Modificación del Código Civil.

“Con el nuevo Código Civil, se perderá el acceso público a la totalidad de los ríos del país”

En esta nota, el investigador y especialista Alejandro Olmos Gaona, escribe sobre  las consecuencias de la modificación del Código Civil sobre el camino de sirga,  la reducción de la franja en 20metros y la eliminación del carácter público del espacio.

Con el nuevo Código Civil, que hoy comienza a tener vigencia, se modificó el limite de restricción del dominio de los propietarios ribereños, que ahora podrán disponer de una extensiòn que no tenían conforme el viejo Código de Vélez Sarsfield.

El llamado camino de sirga cumple una misión fundamental tanto para preservar los ecosistemas costeros, como para garantizar la libre circulación y acceso a los bienes naturales de dominio público, como son los ríos.

Existe una clara tendencia, observada en los últimos años, a priorizar el derecho de propiedad sobre el interés público y el ambiente, y debido a ello, se han podido ver en la totalidad del territorio nacional, proyectos, para liberar restricciones al dominio, concesionar espacios públicos, y permitir la realización de mega emprendimientos, que con el pretexto de generar empleo y otros artilugios de diversa factura, solo tienen por objeto el desmedido afán de lucro de grandes empresas, y especuladores varios, que han decidido enriquecerse a costa del interés de toda la comunidad.

El Código Civil en su anterior redacción situó al camino de sirga en el capítulo de los derechos reales y lo contempló como una restricción al dominio privado a favor del interés general, y la Corte Suprema de Justicia así lo consideró en términos concluyentes, dejando de lado anteriores contradicciones doctrinarias sobre su naturaleza.

Existen una gran cantidad de casos respecto de los reiterados incumplimientos de la disposición legal del camino de sirga de parte de los propietarios ribereños y de muchos particulares, que lo desnaturalizan abusando del derecho que se les ha conferido. Al respecto el Dr. Carlos Güttner (El “Camino de Sirga” en la reforma del Código Civil: Objeciones a su reducción, Buenos Aires, junio 2013)) ha señalado “que los infractores son propietarios ribereños que suprimen el camino de la ribera a expensas de los derechos individuales de pobladores naturales y del resto de la sociedad violando el orden legal y cometiendo toda clase de delitos, desde la usurpación de las costas que son de dominio público hasta desalojos compulsivos seguidos de muerte en las tierras fiscales aledañas a cursos de aguas naturales” Así se ha podido comprobar muchos casos que muestran la discrecionalidad con la que se manejan los propietarios en violación a la ley.

El 30 de agosto de 2006, en la desembocadura del río Quilquihue, en la Provincia de Neuquén, asesinaron a Cristian Gonzalez, por pescar desde la costa. El autor fue el guardia de un complejo de cabañas privadas edificadas ilegalmente en la zona ribereña. Desde allí, de manera ejemplar, su familia ha conformado la Asociación Civil Cristian Gonzalez y viene luchando denodadamente por el libre acceso a los ríos y lagos de todo el país.

Hoy con la puesta en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, se perderá el acceso público a la totalidad de los ríos del país. Miles de kilómetros cuadrados, actualmente de acceso público, dejarán de serlo y veremos –impotentemente- como se corren los alambrados sobre sus orillas impidiendo el acceso y goce por la población.

Asimismo, además de esta pérdida del carácter de “camino público”, la disminución de las dimensiones fijadas en el anterior Código Civil, además de impedir el libre acceso a los ríos, permitirá construcciones que acotarán notablemente el corredor biológico que los ecosistemas de las cuencas hídricas poseen, con un severo impacto ambiental de consecuencias impredecibles.

La principal beneficiada (y promotora de esta reforma) es la especulación inmobiliaria. Su principal objetivo es la proliferación de barrios cerrados y countries en el Delta bonaerense, los ríos de la Patagonia y de la Mesopotamia que serán -desde ahora- sólo de acceso de los dueños ribereños. Una vez más los emprendimientos comerciales, consiguen la modificación de un sistema legal protector de los bienes públicos, en beneficio del interés privado, que se limita a unos pocos que gozarán de beneficios en desmedro de toda la comunidad.

No se puede seguir permitiendo la privatización reiterada y encubierta del espacio público, dictando normas que habilitan esa apropiación en beneficio de unos pocos, utilizando criterios de dudosa legalidad, y que desconocen realidades que se pueden observar a lo largo del país.

Alejandro Olmos Gaona

*Historiador, investigador, ex asesor de la Cámara de Diputados, asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa.