La construcción fue frenada el 8 de enero por un fallo de segunda instancia de la Justicia de Córdoba que declaró inconstitucionales las autorizaciones que fueran dadas por el gobierno provincial y municipal. Aunque este fallo no se encuentra firme dado que Monsanto y el Municipio de Malvinas Argentinas, presentaron un recurso de casación que aun espera sentencia. De este modo es que, la autorización municipal dada por la Ordenanza N°821 continúa vigente.
El pasado 10 de Febrero, la Comisión Técnica Interdisciplinaria del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no aprobó el estudio el estudio de impacto ambiental tal como fue presentado por lo que recomendó a la Secretaría de Ambiente no autorizar la construcción de la planta. Monsanto respondió a este revés con la presentación de recurso de reconsideración que aún no fue contestado.
En la manifestación del 20 de marzo a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, el intendente Arzani recibió a los asambleistas. El intendente expresó su temor a que el municipio de Malvinas pueda recibir una eventual demanda por parte de Monsanto.
Los temores de Arzani son infundados y son una maniobra dilatoria para beneficiar a Monsanto.
El Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas autorizó la construcción de la planta mediante la Ordenanza N°821, que prevé en su art. 3, que los gastos de la empresa en el predio hasta la aprobación es estudio de impacto ambiental y los demás requisitos, corren por cuenta de la propia empresa. Y en el artículo 5, que prevé que el derecho a construir queda caducado a partir del incumplimiento cualquiera de los requisitos municipales o provinciales.
Los asambleistas de Malvinas le reclaman a Arzani, un decreto municipal similar al que firmara Juan Jure, intendente de Río Cuarto que paralizó la radicación de Monsanto en esa ciudad y que cumpla su promesa de detener la obra si no se cumplían con los requisitos. Pero en una entrevista al medio Cadena3 Arzani ya adenlantó su estrategia conjunta con Monsanto: “Estamos trabajando en la última resolución del Ministerio de Ambiente, que seguramente afecta a algunos artículos de nuestra ordenanza y nos da la posibilidad de trabajar con nuestros asesores para hacer lo mismo que la Provincia, trasladar la responsabilidad a la empresa y volver a foja cero” y “Nos vamos a tomar el tiempo que haga falta, que nos de la seguridad jurídica para que este municipio no tenga ningún problema”.
La estrategia de Arzani es ignorar su responsabilidad, y trasladar la responsabilidad nuevamente a la empresa, que intentará presentar un nuevo estudio de impacto ambiental según la nueva ley provincial de ambiente que está siendo tratada en el Congreso Provincial.
Mientras tanto Monsanto sigue inundando de propaganda mentirosa y promesas a la ciudadanía cordobesa, incluidos docentes y establecimientos educativos, con la esperanza de que un nuevo estudio de impacto ambiental y una población engañada le permitan avanzar con la construcción de la planta de Malvinas Argentinas.
Matías Diaz
BWN Argentina
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