el fallo del Memorándum con Irán, queremos informar que realizaremos una acción penal contra ellos, por “Abuso y Desvío de Poder”, adelantó la titular de la Comisión de Legislación Penal y agregó que: “Mover a un Juez por su posible fallo es un delito, y claramente lo que han hecho es una maniobra burda que busca obtener impunidad”,

Finalmente Bullrich afirmó que: “El Juez Cabral le molestaba al oficialismo, es por eso que el Kirchnerismo, a través de sus representantes en el Consejo de la Magistratura lo sacó del medio”.

Huelga de hambre ante castigos y traslados arbitrarios.

UP 33.

(AW) Una veintena de detenidas en la Unidad Penal 33 de Los Hornos, realizó por una semana una huelga de hambre luego de ser sancionadas arbitrariamente, por uno de los frecuentes episodios de zona liberada, que propicia el mismo Servicio Penitenciario, en el que resultó gravemente herida una de las jóvenes de ese sector. Se impone la lógica de segregación como única salida.


El Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) constató además, durante su última inspección en el lugar, la disposición arbitraria de las autoridades de trasladar a la víctima de ese enfrentamiento a otro penal, en una clara violación a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Bs As en lo referido a los traslados arbitrarios.

Durante la inspección del Comité Contra la Tortura de la CPM, el organismo que monitorea las cárceles y lugares de detención bonaerenses, el equipo se entrevistó con todo el pabellón y comprobó que durante la sanción aplicada por los agentes penitenciarios no hubo asistencia médica ni medicación para ninguna de las mujeres, ni siquiera para aquellas con patologías como VIH o hepatitis.
La medida de las detenidas cesó cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) levantó la sanción que las dejaba encerradas por 24 horas en sus celdas, sin poder salir a trabajar, estudiar ni a ninguna otra actividad social, educativa o recreativa.

“En la entrevista con autoridades de la unidad, Leticia Arzuaga, la directora, deslizó la versión de que la situación en el pabellón se debía a un conflicto entre detenidas. Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas durante la inspección, podríamos inferir que esta situación responde a la delegación del gobierno de la cárcel a través de la liberación de zonas”, explicó Alicia Romero, coordinadora del Comité Contra la Tortura.
 “Frente a episodios de conflictos entre detenidas se impone la lógica de segregación como única solución".

La política discrecional manifestada por la misma dirección de la Unidad es resolver el traslado inmediato de las partes. Nosotros consideramos que esta medida re-victimiza a la victima aplicándole una pena sobre otra pena, sin mediación de otras estrategias para resolver los conflictos. Por otro lado pone de manifiesto la impunidad con que los agentes estatales disponen y definen el destino de las personas privadas de la libertad, con total arbitrariedad”, manifestaron desde el Comité contra la Tortura. “Este accionar autoritario pretende ser, desde nuestro punto de vista, una estrategia disciplinaria para aquellas detenidas que permanecen en la Unidad Penitenciaria” analizaron los referentes de la CPM.

Si bien en la Unidad manifestaron que existía un orden de traslado, el organismo especificó que el Poder Judicial suele enviar disposiciones de traslado abiertas sin contemplar las cuestiones que derivan luego en agravamientos de las condiciones de detención. Esto habilita al SPB a tomar decisiones que implican diferentes agravantes, como la desvinculación familiar, la interrupción de los seguimientos médicos prescriptos, o que no contemplan que la Unidad de destino tenga un sector de sanidad acorde a la problemática específica que presentan las personas trasladadas.

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​LIBERAN A EMILIANO CORONEL

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#LibertadRimandoEntreversos 

Emiliano es una persona comprometida con distintas luchas que se llevan a cabo en la provincia de Córdoba. Pero además es un joven de barrio, un músico popular, un integrante de organizaciones sociales. Estas últimas son las verdaderas causas que explican la persecución, el hostigamiento y la reclusión forzada de la que fue víctima en los últimos días. 

