Cárcel de QuatreCamins.

"No creo en la justicia ni en el derecho, creo en las conquistas"

(APL)José,  hoy libre, también fue testigo en el juicio a los carceleros, y nos explica los hechos sucedidos en 2004 así como algunos de los proyectos surgidos en defensa de los presos, como es, actualmente, la campaña Cárcel = Tortura. “La noche del 30 de abril la situación estalló por la agresión de dos carceleros a un preso que además se llevaron a aislamiento. Se hizo un piquete, que se disolvió, pero entre el tumulto el subdirector Manuel Tellón quedó herido y otro carcelero retenido. Se formó entonces el motín y yo actúe como portavoz de los presos y por ello fui torturado esa misma noche junto a otros compañeros. Tras nueve años hemos conseguido llevar a juicio a 8 de los torturadores, aunque de los 28 denunciantes muchos se han quedado por el camino, algunos asesinados en las cárceles y otros retiraron la denuncia por las presiones y torturas”. Tramo significativo del reportaje al compañero.(Fuentes: Confederación Nacional del Trabajo-Barcelona, organización anarcosindicalista y Boletín Tokata)

Para situarnos, ¿nos podrías explicar lo que sucedió en 2004 en la cárcel de QuatreCamins?
En aquella cárcel se da una acumulación sistemática de torturas. La noche del 30 de abril la situación estalló por la agresión de dos carceleros a un preso que además se llevaron a aislamiento. Se hizo un piquete, que se disolvió, pero entre el tumulto el subdirector Manuel Tellón quedó herido y otro carcelero retenido. Se formó entonces el motín y yo actúe como portavoz de los presos y por ello fui torturado esa misma noche junto a otros compañeros. Tras nueve años hemos conseguido llevar a juicio a 8 de los torturadores, aunque de los 28 denunciantes muchos se han quedado por el camino, algunos asesinados en las cárceles y otros retiraron la denuncia por las presiones y torturas.
¿Para qué ha servido este juicio?
Para que se haga más visible el tema de los abusos que sufren las personas que están en la prisión, que llegue a la calle y que los colectivos antipresidios tomen conciencia de ello. En la cárcel es muy evidente que el asalariado, un simple padre o madre de familia, es quien está torturando en nombre del Estado. Más allá de esto… yo como libertario no creo en la justicia del Estado y no espero una sentencia justa. Aún si salieran condenados luego pueden ser indultados o clasificados en regímenes abiertos.
¿En que estas trabajando para evitar que las torturas sigan sucediendo?
Estamos trabajando para conseguir que no sea un órgano dependiente del Estado el que pueda intervenir y evaluar lo que sucede en las prisiones o en los CIES. En Catalunya se está organizando la primera Asociación para aplicar el Protocolo de Estambul que España por ahora no acata, pues no permite que instituciones no dependientes del Estado puedan evaluar la situación en la que viven las personas reclusas. Estamos empezando a reunir abogados y médicos propios, afines, que puedan asumir esas funciones para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos en ese tipo de centros. Aún falta y por ahora no tenemos permiso para entrar. Hoy por hoy cuesta mucho denunciar las torturas. En Catalunya está el Síndic de Greuges que tiene la función de atender las quejas de las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones. Desde 2004 el Síndic lo ocupa Rafael Ribó pero él no es más que un muñeco. Detrás de esta institución siempre han estado carceleros tecnócratas como Ignaci García Clavel que había sido director general de Servicios Penitenciarios con CIU. Esta gente nadie la elige para ocupar estos cargos, no se vota, pasan de una administración a otra y son personas que controlan muy bien el tema del dominio y el castigo.
¿Qué opinas del hecho de que UGT-Presons haya asumido la representación legal de los carceleros durante el juicio?
Si leéis alguno de los comunicados de UGT-Presons ya os haréis a la idea de cómo tratan a los presos, insultándonos y descalificándonos constantemente. Ahora asumen la defensa legal de los represores y esto está pagado por los ciudadanos. Este sindicato junto con CCOO y CATAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) son los que siempre han estado gobernando las cárceles. CATAC no hace mucho que ha hecho una petición para que se abra una nueva prisión aquí en Catalunya lo que equivale a decir que quieren más represión y ya tienen sus carceleros preparados para hacerlo. Además no hay que olvidar que este sindicato, escondido en el Alternatiu, se fundó con gente que provenía del sindicato vertical franquista.
¿Con que apoyos cuentan las personas reclusas?
Está la Coordinadora para la prevención de la Tortura, elObservatori del Sistema penal y el DretsHumans y sobre todo los apoyos de familiares y amigos. También es muy importante la campaña Cárcel = Tortura que comenzó a principios del octubre pasado, y lo más importante es que salió desde dentro de las cárceles, una iniciativa de los propios presos del Estado español junto con algunos colectivos anticarcelarios. Con ella pretendemos decir que la prisión por sí misma es una tortura y nosotros que la hemos vivido no nos creemos que un sistema de castigo pueda hacer que la sociedad sea mejor. Hemos realizado unas 15 asambleas y tratamos distintos temas como las continuas órdenes de dispersión de los presos. El objetivo principal es evidenciar las torturas y maltratos que se cometen cada día en los centros penitenciarios, dando apoyo para que denuncias como las que he presentado yo progresen y hacer presión y difusión para frenar los abusos de poder. Y sobre todo como te decía al principio que esto se sepa en la calle y con el apoyo de la gente poner fin a estas prácticas. Como siempre nos estamos encontrando con grandes presiones por parte de carceleros, jueces y funcionarios usando el miedo para que la campaña no prospere.
Para terminar, ¿me podrías comentar algún caso en concreto del que te estés ocupando?
Está el de Joaquín Manrique que se encuentra con un cáncer terminal en la cárcel de Brians 2 y estamos esperando a que la jueza dicte una nueva resolución porque la fiscalía impidió su salida de la cárcel, pese a que la legislación penitenciaria obligaba a concederle la libertad debido a la grave enfermedad. Manrique está convencido que está pagando las consecuencias por denunciar malos tratos, pues ha participado mucho en la campaña Cárcel = Tortura denunciando los abusos cometidos principalmente en la prisión de Lladoners.

Servicio Penitenciario Federal.

BATUCADA Y CONCENTRACIÓN EN DEVOTO CONTRA LOS EX DICTADORES Y EN DEFENSA DE LAS MUJERES PRESAS CON SUS BEBÉS EN LA U-31

Servicio Penitenciario Federal + JUSTICIA = GENOCIDAS

(APL)“Se ha cometido el acto perverso de trasladar a los cientos milicos culpables de desapariciones, tormentos, torturas, apropiaciones de bebes y asesinatos, desde el penal masculino de Marcos Paz, (por una supuesta superpoblación, acomodando a una parte de estos genocidas, en el único penal femenino destinado a mujeres embarazadas y madres de niños menores de 4 años, la Unidad 31. Ante la nula visibilización de este hecho acontecido los últimos días de mayo, en el submundo de la privación de libertad, venimos a denunciar la terrible complicidad que ejecutan desde el Servicio Penitenciario Federal y la Justicia, a favor a los condenados por delitos de Lesa Humanidad de la última dictadura militar”. Así empieza la convocatoria de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste para el lunes 23 de Junio frente a la Cárcel de Devoto en Bermúdez y Nogoyá.

Siendo estas mujeres la porción de población femenina de detenidas más vulnerables, han sido trasladas aproximadamente 30 de ellas con malos tratos, golpes, sin sus pertenencias, a diferentes penales como al complejo penitenciario IV (ex Unidad 3 de Ezeiza), Salta o La Pampa, perjudicándolas en sus condiciones de encierro, justificándolo para alojar a estos esbirros.
Debemos tomar conciencia que los privilegios de los que gozan estos integrantes de las fuerzas al estar en manos de otra fuerza militarizada, oprimen directamente a la población de presas sociales, sus hijos y sus seres queridos, que han de convivir con los monstruos.
No descartamos que en un futuro próximo continúen estos traslados, de las mujeres que aún permanecen en esta Unidad 31, atropellando los derechos más básicos que les ampara.
La dispersión de ellas a provincias tan lejanas, las castiga del contacto de sus visitantes, como perjudica a tantas de ellas de otras nacionalidades, de la protección de sus consulados.
También con este incoherente parche genera una superpoblación en el Complejo IV.
La realidad de las mujeres en contexto de encierro siempre ha sido cruel e indigno, sumándose ahora los inmorales fundamentos de agraciar a los criminales más peligrosos que hoy en día se encuentran entre rejas, lejos de tratarse de una cárcel común.

No sorprende que desde el Estado, sean responsables de estas atrocidades, a las que someten a mujeres de nuestro pueblo, pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Somos consientes que una gran mayoría prefiere mirar a otro lado de las realidades que se sufren intramuros, pero cuando de los genocidas se trata debemos tener claro que supera cualquier ética humana.
Ante la coacción de perder el vínculo con sus hijos, estas detenidas madres, se ven obligadas a someterse a estos métodos nefastos que dirigen sus vidas, perjudicando directamente a los menores.
Nos preocupa el silenciamiento de esta realidad, que día a día se va transformando en atrocidades naturalizadas.

En repudio de los alojamientos VIP a estos crueles responsables de una de las barbaries de nuestra historia reciente, tiene que ser colectivo y masivo como responsabilidad de todos.

Es imprescindible asumir instancias de lucha, ante semejante tenacidad de seguir con la impunidad de los culpables del terrorismo de estado.

No basta con el lamento de esta atrocidad, es necesaria la acción inmediata y urgente de todos.
Coordinadora Antirrepresiva del Oeste

Nueve personas murieron esta mañana en el incendio ocurrido en las instalaciones del depósito de la empresa Iron Mountain dedicada a la protección de documentación.

La causa del hecho sería por una falla de seguridad. Seis bomberos de la Policía Federal, un voluntario del cuartel de La Boca y dos miembros de Defensa Civil son los fallecidos en la tragedia. Según se informó, las víctimas son Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica y Juan Matías Montecheli, pertenecientes al Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal. También figura en la lista el comisario inspector Leonardo Arturo Day, jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal Bomberos de la PFA; los bomberos Sebastián Campo, de Vuelta de Rocha, José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico, y Pedro Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. El secretario de Seguridad Sergio Berni informó que aún hay seis personas que permanecen internadas pero que evolucionan favorablemente. Alicia Vázquez, presidente de Bomberos de San Telmo y Puerto Madero, recordó a Sebastián Campo, integrante de su cuartel: “Sebastian era un dulce de leche. Estaba siempre dispuesto. Su señora había sido bombero voluntario y su papá también lo fue. Su familia llevaba en la sangre el voluntariado”. “Esta tragedia nos enluta a todos. Es como perder un hijo”,  agregó con voz quebrada. Anahí Garnica, en una entrevista dijo que toda su vida quiso ser bombera, como mi papá. A los 18 años no había mujeres bomberas hasta que finalmente se aceptó y Anahí interesó al cuartel. Además contó la experiencia de ver a la gente que se sorprende cuando ve que es una mujer y lo agradable que es cuando le agradecen por su trabajo. Por otra parte, la fiscal Marcela Sánchez está a cargo de la Fiscalía 37 y de la  investigación del incendio. Sánchez estuvo en el lugar y se entrevistó con tres empleados que sobrevivieron a la tragedia. Ellos le comentaron que nunca se activó el sistema anti incendio, un sistema de riego que debería haberse activado por el calor o el humo, lo que daría como resultado que la causa del incendio sería una falla de seguridad.

El Gobierno informó hoy que: “los resultados del allanamiento que se realizó en la sede del Ejército ‘fueron totalmente negativos’” y el senador radical Gerardo Morales anunció que “denunciará por presunta ‘violación del secreto de sumario’ al ministerio de Defensa”.

Por orden del juez federal Julián Ercolini el último lunes se realizó un allanamiento en el Edificio Libertador, luego de que Morales asegurara la semana pasada que el jefe del Ejército, César Milani, realiza tareas de inteligencia sobre él y otros dirigentes políticos y periodistas.

No obstante, el Ministerio de Defensa señaló mediante un comunicado que: “las tareas de inspección de las instalaciones  ofrecieron  resultados totalmente negativos”  y sostuvo que “ese tipo de acciones  ponen en riesgo aspectos fundamentales de la Defensa Nacional”.

La cartera que encabeza el ministro Agustín Rossi subrayó que la inspección incluyó ‘análisis de documentación y registros informáticos’ y remarcó que “no se ha encontrado prueba alguna de las acusaciones públicas esgrimidas por el senador nacional Gerardo Morales”.

En esta línea, el Ministerio de Defensa acusó a Morales de tener “una  irresponsable actitud por realizar sistemáticamente denuncias infundadas que, como en este caso, a las pocas horas terminan en la nada” y sostuvo que “son falsas las versiones periodísticas que señalaban que se habían secuestrado computadoras”.

En respuesta, Morales anunció que “este viernes pondrá a consideración del juez Ercolini que  es el ministro de Defensa quien esta incumpliendo la ley y violando el secreto de sumario”  al revelar detalles del allanamiento.

El senador también sostuvo que “con la designación de Cesar Milani al frente del Ejército hace rato que el kirchnerismo ha puesto en riesgo no sólo la defensa sino también, y muy lamentablemente, la democracia”.

“A mí no me sorprende que en el allanamiento no encuentren nada. La gente de inteligencia no guarda en la computadora datos, por esa razón,  como medida judicial el allanamiento es bastante poco eficaz”.

El senador jujeño agregó: “Supongo que el juez estará pensando qué medidas alternativas debe tomar sobre el asunto”.

“El Ejército  no puede realizar tareas de inteligencia interna” e insistió en que “dirigentes políticos y periodistas son  espiados por esa fuerza”.

Rossi volvió a negar las acusaciones de Morales al afirmar que “el Gobierno es respetuoso de las leyes. Involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades de inteligencia interior sería un retroceso”.

En  declaraciones a Radio El Mundo, el ministro volvió a defender el ascenso de Milani a teniente general, aprobado la semana pasada por el Senado, al afirmar que “es la cuarta promoción que la Cámara alta aprueba y antes no existió la polémica que se generó en estos días”.

“Ya era un general con responsabilidades importantes dentro de la estructura del Ejército. En junio se dio el debate y decidimos decirle a Milani que se presente voluntariamente en los juzgados de La Rioja y Tucumán y no hubo ninguna modificación en su situación procesal. No comparto la mirada que pone en dudas nada”.

El último lunes, Ercolini ordenó allanar el Edificio Libertador a partir de una denuncia presentada el mismo día por el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, quien en un escrito sugirió el allanamiento como medida de prueba tras las declaraciones de Morales.

Se trató de un procedimiento en el que intervinieron 50 agentes de la Prefectura y que fue presenciado por Milani.

Otro de los puntos sensibles del procedimiento fue la Sala de Situación, donde según denunció Morales se realizan las tareas de inteligencia contra dirigentes políticos o periodistas.

Según fuentes del caso, sería clave la declaración de un personal militar que podría aportar información sobre las presuntas tareas de inteligencia realizadas, pero la misma aún no fue ordenada por el juez.

Rechazo a la reforma del código procesal penal.

SALTA

(AW) Tras la reforma de la Ley 7690 (Código Procesal Penal de la Provincia), distintas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, entre las cuales se encuentran APSADES-Fesprosa, CTA y el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, decidieron conformar la Multisectorial en defensa de las libertades democráticas. Ante el revés electoral, y con la excusa de luchar contra el narcotráfico, el gobierno que encabeza Juan Manuel Urtubey busca instrumentos para reprimir las demandas de la población, y su última medida fue aprobar en trámite súper exprés, una reforma al Código Procesal Penal, por la cual se otorga potestades a la policía de la provincia para requisar a los ciudadanos sin orden ni control del juez de garantías, violando la Constitución Provincial y Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango Constitucional firmados por la Argentina; en claro retroceso en cuanto a las libertades de los ciudadanos, que evoca los tiempos más violentos de la represión por parte del estado en nuestro país.   Es lamentable que ante la decisión del gobernador y de sus urgentes instrucciones a ambas cámaras legislativas, no fueron consultados ni juristas de trayectoria en materia penal ni el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia, tal como la reforma lo amerita en tanto ser de trascendencia para la comunidad. Como resultado del obrar negligente de los poderes públicos (ejecutivo y legislativo provincial), debemos señalar que a poco más de un año de implementada la Ley 7690, la que ni siquiera llegó a aplicarse plenamente en toda la provincia, generándose situaciones tales como que en Salta Capital confluyan dos códigos distintos al mismo tiempo, la justicia penal salteña se encuentra envuelta por un manto de incertidumbre, fruto del desorden y decisiones que hicieron colapsar el sistema vigente. Esta reforma se produce en un contexto donde la acumulación de poder es rector en la materia, encontrando de este modo que una misma persona ostenta los cargos de Procurador Fiscal y Defensor General, evidenciándose una incompatibilidad en el ejercicio de funciones contrapuestas como lo son la acusación y defensa pública. Estas desprolijidades generan incertidumbre e inseguridad jurídica para toda la comunidad, colisionando abiertamente con los principios republicanos de la división de poderes, el debido proceso y el derecho de defensa. Ante esta situación, el mismo día que Senadores aprobaba la Reforma, la policía, considerando que un joven tenía cara de “rompevidrieras”, lo golpearon y dispararon con balas de goma, inmediatamente, cuentan los vecinos del Barrio donde acaeció el hecho, llamaron refuerzos fingiendo un enfrentamiento entre patotas y policías. La Policía salteña, fuertemente cuestionada por vínculos con el narcotráfico, que ocupa los primeros lugares en el ranking nacional por el “gatillo fácil” y por los apremios ilegales, lejos de ser auxilio y guarda de las vidas y bienes de las personas, de esta manera se pone al servicio del accionar represivo del gobierno provincial, poniendo en riesgo las libertades y derechos democráticos de los ciudadanos. El hecho de otorgar potestad para que personal policial pueda requisar a los habitantes sin orden y control de un Juez de Garantía, es una situación que no resiste análisis posible, deviniendo en una clara afrenta contra las normas constitucionales y posibles responsabilidades del estado salteño ante organismos internacionales por su contradicción con los tratados de idéntica jerarquía. Es por ello que este Congreso, al igual que lo hiciera frente a la ley antiterrorista, se pronuncia en contra de la reforma, exhorta a su inmediata derogación y apoya las acciones con este fin que realice APSADES en unidad con todas las fuerzas democráticas de Salta. Fuente: fesprosa.com

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió condenar a prisión perpetua al ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez por el homicidio de Wanda Taddei.

El Tribunal revocó la condena a 18 años de prisión al músico y resolvió imponer la pena de prisión perpetua, al considerar que Vázquez no actuó bajo emoción violenta y cometió el delito de homicidio simple agravado por el vínculo.

La Sala IV resolvió rechazar las nulidades presentadas por la defensa y aseguró que hubo intencionalidad por parte de Vázquez al prenderla fuego a su esposa en febrero de 2010.

Jorge Taddei, padre de la víctima dijo a los medios que: “Se hizo justicia”.

Wanda Taddei falleció en febrero de 2010 debido a las quemaduras ocasionadas en su cuerpo durante una discusión con su marido.

El tribunal entendió que Vázquez le prendió fuego de manera intencional, rechazando la versión del acusado, que afirmaba que Taddei se quemó de forma accidental después de haberse acercado con una botella de alcohol en la mano y derramar el líquido durante un forcejeo.

La joven estuvo diez días en un hospital y murió a consecuencia de la gravedad de las quemaduras.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la convocatoria a juicio oral y público del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en una de las causas por supuestas dádivas en su contra, al hacer lugar a planteos de las defensas.

Se trata de una de las causas más avanzadas en contra de Jaime y en la cual el juez federal Julián Ercolini sólo restaba que fije la fecha del juicio oral y público.

La Sala IV de la Casación decretó: “nula la citación a juicio al considerar que Ercolini previamente debía resolver un planteo de recusación en su contra hecho por las defensas”.

Es la misma causa que está imputado el empresario Claudio Sergio Cirigliano, ya que se sospecha que éste pagó varios viajes aéreos a Jaime hacia distintos destinos y cuando éste en función de su cargo era quien debía controlar las empresas de transporte de aquel.

Los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos resolvieron: “anular el auto de citación de las partes a juicio de Jaime y demás acusados”.

“Lo hasta aquí expuesto asigna viabilidad al argumento desarrollado por la defensa en punto a que el auto de citación a juicio cuestionado fue dictado mientras se encontraba cuestionado el ejercicio imparcial de la administración de justicia circunstancia que compromete en el caso por su naturaleza y alcance a la garantía de debido proceso”.

Además  consideran que: “la convocatoria a juicio echa en octubre del año pasado  no se presenta compatible ni ha sido fundado en el caso expresamente, con el requerimiento de elevación de los autos a una instancia procesal superior con motivo del reclamado apartamiento del magistrado justamente a cargo del juicio plenario correccional”.

El juez Claudio Bonadío (el mismo que instruyó esta causa) ordenó la detención de Jaime en otra causa por supuestas irregularidades en pagos al Belgrano Cargas, se lo acusa de haber realizado varios viajes aéreos entre septiembre de 2006 y julio de 2009 pagados por Cirigliano.

La causa cae,  por sorteo y para hacer el juicio,  en el juzgado de Ercolini, las defensas lo recusaron al considerar que éste tenía ya una opinión formada sobre el tema por haber intervenido en otra causa similar.

