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"La primera víctima en una guerra es la verdad". Anónimo. En estos días, la tilinguería seudoizquierdoza, ha bramado ante la pu...

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miércoles, 13 de abril de 2016

Macri le aceptó la renuncia a Oyarbide.

Este miércoles 13/04 el Presidente Mauricio Macri anunció por la red social Facebook que aceptaba la renuncia del polémico juez Norberto Oyarbide, si bien tuvo críticas hacia el magistrado asegura que el proceso puede ser incierto y no garantiza que haya resultados para garantizar la transparencia.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Raúl Reynoso, el juez narcokirchnerista acusado de coimear con......los narcos!

ESCÁNDALO EN ORÁN

Acusan al juez 'ejemplo' de Cristina de liberar narcos a cambio de coimas

Este mediodía se realizaba un allanamiento en el juzgado Federal de Orán a cargo del juez Raúl Reynoso, a quien investigan por supuestos sobornos para liberar a narcotraficantes. Bajo su jurisdicción hay 700 kilómetros de frontera con Bolivia, una zona caliente para el tráfico de drogas. En abril de este año, Cristina Fernández había destacado la labor del magistrado en plena cadena nacional.
El juez Reynoso, en el centro de la polémica. (Foto: El Tribuno)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Todo un escándalo en Salta. Este mediodía la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba allanamientos en el juzgado Federal de Orán a cargo del juez Raúl Reynoso en el marco de una causa por supuestos sobornos para liberar a narcotraficantes. Además fue detenido el abogado René Gómez.
Según informa El Tribuno, las órdenes fueron impartidas por los jueces federales de Salta,Eduardo Villalba Julio Babio.
Reynoso hace casi 11 años que está al frente del Juzgado Federal de Orán, en Salta. Bajo su jurisdicción hay 700 kilómetros de frontera con Bolivia, una zona caliente para el tráfico de drogas. Ahora se investiga si, a cambio de importantes sumas de dinero, excarceló a personas detenidas en causas de narcotráfico. En estos momentos se encuentra prestando declaración indagatoria.
Hace poco más de un mes, el magistrado se refirió a estas denuncias y dijo que "hay un ataque contra mí". Cabe destacar que en abril de este año, y en plena cadena nacional, Cristina Fernández había destacado la labor del juez.
"Tenemos jueces como Raúl Reynoso, de Orán, cuyo juzgado es clave en el norte argentino en la lucha contra el narcotráfico y solamente tiene 22 empleados. En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad en el Poder Judicial deberían dotar de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos  a estos juzgados para que puedan hacerlo eficazmente",dijo entonces la mandataria en clara crítica hacia Ricardo Lorenzetti.
Ahora Reynoso fue imputado de los delitos de cohecho y prevaricato. Además, lo acusan de integrar una asociación ilícita con otros siete sospechosos.
En un dictamen donde impulsaron la acción penal, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba, afirmaron que el juez federal Reynoso construyó un aparato de poder para "obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal".
La investigación, que se inició tras publicaciones periodísticas, tomó un fuerte impulso el mes pasado después de que el abogado David Leiva, reconocido por su participación en causas de lesa humanidad, presentara en la Justicia Federal de Salta una denuncia contra el "juez Reynoso y otras personas que trabajan como abogados y como empleados de la justicia federal de Orán por cuanto requerirían dinero para obtener resultados favorables en causas en las que se involucra a personas por narcotráfico, trata de personas, tráfico de divisas y exportación de mercadería", publica La Nación.
Bavio ordenó las indagatorias y detenciones de otras siete personas. En la lista de sospechosos también hay un funcionarios judicial y abogados de presuntos narcos. Bavio hizo lugar al pedido de los fiscales y ordenó allanar el juzgado de Orán. Por su condición de juez, Reynoso no será detenido.