Este joven había salido de la Maternidad Provincial a buscar abrigo para su novia, que sería madre en los días posteriores. De regreso al hospital, la policía de la Provincia lo secuestró y lo encerró en la UCA Sur. Horas más tarde, y posterior a la intervención de varias organizaciones de Derechos Humanos y un abogado, la policía informó que se encontraba detenido por delito calificado. 

A partir de ese momento comenzaron las impericias. La UCA solicitó que trasladaran al joven a Bouwer para desligarse de este grave asunto. El fiscal Tomas Casas obedeció al pedido de la Sub Directora de la Unidad de Contenidos y Aprehendidos y solicitó un traslado, a las 23:00 hs., hacia dicho penal de máxima seguridad. Se calcula que Emiliano ingresó a la prisión alrededor de las 00:00 hs. del día martes. 

De inmediato empezó a manifestarse la solidaridad de todas las organizaciones y personas allegadas o vinculadas con el grupo de rap Rimando Entreversos, del cual forma parte Emiliano. Ante las peticiones reiteradas de las organizaciones que integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo el Fiscal parecía adoptar una posición más severa, justificando el accionar policial y apañando el procedimiento judicial. Esta postura es de esperarse, ya que se trata de la misma justicia diletante y apañadora que le otorga la libertad a los policías del gatillo fácil, o juega a favor de la cúpula policial y los narcopolicías vinculados con severas causas de violación a los Derechos Humanos, como el caso de Facundo Rivera Alegre. 

No obstante las organizaciones siguieron exigiendo lo que correspondía, cosa que sucedió ocho días más tarde y después de que Emiliano fuera sometido a una ronda de reconocimiento, a un allanamiento en la casa de su novia y otro en la sala del hospital donde la mujer acababa de tener al hijo. Finalmente hoy trascendió que el fiscal Casas firmó la libertad, aproximadamente a las 18:00 hs. 

Ocho días y seis horas tuvo que pasar Emiliano en prisión fruto de una voluntad política de la justicia, las fuerzas represivas y el ejecutivo provincial. No solo castigan con el difamado Código de Faltas, sino que también se sirven del Código Procesal Penal para abarrotar las cárceles de pobres, de personas sin condena, y para liberar de cargo y culpa a los tratantes, a los narcopolicías y a los asesinos del pueblo. 

Emiliano se enteró que estaba siendo papá en un módulo de Bouwer. Por ser humilde. Por ser de barrio. Por portación de rostro. Porque la justicia así lo dispuso, sin dar más explicaciones sobre el asunto. Porque el gobernador opina que los jóvenes sobran. 

Exigimos la destitución inmediata del fiscal Tomas Casas, que actuó desde la parcialidad, priorizando los testimonios policiales y descartando las numerosas peticiones y los aportes de las organizaciones que reclamaron la libertad de Emiliano Coronel. 

Exigimos la renuncia del Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisario General Julio César Suárez, quien impulsa y sostiene una política persecutoria y discriminatoria contra los jóvenes de los barrios y lxs trabajadorxs. 

Exigimos la anulación del Código de Faltas, el cese de la persecución policial, la tortura y el gatillo fácil. Abajo el operativo de saturación. 

Exigimos el desprocesamiento de Emiliano Coronel y de todos los luchadores populares de Argentina. 

Frente a la represión: organización, unidad y lucha. 


Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos 
en el Encuentro Nacional Antirrepresivo 

El caso Boudou.

política

En el marco del llamado a indagatoria al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y de diversas causas tramitadas contra él, el Diputado Nacional Pablo Tonelli (PRO) afirmó que “Por primera vez en la historia argentina un vicepresidente en ejercicio ha sido llamado a indagatoria por la supuesta comisión de delitos penales. Se trata de un hecho muy grave, porque implica que el juez tiene muy fundadas sospechas de que el vicepresidente, efectivamente, ha cometido delitos reprimidos por el Código Penal”.