Ercolini rechazó la recusación y convocó a juicio, esa decisión fue apelada y aún está en trámite en Casación.

El exsecretario de transporte logró hace días que se suspenda el inicio en Córdoba de otro juicio, en donde se lo acusa de querer sustraer pruebas durante un allanamiento.

La invasión de la Catedral Metropolitána por una banda de delincuentes subversivos fué vengada al grito de Viva Cristo rey!!!

ATAQUE AL BAR DEL MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD

Fue una patota de 10 personas (AW) El Bar La Dignidad fue atacado anoche por una patota de diez personas al grito de "zurdos de mierda" y "Viva Cristo rey". Rompieron los vidrios de la ventana que da a la calle, hubo insultos a clientes y vecinos. El Movimiento Popular La Dignidad vincula el hecho a su protesta del día de ayer en la Catedral metropolitana. Foto: Luis Angió Por Liliana Giambelluca Pasadas las 22, un grupo de aproximadamente 10 personas vestidas de negro, al grito de "zurdos de mierda", "Viva Cristo rey" y otros insultos irrumpieron en el bar del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), ubicado en Aguirre 29, del barrio de Villa Crespo. Destruyeron vidrios y mobiliario. Agredieron a clientes, a militantes que atienden el bar y a vecinos. Cuatro de los agresores salieron corriendo del lugar y fueron atrapados por la policía. Los trasladaron a la Comisaría 27 y testigos del hecho los identificaron. El Bar La Dignidad es cooperativo y autogestionado, se realizan todo tipo de actividades culturales abiertas al barrio. Sofía Fernández, quien estaba en el local durante la agresión, dijo que "es claro que esta acción está ligada a nuestra movida de hoy en la Catedral en defensa de la educación pública. Estas personas vinieron a romper directamente. No dijeron nada y estaban bien vestidos". El MPLD difundió un comunicado, donde manifiestan su repudio "a cualquier intento de amedrentarnos y/o atacarnos. Les decimos: no nos esconderemos y seguiremos luchando por los derechos del pueblo". Protesta en la Catedral metropolitana en defensa de la educación pública Unos doscientos militantes del MPLD y docentes realizaron ayer una toma pacífica de varias horas en la Catedral metropolitana, en protesta por los subsidios que recibe la educación privada, especialmente las escuelas ligadas a la Iglesia Católica. El objetivo fue denunciar la política privatista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y defender la educación pública como un derecho inalienable del pueblo. La decisión de tomar la Catedral fue consensuada entre docentes y padres de alumnos, cansados de que sus reclamos no reciban atención ni respuestas por parte del ministro de Educación de la Ciudad. "Apoyamos la lucha gremial y salarial de los trabajadores y además pedimos que se reconozcan a las escuelas populares y que se contemple la planta docente", precisó Damián Ripetta, militante del Movimiento. El MPLD sostiene el funcionamiento de cinco jardines maternales, tres bachilleratos para adultos y tres primarios con modalidad popular, es decir un sistema educativo que tiene más que ver con una propuesta liberadora de la educación, que con el sistema formal. Pero para esa metodología educativa, que funciona en villas y barrios precarizados, el gobierno de la Ciudad, tampoco brinda apoyo. Por su parte, Rafael Klejzer, referente del MPLD, dijo a la agencia de noticias DyN que "el gobierno porteño subsidia a más de 1.000 escuelas privadas, de las cuales más del 50% están administradas por la Iglesia Católica". La ocupación del espacio religioso porteño se inició poco después de las 10 y se extendió hasta las 15.30 tras obtener el "compromiso de una reunión para esta semana con funcionarios de la jefatura de Gabinete porteño", dijo a DyN Laura Bitto, otra de las referentes del Movimiento. Bitto agregó que "no obtuvimos respuesta del Ministerio de Educación de la ciudad, sí de la Jefatura de Gabinete, por eso resolvimos levantar la protesta. Nuestro compromiso sigue, vamos a ver qué respuesta nos da el gobierno de la ciudad". Aunque no hubo incidentes mayores, un grupo de 30 o 40 muchachos de la derecha católica empezaron a empujar, incluso a los periodistas, para que los militantes dejaran el edificio. Los manifestantes se mantuvieron en el interior del templo con banderas y carteles, sin impedir el ingreso de los feligreses. Foto: Luis Angió Video: En Movimiento TV. Testimonio de testigo del ataque al Bar La Dignidad: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UMQDRBp0Fbs El documento que difundió el MPLD, antes de la toma, es el siguiente: El Movimiento Popular La Dignidad dice "Basta de achique y privatización. Basta de subsidiar a las privadas" El Gobierno macrista insiste en llevar adelante su política de vaciamiento y privatización de la educación pública. Hoy el Movimiento Popular La Dignidad y se hace presente en esta acción de lucha para denunciar, evidenciar y resistir el avance de las políticas anti populares y empresariales. El presupuesto destinado a educación privada sube año a año. Este año fue del 27% (1652 millones). El presupuesto para la gestión estatal aumentó sólo un 3%. El presupuesto para infraestructura escolar cayó un 47%. Hay 1000 escuelas subsidiadas en la ciudad de buenos aires de las cuales más del 50% son confesionales. El presupuesto destinado a la gestión privada duplica al presupuesto destinado al área de inicial de gestión estatal. El gobierno porteño disminuyó el porcentaje del presupuesto total destinado a educación en un 2% respecto del año anterior y aumenta los subsidios a la educación privada en un 24 %. En 2012 el gobierno de Macri entregó subsidios a 445 escuelas privadas. En 2013 proyectan subsidiar 1022 escuelas privadas, cuando el total de escuelas primarias públicas en la Ciudad, contempladas en el mismo presupuesto, es de 441 y 210 jardines públicos. No proyectan la construcción de escuelas, cuando el hacinamiento y la ausencia de escuelas, sobre todo en la zona sur de la ciudad, es un problema que se agrava cada día más. Para esto el presupuesto propone como solución profundizar el plan de traslados a otros distritos de niños y niñas que no obtengan su vacante en el barrio donde viven. Una locura que no sólo no contempla la realidad de las familias y lxs niñxs afectados si no que se proclama como solución incluso al problema de matrícula en las escuelas de la zona norte "optimizando el uso de las aulas". Se proyecta para el nivel inicial la construcción de 11 jardines, que de construirse, generarían solamente 2800 vacantes, cuando la necesidad y la demanda asciende a más de 7000 vacantes para este nivel. Para satisfacer esta demanda el gobierno está destinando parte del presupuesto al desarrollo de programas en desarrollo social "supervisados" desde el ministerio de educación, sobre todo para la atención de la primera infancia. Son los ya famosos CPI del macrismo que avalan la privatización y la precarización de la educación pública y la mirada asistencial y mercantilista sobre la infancia y la educación. Aparecen convenios con fundaciones como parte de la implementación de un programa de educación sexual que pretende desresponsabilizar al Estado en las escuelas y jardines, haciendo hincapié en la familia como la encargada principal de la formación inicial de los niños y niñas, discurso que se condice con una mirada neoliberal y religiosa. En este punto denunciamos que el gobierno de la ciudad convoca a ONGs para dar talleres especiales de educación sexual en las escuelas que lo soliciten. Esto se hace previa firma de convenios que se incluyen en el presupuesto como transferencias al sector privado. Este año tuvimos la experiencia de los talleres dictados por la Fundación "El arte de vivir" y sus concepciones sobre la "familia tradicional" y las "buenas costumbres", altamente discriminatorias y patriarcales. Denunciamos esta política privatista y proponemos seguir luchando por: -La construcción de escuelas y jardines. -Garantizar el acceso a la educación pública a todxs lxs niñxs que quedan sin vacantes año a año. -El reconocimiento de las Educadoras Populares que desde hace un año son parte de nuestra construcción pedagógica. -No al subsidio a la educación privada. Inversión en infraestructura, mobiliario, material didáctico y edificios adecuados para la educación pública. -Aumento de los salarios para fomentar la formación docente y el fortalecimiento del sistema educativo desde el trabajo en pareja pedagógica y la formación real de equipos de trabajo en las escuelas y jardines. -Reconocimiento de las Primarias Populares. -Computadoras para los bachilleratos populares. -Que las cooperativas de trabajadorxs participen en la construcción y refacción de escuelas públicas. - No al recorte de los programas de gestión asociada. -No al vaciamiento, cierre ni despidos encubiertos del programa socioeducativo. Por todo esto, estamos hoy en este lugar, luchando y defendiendo lo que es nuestro, construyendo lo que como pueblo nos merecemos y es nuestro derecho. Educación pública, libre, gratuita y laica. Basta de subsidiar a las instituciones privadas. MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD

Juan Carlos Pérez, un patotero que dio vuelta su declaración, sin aceptar preguntas de la querella ni del tribunal

JUSTICIA POR MARIANO: DÍA 54 DEL JUICIO

(AW) Las apretadas, arreglos y componendas de una defensa que se siente perdida mostraron su funcionamiento en la 54ª audiencia del juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra: Juan Carlos Pérez, uno de los patoteros que actuó aquel 20 de octubre, cambió su declaración, la dio vuelta por completo. Extraído de http://justiciapormariano.wordpress.com Durante las indagatorias, Pérez había acusado a Pablo Díaz, el capomafia de la Unión Ferroviaria en el Roca, de haberlo convocado para ir a Avellaneda "porque nos iban a cortar las vías". Además, Pérez reconoció a Cristian Favale, uno de los tiradores de la patota y, aunque dijo no haber visto a quienes dispararon, sostuvo de los tiros "venían desde atrás mío". Además, Pérez contó que, al día siguiente del crimen, "todo el mundo en los talleres contaba que Harry (por Favale) se jactaba de lo que pasó, diciendo ‘yo lo puse, yo le di". Pues bien: el tipo cambió su versión. En su declaración ante el tribunal, se desdijo de aquello y acusó a los compañeros de Mariano de haber disparado con armas de fuego, aunque está probado de sobra que eso no fue así en modo alguno. Ahora, este ex portero de los talleres de Remedios de Escalada dice haber visto "a una persona arrodillada, atrás de un árbol, del lado de ellos (de los trabajadores tercerizados), que sacó un arma de una mochila negra y apuntó para nuestro lado", y agregó: "Se escucharon tiros, los ruidos eran impresionantes". Este Pérez recibió de Guillermo Uño las armas que se usaron aquel día, con la misión de retirarlas del lugar. Ahora niega aquello y dice que "a mí nadie me pasó nada y, excepto al hombre de la mochila, yo no vi nada". Por supuesto, no puede dar la menor referencia del "hombre de la mochila", simplemente porque no existe. La farsa de esta nueva declaración de Pérez se completó porque, al declarar en condición de imputado, usó su derecho a responder solamente las preguntas que le formuló la defensa, sin aceptar que lo interrogara el tribunal y mucho menos las querellas. En un punto, con toda seguridad, Pérez no mintió. Cuando se le preguntó cuál era su función en los talleres y cuál su relación con la burocracia, contestó: "Seamos sinceros, mi función era de ortiba".

MIguel Brú; el asesino está suelto.

DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA

El único detenido del caso Bru tendrá salidas transitorias José Justo López fue liberado el miércoles a la tarde.El ex policía había sido sentenciado a prisión perpetua en 1999 por torturar y matar a Miguel Bru. Rosa Bru repudió la medida, "se basaron en lo más simple, mientras nosotros llevamos 19 preguntándonos dónde está Miguel" . La Plata, 13 de julio de 2012 (Indymedia La Plata).- Por Candela ((i)) La Sala I de la Cámara Penal de La Plata decidió otorgar la libertad condicional al ex policía José Justo López. Aunque la ley provincial no concede este beneficio a quienes son condenados por ‘torturas seguidas de muerte', se apoyaron en el Código Penal de la Nación para aceptar el pedido de la defensa. Silvia Oyhamburu votó en contra y declaró que "el beneficio requerido es materia no delegada por la Provincia al Estado Nacional constituyendo una atribución propia de la legislación provincial, que justamente niega las salidas transitorias a condenados por el delito de ‘tortura seguida de muerte'". Sin embargo, esta ley se contradice con la legislación del Código Penal Nacional que no impide la libertad condicional a pesar de la condena. Por lo tanto Laura Lasaga y Carlos Silva Acevedo, respondieron acorde a lo que dictamina la ley federal. Durante el juicio, se sucedieron una serie de hechos que permiten que hoy Rosa Bru se muestre preocupada ante esta medida. En 1999 la fiscal denunció haber sido amenazada mientras que los testigos fueron intimidados para no declarar. Inclusive en una audiencia, el imputado Walter Abrigo fue sorprendido haciendo gestos amenazantes a los testigos. Rosa Bru tuvo en cuenta que la condena de López estaría terminando en pocos años por eso averiguó, hace meses, en qué fecha podría conseguir la libertad condicional. En ese momento se previó para el 4 de octubre del 2013. Sin embargo, la madre de Miguel fue sorprendida con la medida tomada por la Sala I, quienes alegaron que López tenía un legajo intachable; "intachable debería haber sido su conducta mientras que era policía, ese era su labor en la policía; durante el juicio no colaboró en ningún momento, dijo que era inocente y que ya lo teníamos cansado con todo eso, eso es lo único que lo escuche decir. " Miguel Bru, estudiante de periodismo de 23 años fue torturado, asesinado y desaparecido el 17 de octubre de 1993 por policías bonaerenses. Sus compañeros, compañeras y familiares comenzaron una implacable búsqueda de justicia. Tras una serie de irregularidades y connivencias judiciales, consiguieron que en 1999 se condenaran a los responsables de lo sucedido. La resolución judicial se convirtió en una sentencia emblemática y ejemplar. Hoy la situación se revierte, "el mensaje es que ellos hacen lo que quieren, hay dos leyes y ellos aplican la que le conviene al asesino" . Si bien López había sido condenado a prisión perpetua, es decir 25 años, aplicando otros beneficios la pena se reduce. Ya lleva 15 años detenido, "ahora va a festejar y nosotros vamos a tener que seguir preguntando dónde está miguel; pero habrá que ajustarse a la leyes y pensar que ya lleva mucho tiempo detenido y que tiene que reintegrarse a la sociedad [...] Me quería consolar con el caso Franchiotti, el asesino de Maxi y Darío, que salió después de diez años; el caso Barreda, que ni siquiera se arrepiente, lamentablemente así están las cosas."

Fumigaciones, juicio y declaraciones.