"Los sospechosos forman una organización criminal que tiene por objeto la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintos personas imputadas y detenidas en el marco de expedientes de trámite por ante el Juzgado Federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en los que se investigan conductas de narcocriminalidad internacional, a cambio de dinero y/o dádivas", afirmaron los fiscales en el dictamen donde pidieron la declaración indagatoria de Reynoso y las otras personas investigadas.
A la denuncia de Leiva se sumó otra hecha por Roxana Brítez ante autoridades de la Gendarmería Nacional en Tartagal, en Salta, donde sostuvo que cuando su ex pareja, Guillermo Sarmiento, caía preso por temas relacionados con droga le daban la libertad a cambio de dinero y afirmó que el pago lo hacían por intermedio de una abogada.
"Como metodología de análisis confrontamos cada una de las acusaciones formuladas en autos con las constancias en los distintos expedientes que tramitan o tramitaron bajo la dirección del juez. El resultado de ese estudio, a nuestro entender, es categórico en cuanto a que las circunstancias denunciadas por Brítez y Leiva, se presentan como verosímiles y encuentran sustento -con el grado requerido en esta etapa del proceso", sostuvieron los fiscales Iglesias y Villalba en el dictamen donde requierieron la accción penal y donde solicitaron medidas de prueba.
Para los fiscales el presunto "aparato de poder creado por el juez Reynoso" no se podría haber logrado sin un funcionario judicial y abogados de los narcotraficantes, siempre según el dictamen del Ministerio Público.
"El magistrado no sólo habría omitido cumplir con sus funciones, sino que además habría colaborado con la actividad delictiva de tráfico de estupefacientes a partir de la protección o impunidad que le brindaba a los imputados, a través de interpósitas personas, todo lo cual les permitió continuar desarrollando sus conductas ilícitas con la certeza de que se encontraban amparados por el propio magistrado", afirmaron.
# "Siento que hay un ataque en mi contra"
El 25 de octubre pasado, Reynoso concedió una entrevista a El Tribuno donde habló sobre las denuncias en su contra.
"De estar siendo felicitado a nivel nacional por mi tarea, en los últimos meses aparecen supuestas denuncias en mi contra; eso es lo que me pasa", dijo, y aseguró que hasta el momento la acusación de Leiva "es algo periodístico; ahora si él hizo la denuncia correspondiente ya me va a llegar la notificación ya sea de un juzgado o del Consejo de la Magistratura y entonces tendré que ver todo y hacer mi defensa, los descargos y si tengo que contradenunciar lo voy a hacer porque esa es mi manera de ser".
El juez federal de Orán, que a principios de este año fue destacado por la presidente Cristina Fernández en una cadena nacional, recordó que Leiva "me denunció ya dos veces en años anteriores". Contó que en 2007, a raíz de la presentación del abogado, fue acusado en Buenos Aires, ante la Corte y por el Consejo de la Magistratura. "Después de dos o tres años de investigación se demostró que todo lo que él había denunciado era falso. Por ello yo le apliqué dos sanciones que fueron confirmadas por la Cámara Federal de Salta, con lo cual él tiene dos sanciones puestas", recordó.
Reynoso aseguró que los ataques de Leiva también apuntan a otros colegas del foro. "El 29 de agosto, Día del Abogado, en una cena le gritó a los cinco secretarios de este juzgado que eran coimeros. Entonces empezamos otras causas y ahora deberá demostrar si el Dr. Alejandro Daher, si el Dr. Gustavo Hadad, si el Dr. José Fernández, el Dr. Juan Manuel Puig y el Dr. Guillermo Méndez son coimeros".
Sin saber a ciencia cierta a qué atribuir las denuncias en su contra, Reynoso se mostró seguro de que la frontera no es nada fácil. "A los jefes de Gendarmería cuando llegan a Orán les digo que se preparen para lo peor, que todo lo que hagan bien es muy difícil que les reconozcan. Lo mismo pasa con mi trabajo y por eso no veo la hora de que funcione el juzgado de Tartagal así seremos dos para trabajar en esto", dijo.