“La situación de Boudou exige que la Cámara de Diputados dé inicio al juicio político previsto en la Constitución Nacional. El juez resolverá, en su debido momento, acerca de la responsabilidad penal de Boudou, mientras que el Congreso tiene la obligación constitucional de resolver acerca de la responsabilidad política del vicepresidente”, continuó Tonelli, miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Asimismo recordó que “concretamente y además de la causa Ciccone, en el juzgado de Lijo tramita otra causa por enriquecimiento ilícito; en el juzgado del Juez Bonadío se tramita una causa en la que se investiga la adquisición de un automóvil Honda; y en el juzgado de Torres tramitan dos causas iniciadas cuando Boudou era ministro de Economía, en las que se investiga la compra de varios autos de alta gama y la compra de bonos”.

Sobre la posibilidad de comenzar con el juicio político mientras la justicia avanza con la investigación sobre la causa Ciccone sostuvo que “son tan distintas esas dos responsabilidades, la penal y la política, que podría perfectamente ocurrir que el vicepresidente sea absuelto en lo penal y, sin embargo, sea condenado en el juicio político y removido de su cargo. El juicio político está previsto para establecer si el funcionario acusado ha incurrido, o no, en mal desempeño del cargo y, por ende, si conserva la idoneidad que la Constitución requiere para todos los empleados públicos”.

“La Cámara de Diputados no debería eludir su obligación constitucional, no debería esperar más y debería dar comienzo, de manera inmediata, al procedimiento de juicio político”, concluyó Tonelli.

Pedido de solidaridad y adhesiones.

18 MILITANTES DE MAR DEL PLATA REPRIMIDOS Y PROCESADOS

(AW) Pedido de adhesiones en contra de la persecución jurídica y penal contra 18 jóvenes militantes de Mar del Plata, que se organizaron para rechazar el aumento del pasaje de transporte público.. Transcribimos. ADHESIONES A: Correo electrónico: desprocesamientoalppl@gmail.com .- Carta de adhesión, por los 18 procesados por el boletazo en Mar del Plata La mañana del 10 de enero diferentes organizaciones y vecinos de la ciudad de Mar del Plata se concentraron en las puertas del municipio, con el fin de presenciar la sesión PÚBLICA del concejo deliberante donde se trataría un nuevo aumento del boleto de colectivo. Como de costumbre las puertas estaban cerradas y custodiadas por la policía y no se le permitió el ingreso a ninguna persona, solo algunos compañeros pudieron entrar al recinto de donde fueron desalojados a golpes, por orden de la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, la “progresista” Vilma Baragiola (UNEN). Cuando finalmente llegaron a la calle se encontraron con que sus compañeros estaban siendo reprimidos con balas de goma y escapaban de una cacería feroz que efectuaba la policía de la provincia (infantería y operativo sol) bajo las órdenes del Intendente Gustavo Pulti. El resultado fue: 22 compañeros (entre los que se encontraban cuatro menores), detenidos y golpeados, que fueron liberados 12hs después gracias a la fuerza de una multitud que reclamaba en las puertas de la comisaria 1era, exigiendo la libertad de los compañeros y luego en la fiscalía la liberación inmediata Luego de ser desalojado el recinto, se reanudó la sesión ante los ojos de unas cuantas personas que tenían una cosa en común: ninguno utiliza el transporte público. Todos los funcionarios y los matones de la UTA y los empresarios tienen sueldos que le permiten evitar este medio de transporte. El aumento del precio del boleto fue de un 22% y la tarifa plana finalmente quedó en $3,97. Las causas de los cuatro menores fueron desestimadas a los pocos días, pero a los 18 compañeros restantes se los continuo investigando. En el transcurso de las semanas se dió lugar al proceso de mediación. El resultado de estas fueron que tanto el poder legislativo como el ejecutivo se pasaron la pelota unos a otros, sin dar respuesta al conflicto. De esta manera, la causa vuelve a la fiscalía, a cargo de Gastón De Marco quien decidirá, en los próximos días si desestima la causa o si la lleva a juicio. Por tal situación, y en el marco de los ajustes sistemáticos que está sufriendo el pueblo trabajador,  la respuesta por parte de los gobiernos es siempre la misma: AJUSTE Y REPRESIÓN. POR ESTO LLAMAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES DEL CAMPO POPULAR, Y A TODOS AQUELLOS QUE ENTIENDAN ESTA NUEVA INJUSTICIA HACIA EL PUEBLO, A EXPRESAR SU SOLIDARIDAD A LOS 18 COMPAÑEROS. BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL NO AL AUMENTO DEL BOLETO BASTA DE TARIFAZOS LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR DESPROCESAMIENTO YA DE LOS 6000 PROCESADOS POR LUCHAR ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS

La Queja de los cadáveres.

MASACRE EN LA CÁRCEL DE SANTIAGO DEL ESTERO

El 4 de noviembre de 2007, cerca de 40 personas murieron tras las rejas del penal Nº1 de varones de Santiago del Estero. Los rumores de que lo sucedido comenzó por un "violento motín" o "intento de fuga", corrieron empujados por el cerco informativo impuesto desde el gobierno provincial. Pero entre las ruinas de la mentira, florecen las voces de quienes, todos los días, construyen la vida diciendo su palabra cierta. Vídeo de Alejandro Haddad.- Ver video

Atentado contra la vida de una médica del Garrahan.

DENUNCIA

(AW) La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) denunció judicialmente el atentado realizado contra la doctora Liliana Ongaro, trabajadora del Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan”, quien el pasado 23 de abril, al terminar su jornada laboral, salvó su vida de milagro. Los frenos de su automóvil fueron cortados intencionalmente y sólo pudo detener su marcha bajando la velocidad y utilizando el freno de mano. La doctora Ongaro, dirigente de FESPROSA, veníasufriendo un acoso telefónico, con amenazas hacia su persona.-  Buenos Aires, 2 de mayo de 2014.- GREMIO FESPROSA PRESENTA DENUNCIA PENAL POR ATENTADO CONTRA LA VIDA DE UNA MÉDICA DEL GARRAHAN ► LE CORTARON LOS FRENOS DEL AUTO A UNA MÉDICA DEL GARRAHAN EN EL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL Y SE SALVÓ DE CHOCAR PORQUE PUDO CONTROLAR SU VEHÍCULO A TIEMPO. ► YA HABÍA RECIBIDO OTRAS INTIMIDACIONES EN SU VEHÍCULO, ESTA FUE LA MÁS GRAVE. ► TAMBIÉN LA HABÍAN AMENAZADO POR TELÉFONO. ► ES DIRIGENTE GREMIAL DE LA FESPROSA (FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD) EL CUAL INTEGRA EN REPRESENTACIÓN DEL GREMIO DE SALUD DE PROFESIONALES DEL GARRAHAN. ► PRESENTARON UNA DENUNCIA PENAL. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), sindicato que representa a más de 30 mil trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, presentó recientemente a través de su departamento jurídico una denuncia penal en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 30 y la Fiscalía Nacional Nº 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un atentado realizado contra la doctora Liliana Ongaro, trabajadora del Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan”, quien "el pasado 23 de abril, al terminar su jornada laboral, se dirigió a la cochera dentro de la institución donde deja siempre su vehículo, y al encender el auto se prendió una alarma lumínica y sonora, que decía stop y encendía la luz de freno. Ante esta advertencia, en una estación de servicio próxima al hospital, comprobaron que no tenía líquido de frenos, llenaron el recipiente y continuó su viaje. A poco de andar, notó que los frenos de su auto no funcionaban bien, por lo que disminuyó la velocidad para detenerse y buscar ayuda, pero allí mismo dejaron de funcionar, debiendo frenar de a poco con el freno de mano con riesgo de colisión con otros vehículos, y llegando a mínima velocidad así a un taller mecánico. El mecánico detectó que el caño del líquido de frenos había sido cortado adrede". "A este hecho se suma que durante el último tiempo, la doctora Ongaro ha venido sufriendo un acoso telefónico, con amenazas. También meses atrás, una rueda de su auto fue pinchada a propósito. En otra ocasión, su auto fue rayado. Todos estos hechos han ocurrido dentro del ámbito del Hospital, en esa "tierra de nadie", sin luz ni adecuada vigilancia, que es la playa de estacionamiento para el personal del segundo subsuelo", explicaron mediante un comunicado. "La doctora Liliana Ongaro es secretaria de Asuntos Legales del Consejo Ejecutivo Nacional de la FESPROSA, en representación de su gremio de base, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, y dirigente de la Asociación de Profesionales del mismo hospital. La Asociación, a través de su departamento jurídico, ha formulado la denuncia penal correspondiente. El Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 30 y la Fiscalía Nacional Nº 49, ya intervienen en la investigación de los hechos, con apoyo de las fuerzas de seguridad", precisaron. "Lo sucedido se enmarca en un clima de creciente hostigamiento a la Asociación y a la organización de los trabajadores. No es casual que en pocos días se realizarán nuevas elecciones de sus autoridades, habiéndose conformado una sola lista de unidad, plural, que mantiene la mejor tradición democrática del Garrahan, junto a todos los que procuran la defensa de los derechos de su personal", alertan. "Estos hechos de ataque a la Asociación, en la persona de una de sus dirigentes, es obra de cobardes e impotentes. Se trata de un tema que habrá de resolver la Justicia. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, en conjunto con la FESPROSA, repudian la violencia en cualquiera de sus modalidades, la amenaza cobarde, que califica a quienes las practican. Llamamos a todos los trabajadores del Garrahan a repudiar estas conductas, con el único método que conocemos los trabajadores: apoyando a quienes nos representan en el reclamo por nuestros derechos y reivindicaciones. Hacemos responsable al Consejo de Administración, como máxima autoridad del Garrahan, de prevenir atentados como el que denunciamos y garantizar la seguridad de todos los trabajadores del Hospital", advirtieron finalmente.