Juicio a las Fumigaciones

Testimonios de un policía y un vecino (AW) En el séptimo día del juicio, declaró Mariano Enesto Stiefkens, quien formó parte de de la patrulla ambiental en 2008, y Walter Sosa, vecino de Ituzaingó, quien relató que su esposa murió de cáncer y que él no va al médico porque tiene miedo de que le encuentren la misma enfermedad, además a sus hijas le encontraron agroquímicos en la sangre, al nene le salen ronchas en el cuerpo y tiene problemas digestivos. Sosa responsabilizó a los funcionarios por estos hechos. Córdoba, martes 19 junio de 2012 (Juicio a las Fumigaciones) Crónicas desde la audiencia Día 7, testimonios del Oficial Stiefkens y del vecino Sosa La audiencia comenzó con un pedido de la querella de sumar como prueba un artículo dela Voz del Interior, en respuesta al sumado por el abogado de la defensa, el Dr. Hairabeidan. Las partes acuerdan y se decide adjuntarlo. Mariano Ernesto Stiefkens El primer testigo es Oficial Principal de la Policía de Córdoba. En el 2008, formaba parte de la patrulla ambiental. Él fue comisionado para que tomaran muestras de agua y tierra de varios domicilios y de de los campos de uno de los acusados, el Sr. Parra. En una declaración formal, como lo amerita su rol en las fuerzas, el Oficial habla sobre lo que recuerda de aquel día. Cuenta que fueron a un campo, en el que había una casa y un galpón, sin embargo, según dice, no recuerda el nombre del dueño. "Nos dedicamos a observar y plasmamos todo lo que pudimos en relación al hecho, elementos de fumigación, elementos que sirvieran de base a agroquímicos. Creo, lo que tengo en mi memoria, es que no había demasiados elementos que se pudieran relacionar con lo investigado", asevera el testigo. Al momento de preguntar, el abogado defensor de Parra, el Dr. Aráoz insiste al testigo para que sea específico con la cantidad de muestras de tierra y agua que habían sido tomadas. Stiefkens le dice que habían sido recogidas tres muestras del suelo de tierra y cuatro litros de agua. Las muestras, cuenta, habían sido tomadas por personal dela Policía Judicial quienes habían asistido al lugar en su vehículo (aparte de la patrulla). Gran parte de su declaración ronda en torno a dichas muestras, a quién las había tomado, en qué se había puesto la tierra y en qué el agua, "Yo estaba a cargo pero no realicé la extracción. Ellos traían los elementos, bidones, palas", aseveró el testigo haciendo referencia a los policías judiciales. Respondiendo a otras preguntás dice "recuerdo que la tierra estaba en una bolsa, recuerdo que eran oscuras y que se las identificó. No recuerdo bien qué tipo de seguridad se les puso, pero se las aseguró de algún modo y se las enumeró". Entonces Aráoz queriendo hacer hincapié en la forma en habían sido cerradas las bolsas insiste en las preguntas referidas al tema, el Presidente del Tribunal interviene diciéndole que el testigo ya había explicado lo que recordaba, y lo apercibe, "le dije un montón de veces que no presione a los testigos, que nos los confunda". A continuación, el abogado defensor de Parra explica la variedad de formas asegurar las muestras a fin de que no se contaminen e insiste con la pregunta, entonces el Oficial vuelve a decirle que no recuerda con exactitud. Agrega además, que el material había sido remitido ala Secretaríade Ambiente dela Provinciay desde allí a un laboratorio en Santa Fé. Entonces Aráoz le pregunta al testigo si recuerda quién llevó el material hasta la secretaría y el testigo afirma: "Como le dije había dos vehículos, el nuestro y el de policía judicial. Nosotros de ahí nos fuimos ala Secretaríade Ambiente que es donde nos remitimos. Es muy probable que la hayamos llevado nosotros porque la policía judicial no tenía porqué ir hasta ahí", y aclara que esto era una deducción ya que no recuerda a ciencia cierta de que así hubiera sido. Seguidamente, el abogado defensor le pregunta porqué de las cinco muestras tomadas sólo fueron peritadas cuatro y nuevamente interviene el Presidente del Tribunal, y lo apercibe nuevamente diciéndole que está mal formulada la pregunta, de todas formas el testigo responde "ya le dije que yo no hice el traslado, y no seguí el procedimiento así que no sé cuántas se peritaron" y luego agrega "en los días siguientes no vi bolsas en el lugar", entonces Aráoz pide: "Que quede constancia de eso". Llegando al final de la declaración la Jueza Susana Cordi Moreno interviene y le consulta sobre el acta que elaboró en 2008 y las medidas del terreno inspeccionado. Stiefkens le explica que quienes debían medir el terreno eran los agrimensores que habían realizado un informe. Luego, le consulta "Cuando usted pone en el acta un precinto ¿es porque sabe lo que es?", el testigo responde afirmativamente. Para finalizar Aráoz vuelve a intervenir y dice "Tenemos el informe en el que están las muestras y están las fotos del informe. Una de las cuestiones que dice que perito en el informe final es que el bidón no estaba precintado" el testigo insiste, "yo no recuerdo los detalles". Walter Sosa El siguiente en declarar es un vecino de barrio Ituzaingó. Al comienzo, el Presidente del Tribunal le pregunta al testigo ¿Conoce alguno de estos tres hombres?, el testigo dice que conoce al Sr. Parra y al Sr. Gabrielli ya que, trabajando como empleado de un correo privado le entregó a ambos señores la correspondencia en sus hogares. El señor Sosa es habitante del barrio desde hace 25 años. El año pasado decidió irse a la casa de su suegra por un tiempo, según relata "por temor" a seguir enfermando a sus hijos. En un testimonio emotivo y sentido, Sosa cuenta cómo atravesó la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposa. De las demoras, los trámites, los estudios y de todas las situaciones complicadas que debió vivir a raíz del cáncer de estómago que atacó a su mujer. Para cuando el Sr. Sosa y su esposa descubrieron la enfermedad, ya era irreversible. La señora, madre de tres hijos, estuvo internada en el Hospital San Roque hasta que le dijeron que debía llevársela "Así, desesperado, me la lleve a mi casa y de ahí al Santo Tomás" cuenta con la voz entrecortada. Mientras el Sr. Sosa atravesaba esta difícil situación familiar se pone en contacto con él, el Sr. Barri y le ofrece un trabajo en la Municipalidad. El Presidente del Tribunal, Rodríguez, le pregunta al testigo "¿Porqué le ofrece el trabajo? Y Walter responde "Yo pienso que fue para que no dijera nada. Y me ofreció también pagarme el velatorio y yo le dije que no, en ese momento estaba desesperado". Los aviones Siguiendo con las preguntas, el Fiscal le pide que señale en un mapa por dónde vio el que fumigaban. El testigo y las partes se acercan al estrado para ver lo que señala Sosa. "Vivo a150 metrosde donde están los campos que estaban sembrados" afirma,"¿Hasta dónde estaban sembrados?" le pregunta el Presidente del Tribunal y Sosa responde "Hasta50 metrosde la avenida. Los vi sembrados hasta el 2008. Yo he ido algunas noches a ver que se podía hacer para que no fumigaran mas. Fui al campo con Sofía (Gatica) para ver si podríamos frenarlos. Un día de los que fuimos tiraron dos tiros con escopeta, así que no pudimos llegar". Además, agrega que eran varios los que habían ido y que cuando escucharon el tiro. Según recuerda el testigo, eran al rededor de las nueve de la noche. Ese día andaban con una avioneta", asevera. De las máquinas, recuerda haber visto un mosquito de color blanco (camión fumigador) y marca el sector del mapa donde estaba. De los aviones, aclara que una de las noche salieron y se sentía como un olor a gamexane cuando andaba la avioneta y sobrevolaba bajo. El Sr. Sosa afirma que no recuerda color de la avioneta porque era de noche. Mientras va señalando lo que le piden en el plano del barrio, explica lo que él recuerda que vio. Explica también que a él le da la sensación de que la avioneta aterrizaba ya que se perdía hacia la zona de los silos del campo que él define como "de Parra". "Desaparecía y después aparecía una hora o una hora y media mas tarde" asegura. Los estudios Seguidamente, el Fiscal Novillo le pregunta a Sosa si se ha realizado estudios, y él responde "no, porque tengo miedo, hace un tiempo me hice una tomografía y me salió que tengo cuatro pelotitas en el estómago pero no me animo a ir de nuevo"; "¿Miedo a qué?" pregunta el Presidente del Tribual y agrega "Sé cual es la respuesta, pero necesito que usted lo diga" entonces Sosa afirma: "Por miedo a que me encuentren algo más." Luego relata que tiene tres hijos, una de 15, uno de 14 y otra de 11. Sus dos hijas mujeres fueron analizadas en el 2005 una y en el 2010 la otra, "el viernes pasado me entregaron los estudios de la más grande de 15 años y tiene tres agroquímicos en la sangre. La segunda, de 11 años, tiene un agroquímico". La hija menor de Sosa, además, tiene problemas de aprendizaje y, en este último año, la maestra de la escuela donde asiste le ha recomendado cambiarla a una escuela especial. Luego, Novillo le consulta acerca de los síntomas que siente cuando fumigan, además del olor a gamexane. Sosa le cuenta que siente picazón en la cara y en la espalda, y agrega "vi que al nene mas grande se le hacen unas ronchas rojas grandes en el cuello, en la espalda y entre medio de las piernas pero le duran dos horas y se le van. Además, tiene problemas de estómago, come algo y le hace mal". Respondiendo a preguntas de Aráoz, Walter relata: "En el 2002 se cambió el agua del barrio por Aguas Cordobesas por la contaminación de las napas. Era porque había tanques abiertos y al fumigar con avionetas se quedaban agroquímicos en el agua" y luego dice "En la desesperación cambié de tanque, puse todo nuevo. Lo único que nos explicaron es que el agua tenía agroquímicos." Finalizando, interviene Hairabedian preguntándole a cerca de quién considera son responsables de lo que sucede en el barrio, Sosa dice que para él, los responsables son los funcionarios. www.juicioalafumigacion.com.ar