La designación del secretario Laureano Durán.

ADC y Poder Ciudadano presentaron ayer un amicus curiae en el caso “Uriarte”. Allí, se sostuvo que la designación del secretario Laureano Durán, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, resulta inconstitucional y vulnera la garantía de la independencia judicial.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) junto a Poder Ciudadano presentaron un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respaldo a la declaración de inconstitucionalidad de la designación de Laureano Durán como juez subrogante y del artículo 7 del Reglamento de Subrogancias del Consejo de la Magistratura.

El amicus aporta argumentos al máximo tribunal para decidir en la causa “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura” en la cual se discute la validez de la designación del secretario Durán por parte del Consejo de la Magistratura, en tanto la misma no respetó los estándares locales e internacionales sobre designación de jueces/zas. En efecto, el procedimiento de la ley 26.376 indica que ante la vacancia, el órgano judicial debe ser cubierto provisoriamente por un/a juez/a de igual competencia. Si ello no fuera posible, se deberá acudir a la lista de abogados elaborada por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado.

La Corte Suprema, en el caso “Asociación de Magistrados y Funcionarios”, consideró que dicha ley 26.376 en ninguna hipótesis “contempla la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan ser incluidos en las listas de abogados … que debe confeccionar el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación…”, sin que esa exclusión conlleve a la desigualdad de trato. En el caso del secretario Durán, si bien el Poder Ejecutivo había remitido un listado de conjueces al Senado, el Consejo de la Magistratura concretó la designación del secretario a pesar de no figurar en tal lista.

A su vez, el Reglamento de Subrogaciones, aprobado por el Consejo de la Magistratura al incluir a los secretarios judiciales en la conformación de las listas de conjueces, vulnera la normativa constitucional (artículo 99 inciso 4) y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ello conlleva la afectación de la garantía de independencia judicial, reconocida tanto a nivel interno como internacional.

Es preciso destacar la gravedad institucional del caso en tanto el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, en el cual subroga Durán, tiene a su cargo la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y representa el 40% del padrón electoral.

jueves, 29 de agosto de 2013

Jaime ante la Justicia.

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Ricardo Jaime ante el Tribunal Oral Federal N°2:  “Ratifico plenamente que el hecho que se pone de manifiesto nunca ocurrió”,  lo dijo sobre  la acusación, que indica que habría tomado unas tarjetas personales con su nombre y un cargo en la firma Cerro Motos, en medio del operativo realizado en 2010 en el domicilio de una de sus hijas en Villa Carlos Paz.
“Siempre he querido terminar con esto lo antes posible. La verdad, tres años con una acusación de que no tengo ninguna idea de por qué surgió en algo, que está en el acta, que no hubo ningún inconveniente”.
“Nunca he abierto ninguna opinión a las decisiones que ha tomado la justicia ni tampoco he puesto ninguna obstrucción a los procedimientos”.
Jaime enfrenta desde este martes su primer juicio oral y público, entre varias causas que tiene abiertas por presuntos hechos de corrupción durante su paso por la función pública.

jueves, 1 de agosto de 2013

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la convocatoria a juicio oral y público del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en una de las causas por supuestas dádivas en su contra, al hacer lugar a planteos de las defensas.

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Se trata de una de las causas más avanzadas en contra de Jaime y en la cual el juez federal Julián Ercolini sólo restaba que fije la fecha del juicio oral y público.
La Sala IV de la Casación decretó: “nula la citación a juicio al considerar que Ercolini previamente debía resolver un planteo de recusación en su contra hecho por las defensas”.
Es la misma causa que está imputado el empresario Claudio Sergio Cirigliano, ya que se sospecha que éste pagó varios viajes aéreos a Jaime hacia distintos destinos y cuando éste en función de su cargo era quien debía controlar las empresas de transporte de aquel.
Los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos resolvieron: “anular el auto de citación de las partes a juicio de Jaime y demás acusados”.
“Lo hasta aquí expuesto asigna viabilidad al argumento desarrollado por la defensa en punto a que el auto de citación a juicio cuestionado fue dictado mientras se encontraba cuestionado el ejercicio imparcial de la administración de justicia circunstancia que compromete en el caso por su naturaleza y alcance a la garantía de debido proceso”.
Además  consideran que: “la convocatoria a juicio echa en octubre del año pasado  no se presenta compatible ni ha sido fundado en el caso expresamente, con el requerimiento de elevación de los autos a una instancia procesal superior con motivo del reclamado apartamiento del magistrado justamente a cargo del juicio plenario correccional”.
El juez Claudio Bonadío (el mismo que instruyó esta causa) ordenó la detención de Jaime en otra causa por supuestas irregularidades en pagos al Belgrano Cargas, se lo acusa de haber realizado varios viajes aéreos entre septiembre de 2006 y julio de 2009 pagados por Cirigliano.
La causa cae,  por sorteo y para hacer el juicio,  en el juzgado de Ercolini, las defensas lo recusaron al considerar que éste tenía ya una opinión formada sobre el tema por haber intervenido en otra causa similar.
Ercolini rechazó la recusación y convocó a juicio, esa decisión fue apelada y aún está en trámite en Casación.
El exsecretario de transporte logró hace días que se suspenda el inicio en Córdoba de otro juicio, en donde se lo acusa de querer sustraer pruebas durante un allanamiento.

sábado, 20 de julio de 2013

La Justicia se rie del pueblo y Jaime de todos.