Clarissa Antonini y Mauro Szeta.

Mauro Sztajnszrajber (/shtáin shráiber/), alias "Mauro Szeta, la hipocresía, los linchamientos y el cuchillo de palo.

Mauro Szeta se hizo conocido para el gran público, cuando accedió a la pantalla de TN/ canal 13, en la que hacía una columna de policiales.
Sorprendentemente, y en medio de la confrontación entre el narcokirchnerismo y el multimedios Clarín, mientras muchos colegas rechazaban ofertas en dicho sentido, Mauro Szeta se pasó con armas y bagajes a C5Néstor.Le vendió el alma al diablo.
                                      
Desde esa pantalla se convirtió en una voz que expresa las posiciones políticas del narcokirchnerismo a ultranza.
Dejo de ser, para empezar a ser.
Desde ese lugar, recientemente comenzó una campaña tilinga contra los "linchamientos" que se hicieron bastante frecuentes en los últimos meses.
En esa campaña el se cuidó muy especialmente de descontextualizar estos brotes sociales.
Todo el discurso de este sujeto fué reduccionista y efectista.En ningún momento exploró el origen del fenómeno, planteandolo, como una especie de estupidez e irresponsabilidad colectiva.
Es decir: La gente es tarada y actúa irracionalmente y desde su cinismo, el ssujeto nos daba lecciones de derecho.
Cuanta vileza!
Los brotes de violencia de la gente, en una población otrora mansa y solidaria, no son producto de algún virus, sino consecuencia del hartazgo por el grado de abandono en que se encuentran los ciudadanos por parte de la mafia judicial.
En este sentido, la anomia existente tiene gestores sociales.No es consecuencia de una casualidad o alguna perversión inexplicable.
Es evidente para todos que la policía ya actúa de manera indolente o aún prescindente.
Y esta conducta también tiene una explicación en que la vieja policía abusiva fué alienada, reduciendolá a un ente anómico siempre en la cuerda floja de la expulsión y la consecuencia penal.
Bien dicho está que el pescado siempre empieza  pudrirse por la cabeza, y el poder político ha generado el estado actual.
Sus hijos idiotas e inmorales siguen esas directrices abolicionistas, y el combo feliz de los marginales ya está listo para el consumo.
Y en este punto empalman las cosas.
La esposa de este sujeto que opera con el alias de Mauro Szeta, es Clarissa Antonini, titular de la UFI nro 2 de Florencio Varela y dicen las malas lenguas quien preside a todos los fiscales de dicho distrito.