El comienzo del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra ya tiene fecha: 15 de junio.

 Se llevará adelante por el Tribunal Oral Criminal Nº 21 que está a cargo del proceso.
La propia convocatoria al juicio es producto de la lucha y la movilización que ha logrado despejar todas las chicanas de Pedraza y demás imputados.
Los acusadosEl juicio tendrá lugar contra 15 imputados: José Angel Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz, principales dirigentes de la Unión Ferroviaria y de la Comisión de Reclamos de la Línea Roca; Jorge González, Guillermo Uño, Juan Carlos Pipito y Gabriel Sánchez, afiliados de la UF que fueron parte de la patota; Cristian Favale, barrabrava contratado para la ocasión; y los policías Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Rolando Garay, David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti.
Todos ellos se encuentran acusados por los representantes de las víctimas por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, para que se aplique el art. 8º, inc. 6 del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua.
Castigo a todos los responsables
En el juicio, las partes querellantes probarán que el 20 de octubre de 2010 existió un plan criminal para ‘aleccionar’ a los tercerizados del ferrocarril Roca; para lo cual, los jefes de la Unión Ferroviaria convocaron y reclutaron una patota para atacar con armas de fuego a los trabajadores. Como resultado de esa agresión, fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto. El móvil de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue garantizar el negocio que implicaba la contratación, con subsidios estatales, de ‘cooperativas’ regenteadas por el mismo sindicato para realizar obras en las líneas ferroviarias, con trabajadores que percibían un tercio del salario de un obrero ferroviario de planta permanente.
Las pruebas contra los imputados son contundentes. Los intentos de la defensa para presentar los hechos como un ‘enfrentamiento’ quedaron desvirtuados por las pericias, las que determinaron que los disparos provinieron exclusivamente del lado de la patota. Por otro lado, la pretensión de que no existió intención de matar por parte de los agresores terminó con el perito de los imputados, Roberto Locles, procesado por alterar la bala que causó la muerte de Mariano Ferreyra.
La ‘espontaneidad’ de la movilización de la patota se derrumbó por los numerosos cruces telefónicos y testimonios que dieron cuenta del reclutamiento previo, así como por el permiso otorgado por los empresarios de Ugofe para que más de 80 trabajadores de los talleres de Remedios de Escalada abandonaran su lugar de trabajo y se plegaran al grupo agresor.
Asimismo, los cruces ubican juntos a Pedraza y Fernández mientras monitoreaban con Díaz el ataque. Pedraza reconoce en su declaración que le ‘preocupaba’ la influencia de la izquierda entre los tercerizados -y, por ese motivo, su ingreso a planta permanente del ferrocarril. Pedraza también se encuentra imputado en otra causa por intentar sobornar al Tribunal de Casación, el cual debía confirmar la prisión preventiva de los primeros miembros de la patota que fueron detenidos.
La patota contó con el apoyo de la policía, la que liberó la zona, garantizó su retiro sin intentar ninguna detención y cubrió su retirada. El accionar doloso de la policía quedó plasmado en las grabaciones en las que sus jefes ordenan pasar a otra frecuencia sus comunicaciones, para evitar que quede registro del intercambio que mantenían mientras ocurría la agresión. La policía no tomó ninguna medida para resguardar el lugar de los hechos y tardó en poner en conocimiento de lo actuado al juez interviniente y al fiscal. Los policías se encuentran procesados por ‘abandono de persona’, acusación que la fiscalía mantuvo. En el curso del juicio, las partes querellantes solicitarán su condena como partícipes del homicidio y de la tentativa de homicidio en tres ocasiones.

"El SPB garantiza gobernabilidad al poder político a cambio de mantener sus negociados"

PACTO ASESINO

8 de abril de 2012

"Lo dijo Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, en la continuidad de su diálogo con Radio La Cantora, a una semana de hacerse pública la inspección que realizara al Complejo penal de San Martín acompañado del vicegobernador de la provincia. "El pacto es chantaje puro; en algún momento se rompe y el Servicio manda un mensaje claro al poder político: hechos de mayor violencia", como los tres asesinatos más recientes en tres cárceles bonaerenses. "Casal ha permitido el autogobierno y el descontrol absoluto de la fuerza", denuncia Casolati, advirtiendo que la escalada de violencia tendrá sus réplicas en el afuera".
(AW) Las valientes declaraciones de Casolati sobre el SPB expresan en esencia la política estatal represiva en todo el territorio del país y en casi todos los sitios de encierro: Cárceles de mala muerte y buenos negocios con la sangre de los hijos más vulnerables del pueblo. Si bien el tema no es nuevo, ninguna otra gestión, luego de la tiranía, había recluido, torturado y asesinado tanto de uno y otro lado de las rejas. El Estado, hoy kirchnerista, es el mayor asesino serial e impune en el cual los hombres y mujeres que lo encarnan verbalizan la defensa de los derechos humanos que trituran en las acciones cotidianas. Por otra parte, las diferencias entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli o Casal pueden ser grandes, pero aún mayores son las coincidencias que los hace impulsar juntos, en la misma boleta electal, en el mismo partido, por caso, un capitalismo plagado de exclusión y muerte.