El abogado del ex secretario de Transporte, Andrés Marutian, contó que se comunicó con su cliente en las últimas horas para notificarle los detalles de la decisión de la Cámara federal.En Córdoba continúa vigente una orden de captura
"Jaime reaccionó bien ante el fallo; estábamos convencidos de este final"
Crédito foto: Télam
“Reaccionó bien, estábamos convencidos de este final. Todo volvió a foja cero. Está claro que había un abuso de poder en la decisión del señor (juez, Claudio) Bonadio”, declaró Marutian en diálogo con el periodista Luis Novaresio, en radio La Red.
Manutian aseguró que su estudio asesora a Jaime en siete procesos, cuatro de las cuales fue beneficiado con falta de mérito y en las restantes tres está procesado. Los tres autos de imputación fueron firmados por Bonadio.
Pese a la orden de la Cámara Federal, queda vigente una orden de captura de la justicia cordobesa. Sin emabargo, el letrado Marcelo Brito ya adelantó que se presentará este viernes para que el juez revise su decisión teniendo en cuenta el antecedente jurisprudencial dictado ayer por la Cámara Federal.
“No sería lógico que continúe vigente esa orden; es una causa que tiene una penalidad muy pequeña y entiendo que una simple presentación va a revertir la orden”, estimó Manutian, quien aclaró que la representación de Jaime en Córdoba es exclusiva de Brito

domingo, 26 de mayo de 2013

Allanaron la casa del infiltrado en la AGENCIA WALSH y lo encontraron allí, junto a su hermana.

Allanaron la casa del espía Balbuena y su despacho en la Policía Federal


23 de mayo de 2013
OJOS VENDADOS

Se realizó un procedimiento similar en la sección Reunión de Información de la Policía Federal donde los investigadores secuestraron computadoras en las cuales los registros ya habían sido borrados. También se llevaron un listado con nombres de agentes de Inteligencia que pertenecen a la misma sección de la Federal en la que trabajaba Balbuena.


En el marco de la causa iniciada ayer con la denuncia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-EMVJ (foto), personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó hoy por orden del juez federal Sergio Torres el domicilio de Américo Balbuena en San Martín. El agente que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh se encontraba allí cuando llegaron los efectivos, junto a su hermana, y aunque dispone de un arma, una pistola Glock, no se resistió ni se produjo ningún incidente. La vivienda es una construcción típica de hace unos 40 años y está ubicada sobre la calle Belgrano, en la zona céntrica de esa localidad bonaerense. En su interior había pocos muebles, un colchón en el piso, algunos objetos personales y libros. Los investigadores no hallaron computadoras ni elementos informáticos similares.

En tanto, durante el allanamiento de ayer en la sede central de la Policía Federal, de Moreno al 1500, la PSA secuestró el legajo de Balbuena donde constan sus antecedentes y los lugares dónde trabajó. También fueron allanadas las oficinas de la sección Reunión de Información división Análsis donde revistaba el espía, y se secuestraron computadoras y carpetas con documentación. Los expertos detectaron que los registros habían sido borrados pero creen poder reconstruirlos. Junto al legajo de Balbuena encontraron también una nómina con los demás agentes que reportan a esa dependencia de la Federal.

La denuncia que elaboraron el Ceprodh, la Correpi, la Cadep y la Apel, y que avalaron dirigentes y partidos de izquierda, fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien requirió la apertura de la acción penal contra Balbuena por la presunta violación de la ley de Inteligencia Nacional que prohibe la realización de tareas de espionaje interior.

Además de las medidas urgentes, que la justicia ya puso en marcha, los denunciantes solicitaron que el juez Torres pida informes al ministerio de Seguridad sobre las tareas asignadas a Balbuena, durante cuánto tiempo las desarrolló, quiénes eran sus superiores y quiénes son los demás agentes que trabajaban en esa dependencia de Inteligencia de la Policía Federal. La línea trazada por el juez Torres priorizó la búsqueda directa de todos los elementos que contribuyan a esclarecer estos interrogantes, aunque no descarta concretar también el requerimiento a la ministra Garré para que aporte, incluso, el resultado del sumario interno que dispuso hace dos semanas cuando la agencia Walsh denunció el caso.