                                
Los linchamientos ocurren por funcionarios delincuentes como Clarissa Antonini, que garantizan la impunidad de los delincuentes, de manera insultante.
La gente SABE, de la corrupción judicial que pretende explicar lo inexplicable.
La relación indudable de la mafia parajudicial con las bandas de delincuentes en el poder político no es teórico ni conceptual, es un hecho.
                                            
                                     
Pero Mauro, que casi alegoricamente se llama Mauro,casi como un sino trágico, no trepida en usar las claves a las que tiene acceso su esposa para tener información privilegiada.
El se cuida mucho de contar esto.
Solo es parte del reclamo vocinglero y tilingo que se asusta ante la reacción explicable de la gente.
Y como por suerte no soy Mauro y el cinismo me es ajeno aclaro a modo de ejemplo:
1)Un grupo de delincuentes ingresa a mi domicilio, siendo pescados in fraganti, por lo que convoco a la policía que constatando los hechos no interviene y confraterniza con los delincuentes.
2)Radico denuncia penal recayendo la causa en la uFI a cargo de la delincuente Clarisa Antonini.
3)Los mismos delincuentes reiteran el hecho y amplio la denuncia.
4)Ante la inmovilidad de la causa, presento sucesivos escritos para impulsarla.
5)En esa causa aporte pruebas documentales, periciales, testimoniales y oficiosas.
6)La delincuente Clarissa Antonini SIN PROVEER NINGUNA PRUEBA ARCHIVO LA CAUSA Y NO ME NOTIFICO DE ESTA DECISIÓN ABERRANTE ESTANDO OBLIGADA  HACERLO.
Por gente como la eposa de Mauro, la gente reacciona como reacciona harta de sofistas y charlatanes de feria que justifican lo injustificable, en un estado de cosas en el que ellos son los principales responsables.
Entonces a editorializar menos y hacer lo que corressponde.
Clarissa Antonini a diario pasa por delante de lugares en los que públicamente se vila la Ley ante su vista, y ella "no ve".
En la puerta de su Fiscalía hay un cenicero, en un lugar que por Código Contravencional, Ley de Profilaxis, resoluciones de CSJBA y normativa vigente, esta prohibido fumar (ámbito cerrado sin acceso al exterior).
El delito como estilo de vida en quienes deben combatirlo.
Después, cuando la gente se enoje, y sean los funcionarios parajudiciale los linchados, no digan que no les avisaron.
Hace décadas que les vienen avisando.
En cuanto a Mauro, que la siga contando como mas le guste.

Una vez más los nadies pagan la inhumanidad de los delincuentes poderosos.