"Sin dudas, todas las fuerza policiales se manejan mediante el chantaje y la extorsión. Los hechos de violencia lo muestran", señaló esta semana Juan Manuel Casolati, denunciando que la réplica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la reciente inspección a los penales de San Martín fue el asesinato de tres detenidos. Según el secretario de Ejecución de ese distrito judicial, estamos frente a un "doble pacto, en el que nadie se anima a meter mano para limpiar porque se teme, justamente, que la cosa se desmadre y se pierdan estos niveles de gobernabilidad que fueron fomentados por el poder político de turno desde siempre con, en este caso, la anuencia del Servicio Penitenciario". Para explicar a qué se refiere con este doble pacto, Casolati señala: "El poder político en general lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio, ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros, el poder político, les permitimos que sigan con los negociados. Y, luego, la seguridad genera un nuevo pacto hacia el interior de las cárceles con un grupo minúsculo de detenidos y también negocian exactamente lo mismo. Negocian con ellos ciertos tipos de violencia, la gobernabilidad de las cárceles, a cambio de permitir que se sigan teniendo este grupo de detenidos, con la anuencia del Servicio, determinados negociados. Esto es chantaje puro porque este doble pacto en algún momento se rompe y es porque va de la mano de la ilicitud, de la irregularidad. Y es clarísimo en este caso que hay un doble pacto. El Servicio Penitenciario cuando quiere rompe con el pacto y manda un mensaje al poder político como en este caso".

"Ahora ¿cualés son las soluciones a esta cuestión?", se pregunta entonces el propio Casolati, a lo que responde: "Me parece que lo que hay que hacer es resolverlo definitivamente y empezar a trabajar en serio. Ahora, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿quiénes son los actores o los funcionarios que se animan a romper este doble pacto? Porque, además, este doble pacto es conocido por mucha gente. La Procuradora de la Provincia de Buenos Aires lo conoce porque, además, nació después del motín de Sierra Chica este doble pacto de gobernabilidad de la fuerza penitenciaria. Allí nace esta forma de hacer política de seguridad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los mismos actores que inciden en las políticas públicas de la provincia de Bs As en materia carcelaria y de seguridad desde la época del motín de Sierra Chica y que mentaron y pergueñaron junto con el Servicio Penitenciario y la bonaerense este doble pacto como política pública, hoy están lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires; la procuradora, la responsable de lo que hagan los fiscales y los defensores. Esto es terrible, por un lado, y el Ministro Casal forma parte de aquel equipo". En este sentido, Casolati hizo referencia a la reciente designación de Florencia Piermarini como Jefa del SPB: "Independientemente de lo que ella pueda saber desde la teoría, lo que necesita la fuerza penitenciaria es alguien que la gobierne, que la direccione, que la administre. Y es evidente que esto no está pasando ahora. Lo que está diciendo Casal cuando la nombra a ella es `ponemos una cara bonita y seguimos permitiendo que la propia fuerza se autogobierne, se controle y circule por sí misma`. Cuando en realidad sabe que no se va a depurar la fuerza".

Sin embargo, en referencia a una posible purga de funcionarios al interior de las instituciones implicadas, Casolati adverte que "no creo que la solución pase por cambiar figuritas y actores. Lo que hay que hacer es modificar políticas públicas. Casal puede irse o no; esto es una decisión que va a tomar él o el propio gobernador. Ahora, si el que viene mantiene como única política pública este doble pacto este de `garanticen mi gobernabilidad` y que haya un muerto cada tanto dosificado para que el sistema no explote y yo les permito que sigan los negociados. Si esto es así no se modifica ni cambia nada y seguimos en la misma. Yo creo que hay que modificar estrategias, la forma de abordar la cuestión y romper, destruir este doble pacto que es nefasto porque está asentado sobre la inmoralidad, sobre la ilegalidad, sobre la ilicitud. Esto hay que empezar a discutirlo porque este doble pacto existe; no es una situación ficticia, no es una cuestión dogmática ni es una teoría descabellada. Esto existe. No pasa ya por cambiar algunos actores o algún ministro, pasa por tener la decisión política. Visto por la visita que hizo el propio vicegobernador, pareciera que un sector político de la provincia de Buenos Aires quiere modificar las cosas. Ahora si lo que se quiere hacer es cambiar figuritas, sacar a un ministro y poner a otro, manteniendo la existencia de estas políticas públicas de doble pacto, yo creo que no se va a modificar nada y los índices de criminalidad, de violencia, de reincidencia y de inseguridad van a ir creciendo día a día, sin duda.

Por último, el secretario de Ejecución Penal de San Martín reflexionó sobre las inminentes consecuencias que esta situación implica a su vez para la sociedad extramuro: "Los niveles de violencia y maltrato que hay en las cárceles sin duda se van a replicar y reproducir en el afuera. Esto es una verdad de perogrullo. Lo terrible es que la sociedad, excepto algunos actores que estamos comprometidos, los demás no se hacen cargo de estas cuestiones. Entonces siguen hablando de más seguridad en términos de más patrulleros, de más cámaras, de más policía, de más cárceles. Siguen hablando de la inseguridad como hecho terrible, pero se desentienden de lo que está pasando en las cárceles. Y eso es una mirada yo diría casi suicida. Que nuestra sociedad no quiera modificar el sistema carcelario es casi firmar un permiso de suicidio", apuntó categórico Casolati.

Fuente: La Cantora

En el día de hoy, fue liberado Fernando Blanco, el joyero que asesinó a un delincuente que intentaba robarle. En 10 días, se definirá su situación procesal.

Su abogado, Gonzalo Romero Victorica, indicó: ”Él le confirmó a la jueza que actuó en legítima defensa, tal como quedó acreditado en los videos. Desde el punto de vista jurídico, se deben acreditar dos elementos que en este caso están muy claros: la inmediatez y la proporcionalidad de la reacción”.+

En  10 días, la magistrada deberá decidir la situación procesal del joyero. El plazo podría, también, prorrogarse.

El joyero, identificado como Fernando Blanco de 40 años, en el día de ayer llegaba a su oficina ubicada en la calle Talcahuano al 170, cuando fue sorprendido por dos delincuentes armados.

Los ladrones le exigieron que pusiera la contraseña para abrir la oficina y Blanco colocó otra, que activa una alarma a la policía. Al poco tiempo llegó un patrullero y uno de los ladrones escapó, en tanto que el joyero comenzó a forcejar con el otro que tenía un cuchillo en su poder. Blanco logró desarmarlo y lo apuñaló con su propia arma, quitándole la vida.