Los denunciantes también solicitaron la declaración indagatoria de Balbuena, quien por ahora está ubicado por la justicia pero sin imputación concreta. Si la tuviera, eventualmente, tampoco perdería su libertad porque las penas previstas para el delito que se investiga son excarcelables.

En el escrito presentado ayer por el EMVJ, el equipo de abogados planteó que la pesquisa debe abarcar a toda la cadena de mandos de la Federal, incluídos los ministros de Seguridad e Interior de los gobiernos que se sucedieron durante los once años que duró la infiltración de Balbuena en la agencia Walsh.

Los investigadores ya habrían detectado que esta sección de Inteligencia de la Federal está regida por un decreto de 1963 que colisionaría con la legislación posterior que prohibió todo tipo de tareas de inteligencia sobre grupos sociales y políticos, específicamente la ley de Inteligencia.

Myriam Bregman, una de las abogadas que elaboró la denuncia, destacó que "si bien se dictó la ley de inteligencia bajo gobierno constitucional, ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura militar estableció penas específicas para la infiltración y el espionaje, por lo que se aplican delitos menores y referidos a otras cuestiones, protegiendo así esa deplorable actividad".

Américo Balbuena: allanaron su casa. Estaba armado de una pistola Glock.


Por su parte, los denunciantes que pertenecen a varias de las centenares de organizaciones que habrían sido infiltradas por Balbuena aspiran a que el avance de la causa judicial pueda culminar en alguna medida que inste al Poder Ejecutivo a desmantelar esa estructura de la Federal y a entregar a quienes fueron espiados toda su información.

Balbuena era un agente PCI (Personal Civil de Inteligencia) quien en la agencia Walsh se dedicó al seguimiento de las actividades de movimientos gremiales y sociales, su agenda y sus movilizaciones. Y desde ese lugar privilegiado concretó lazos de confianza y amistad con centenares de militantes y dirigentes.

Esta presentación del EMVJ es similar a la que realizaron en noviembre de 2011 para denunciar tareas de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional, en lo que terminó denominándose Proyecto X, nombre de uno de los programas informáticos usados por los gendarmes. Los primeros casos fueron denunciados por los trabajadores de Kraft pero luego la investigación judicial demostró que el arco de espiados era mucho más amplio.  

Dice el escrito que ahora ya es parte de la causa que investiga el juez Torres: "durante los aproximadamente once años que Balbuena mantuvo su actividad como infiltrado en la mencionada Agencia Alternativa de noticias, simulando ser 'militante' se ocupó de cubrir periodísticamente la agenda de actividades políticas, a través de la cuales le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, etc. Incluso realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos".

"La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta social. No estamos ante un caso aislado, cada fuerza tiene su grupo de espías, la Federal tiene un cuerpo de 1.000 agentes para esta tarea", dijo Bregman, letrada del PTS y querellante en la causa Proyecto X.

Firmaron la denuncia contra Balbuena la propia agencia Walsh, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liberpueblo, Cuba-MTR; Claudio DelleCarbonara, Christian Castillo y Federico Puy (PTS); Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Alejandro Lipcovich (PO); Juan Carlos Giordano y José Castillo (IS); Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST), Héctor Heberling (Nuevo MAS), Elena Hanono (PCR) y Natalia Saralegui (Tendencia Piquetera Revolucionaria).

Hoy, bajo la llovizna, el EMVJ marchó a Plaza de Mayo para denunciar que las organizaciones de derechos humanos, sociales, política y gremiales "somos víctimas del espionaje comandado por las fuerzas de seguridad del kirchnerismo", y contra la "represión y la criminalización de la protesta".

Alejandrina Barry, hija de asesinados por la dictadura y miembro del Ceprodh, dijo: "marchamos también porque la criminalización de la protesta ha pegado un preocupante salto: en la provincia de Buenos Aires, la Bonaerense detuvo ilegalmente a delegados de ATE en La Plata; fueron atacados brutalmente integrantes de la comunidad Qom en Formosa; en la Ciudad de Macri se suceden desalojos violentos por parte de la Metropolitana, como en el Borda, el Parque Centenario, Sala Alberdi y recientemente en la Gráfica Mom en Pompeya; la Federal desaloja a vendedores ambulantes en Retiro; en Córdoba, detienen sin orden judicial a ocupantes de tierras fiscales; en Santa Fe se desalojó con balas de plomo en Empalme Graneros a los que reclaman un pedazo de tierra para vivir; en Famatina, los ambientalistas fueron reprimidos cuando se manifestaban contra la megaminería; por si esto fuera poco, en Santa Cruz reprimieron a trabajadores estatales y llevarán a juicio a petroleros de Las Heras".