BAHÍA BLANCA

(AW) El panorama carcelario a nivel nacional no regala la más mínima noticia que configure un alivio para quienes padecen el encierro, una condición que no recupera socialmente a nadie. Menos aún en las condiciones que se describen acerca de la Unidad 4 de Bahía Blanca, por caso. Una jueza provincial tuvo que ordenar al director del penal que proporcione alimentación adecuada y elementos de higiene a las personas detenidas y a sus hijos. También pidió el protocolo de actuación de los médicos del sector sanidad, el más irregular del penal, medidas estas inútiles si el servicio respondiera bajo ley y humanidad. La jueza de garantías de Bahía Blanca, Susana Calcinelli, ordenó una serie de medidas cautelares al director interino de la Unidad Penitenciaria N°4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, Daniel Macrini, a fin de garantizar condiciones mínimas de salubridad, alimentación e higiene a las personas detenidas en ese penal. La decisión fue adoptada en el marco del habeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y los fiscales federales de aquella ciudad, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, tras constatar graves violaciones a los derechos humanos durante tres inspecciones. Cacinelli tomó esas resoluciones provisoriamente y en carácter cautelar, hasta tanto adopte una decisión sobre la cuestión de fondo. La jueza ordenó al jefe de la unidad "arbitrar las medidas necesarias a fin de garantizar que se provea alimentación en cantidad suficiente y calidad adecuada para una correcta nutrición de cada detenido", y "las dietas especiales que las indicaciones médicas establezcan".  También, requirió que a todos los pabellones se les provean los elementos necesarios para la limpieza, "especialmente lavandina y detergente, en cantidades adecuadas y periodicidad suficiente".  En ese sentido, Calcinelli ordenó otorgar "mínimamente" a los detenidos y detenidas jabón, shampú, cepillo y crema dental, elementos de afeitado y toallas femeninas.  Por otro lado, requirió "llevar a cabo tareas de desinfectación y desinsectación", en el transcurso de los próximos siete días en todos los pabellones y módulos, y "especialmente en todos los sectores comunes destinados a sanidad y cocina". En el habeas corpus, los fiscales habían reparado especialmente en la situación del sector de sanidad, al que calificaron como "un lugar infecto e inmundo", y pidieron su inmediata intervención.  La jueza citó además las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas y ordenó "asegurar a cada interno el acceso al aire libre de al menos una hora" diaria, "especialmente de aquellos que se encuentran alojados en el Pabellón de Admisión".  Asimismo, ordenó la provisión de leche, pañales y agua pura a cada niño y niña alojado junto a su madre "en cantidades y periodicidad suficiente".  Calcinelli remarcó que si el jefe de la Unidad no puede cumplir con cada una de esas órdenes deberá ponerlo en "inmediato conocimiento" del juzgado y "en forma debidamente fundada".  Finalmente, la magistrada provincial requirió a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, a cargo del médico Mario Calvo, que le informe en 24 horas sobre la existencia de un Protocolo de Actuación o normativa interna que "regule la actuación del personal médico y de enfermería de las distintas Unidades Sanitarias", y "específicamente de aquella que se encuentra en la UP4 local".  En febrero, los fiscales constataron la ausencia de profesionales médicos durante su horario laboral en el penal.  La situación intramuros  Para resolver, la jueza tuvo en cuenta las actas relevadas y las fotografías y videos tomados por los funcionarios durante las inspecciones realizadas al penal en diciembre y febrero pasado. "En la mayoría de los pabellones los detenidos manifestaron ante las autoridades que la alimentación que se les provee consiste en un té a la mañana con pan y luego el almuerzo y la cena resultan incomibles y escasos". Los fiscales dejaron constancia de que en la cocina encontraron "medias reses que aparentaban mala calidad", y que apreciaron "verdura de hoja en mal estado, junto a una gran cantidad de insectos que pueblan la cocina".  Asimismo, detectaron en el pabellón 7 de mujeres "gran cantidad de cucarachas (incluso dentro de la heladera), arañas, un estado de mantenimiento y limpieza deficiente, además de un olor nauseabundo". Agregaron que "la limpieza debe ser efectuada por las propias internas, sin que se les provea por parte del Servicio Penitenciario de elementos destinados a tales fines". Idéntica situación registraron en el pabellón 4, "sucio y con residuos en el piso".  "En la cocina se observó una gran cantidad de nidos de cucaracahas, elementos de cocina y en general en todas las mesadas, repisas y demás superficies. También se observó gran cantidad de moscas y otros insectos", citó la jueza en su resolución. Y agregó que "el Área de Sanidad se observó sucia. Cuenta con duchas y un lavamanos que se observaron también sucios, deteriorados y malolientes". En ese lugar, la limpieza también está a cargo de los propios privados de libertad.

Dos presos asesinados en el penal de Almafuerte.

MENDOZA

(AW)Héctor Ramírez y Fernando Rivarola fueron asesinados, ayer, en el penal de Almafuerte. De acuerdo a una versión, los guardias que custodian el Pabellón N°5, de máxima seguridad, fomentaron la pelea, primero, y, luego esperaron “relajadamente” que se provocaran la muerte. Sin descanso, continúa el plan de aniquilamiento de los privados de libertad. (Fuente: sitioandino)

La diputada Elisa Carrió, presentó una denuncia por lavado de dinero y evasión, por la contratación de habitaciones de hoteles de la familia Kirchner.

El  allanamiento tuvo lugar esta tarde, a las 16:00 en las instalaciones de Austral Construcciones en Capital Federal, pertenecientes al empresario Lázaro Báez, a raíz de una denuncia de lavado de dinero y evasión por la contratación de habitaciones de hoteles de la familia Kirchner.

El procedimiento fue ordenado por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien investiga una denuncia de los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez.

La denuncia es por presunta evasión impositiva y lavado de dinero a partir de trascendidos periodísticos que dieron cuenta de que una empresa de Lázaro Báez contrató varias habitaciones de distintos hoteles de los Kirchner.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes en las oficinas de Austral Construcciones, ubicada en la calle Pasaje Carabelas 241, 5to piso de la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo estaba a cargo de la Policía Federal.

Dos presos, que cumplían una condena por ‘robo’ en el complejo penitenciario de Olmos, lograron escapar en un remís en horario de visita, junto a una joven que ofició como cómplice.

La fuga, según se supo hoy, se llevó a cabo el 30 de octubre pasado en la Unidad Penal 26 que tienen un régimen semiabierto caracterizado por ‘por mantener como eje de la asistencia y el tratamiento un ámbito de convivencia y autogestión’, dice el Servicio Penitenciario Bonaerense:  Los evadidos saltaron un cerco perimetral de unos tres metros de altura y ganaron la calle donde los esperaba la joven con el remís.

Finalmente se dirigieron al partido de Florencio Varela, donde amenazaron al chofer para no pagarle, para después liberarlo ileso, sin despojarlo de sus pertenencias.

La Policía y el Servicio Penitenciario provincial realizó un intenso operativo de rastrillaje para tratar de dar con los prófugos, pero el mismo no había dado resultado positivo.

Los presos fugados fueron identificados como Hugo Darío Olmos Echaniz, de 32 años, y Pablo Llorente Ferreyra, de 30: el primero de ellos fue condenado por Tribunal Oral Criminal (TOC) número 1 del Departamento Judicial de Mercedes, y el otro bajo el Juzgado de Ejecución Penal número 2, de Morón, de acuerdo con la información difundida por el diario El Día, de La Plata.

El delincuente Boudou en apuros.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de nulidad contra el testimonio de Laura Muñoz, exesposa de Alejandro Vandenbroele, socio y supuesto testaferro del presidente en ejercicio, Amado Boudou, en la exCiccone Calográfica.

En la causa, llevada por el juez Ariel Lijo, Boudou está imputado por presunto tráfico de influencias.

Fuentes judiciales informaron que:  la Sala IV de la Cámara no hizo lugar al planteo para invalidar el testimonio de la ex esposa de Vandenbroele quien como titular de la firma The Old Fund compró la gráfica Ciccone luego de que se levantara la quiebra que pesó sobre esta última.

Muñoz aseguró que:  su exesposo Vandenbroele era ‘testaferro’ del vicepresidente Amado Boudou.

Vandenbroele había pretendido que se declare inválido su testimonio basándose en la norma penal que prohíbe que una persona declare contra su cónyuge.