La consigna que los unificó fue exigir el desmantelamiento del aparato de espionaje contra los luchadores, que entreguen las listas del personal infiltrado, el fin de la represión y criminalización de la protesta y el desprocesamiento a los más de cinco mil luchadores con causas".

viernes, 15 de febrero de 2013

Última audiencia en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. Declararon Favale y Lompizano.


Crónica de la última audiencia del juicio por el asesinato de Mariano - ADEMYS- SECRETARÍA DE DDHH.
 

El viernes 8 fue la última audiencia antes de los alegatos, con la que culmina lo que se llama la “etapa de producción de prueba”. Cerca del mediodía, el barrabrava de Defensa y Justicia, Cristian Favale, señalado por una docena de testigos como uno de los tiradores que la patota reclutó para ´aleccionar´ a los tercerizados, ingresó a la sala de audiencias y pidió realizar una ´manifestación´, sin aceptar preguntas del tribunal ni de las partes. El patotero subió al estrado y habló por menos de diez minutos. Dijo que ratificaba lo que había declarado en la instrucción (no lo reiteró en la audiencia, pero en aquellas afirmaciones, atribuyó a Gabriel Sánchez –otro de los detenidos- la autoría de los disparos), atacó al ´testigo protegido´ Alejandro Benítez y se declaró inocente de haber cometido el homicidio de Mariano.
Por la mañana, declaró el comisario Hugo Lompizano, quien en octubre de 2010 estaba a cargo de la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal. Su declaración batió records de caradurez.
Favale y Lompizano son los últimos imputados que habrán declarado en este juicio. José Pedraza, Pablo Díaz y Gabriel Sánchez, entre otros protagonistas de la agresión criminal que acabó con la vida de Mariano, decidieron refugiarse definitivamente en el silencio.
Lompizano
“Quería declarar… para responder a algunas de las imputaciones que se me hacen y dar mis explicaciones”, anunció.
Lompizano descargó responsabilidades sobre los jefes de la División Roca de la Federal, acusó que reportes que recibía lo llevaron a pensar que ´no pasaba nada´ e hizo un inverosímil repaso de los llamados que cruzó entre el 19 y el 20 de octubre por POC. Uno de los jueces lo inquirió respecto a esas comunicaciones, revelando incredulidad. La abogada de Lompizano se apresuró a interrumpirlo; dijo que su cliente tenía indicaciones de no responder preguntas. El juez le contestó que Lompizano, si no quería responder, tenía derecho a negarse. El comisario, finalmente, no respondió preguntas.
Según Lompizano, “nunca imaginé que mi carrera iba a terminar así, abruptamente, imputado en un caso tan doloroso e importante como este”. Falso: la carrera de Lompizano no terminó ´abruptamente´ luego del crimen de Mariano Ferreyra. Después del 20 de octubre de 2010, fue ascendido a la Superintendencia de la Policía Federal y participó del desalojo del Indoamericano y del operativo en el recital de Viejas Locas en el que Rubén Carballo fue asesinado a golpes por la policía. Su carrera se interrumpió, sí, pero luego de que negara la colaboración de la Federal en el allanamiento de varios prostíbulos en el centro porteño -esos allanamientos los realizó finalmente Gendarmería. A pesar de esto, Lompizano contó con asistencia jurídica gratuita de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal –dependiente entonces del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré- por el caso del asesinato de Mariano, durante un largo año. Esa asistencia se interrumpió recién cuando fue denunciada por nuestra querella. Actualmente, Lompizano continúa cobrando su sueldo de comisario (unos $12.000 mensuales) y dictando clases en el profesorado de Educación Física Nº 1 "Romero Brest" de la Ciudad de Buenos Aires.
La Policía Federal fue partícipe necesaria de la agresión criminal, y Lompizano, uno de los cuatro jefes responsables por su actuación. Las responsabilidades no se agotan en ellos: debe ser investigada la cúpula de la Federal –que encubrió a los policías y entregó registros adulterados de las comunicaciones, lo que motivó un allanamiento de la Superintendencia- y Aníbal Fernández, que en octubre de 2010 era Jefe de Gabinete, pero mantenía entre sus atribuciones el mando político de la policía.
Alegatos
El 15 de febrero, alegará el Cels, y el 19, Apel y Correpi. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca ambos días a los tribunales de Comodoro Py, a las 9:30hs.
A Pedraza, Fernández y el resto de los acusados –incluidos los policías- les corresponde la pena de prisión perpetua. Sin embargo, trascendió que no sería ese el pedido de la fiscalía, sino una pena menor para Pedraza y Fernández.
Esto es el corolario de una operación quirúrgica apuntada a limitar los alcances del juicio, porque las responsabilidades no se agotan, ni por asomo, en los actuales 17 imputados: abarcan también a los funcionarios de la Secretaría de Transporte, a los responsables políticos por la actuación policial y a los empresarios de Ugofe, además de otros patoteros de la Unión Ferroviaria que no fueron imputados aun.
La condena a perpetua de los responsables políticos del crimen de Mariano daría un impulso enorme a las causas conexas, y a la apertura de nuevas investigaciones, que comprometen a Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna, Aníbal Fernández y a los jefes de Ugofe. El punto es definitorio, porque la fiscalía representa la acusación del Estado en la causa; además, fue ´robustecida´ por la Procuración General de la Nación con la designación de dos nuevos fiscales adjuntos, dos meses y medio después de comenzado el juicio.
Estamos en el tramo final del juicio oral. Esta inmensa lucha merece ser coronada con la victoria, con el castigo a todos los responsables.
Justicia por Mariano. Perpetua a Pedraza.
15 y 19 de febrero desde las 9:30hs, todos a Comodoro Py.

miércoles, 4 de julio de 2012


Internas del penal de Ezeiza recibirán la comunión y confirmación

Internas del penal de Ezeiza recibirán la comunión y confirmación 
Buenos Aires (AICA): El miércoles 4 de julio, se suministrarán los sacramentos de la Comunión y la Confirmación a las internas alojadas en el Complejo Penitenciario IV de Mujeres Ezeiza (ex Unidad 3 Correccional de Mujeres). La celebración será presidida por monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo de Lomas de Zamora, también estarán presentes el capellán, presbítero Eduardo Llama; la coordinadora de la Pastoral Penitenciaria, María Patricia Alonso; autoridades del Servicio Penitenciario Federal y familiares de las internas.  
El miércoles 4 de julio, se suministrarán los sacramentos de la Comunión y la Confirmación a las internas alojadas en el Complejo Penitenciario IV de Mujeres Ezeiza (ex Unidad 3 Correccional de Mujeres).

La celebración será presidida por monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo de Lomas de Zamora, también estarán presentes el capellán, presbítero Eduardo Llama; la coordinadora de la Pastoral Penitenciaria, María Patricia Alonso; autoridades del Servicio Penitenciario Federal y familiares de las internas.

Los organizadores invitan a toda la comunidad de Lomas de Zamora a realizar una oración por la Iglesia que peregrina en la cárcel y en particular por las hermanas que recibirán estos sacramentos.+ 

sábado, 19 de mayo de 2012

Por la memoria, la verdad y la justicia


JUICIOS




(AW) Comienza juicio en Salta. Casación confirmó la condena de 21 años de prisión a un ex juez federal y a seis ex policías. Declaran familiares en Rawson por la Masacre de Trelew y Blaquier no declaró en Jujuy por los delitos cometidos en la "Noche del apagón".

1- Comienza juicio en Salta

A partir del lunes 21 de mayo a las 9:00 horas se desarrollará el cuarto juicio por delitos de lesa
humanidad en la Provincia. Se trata de la causa N° 3135/09 - ex causa 734/03 y 15 causas
acumuladas. Serán juzgados 19 imputados por crímenes contra 28 víctimas. El debate se
realizará en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta.

2 - Casación confirmó condena a ex juez federal

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la pena de 21 años dictada en 2009
para Víctor Brusa, primer ex magistrado federal del país condenado por delitos de lesa
humanidad. También confirmó la sentencia para los ex policías Héctor Colombini, Eduardo
Ramos, Juan Calixto Perizzotti, Mario Facino y María Eva Aebi.

3- Declaran familiares en Rawson
Comenzaron a dar testimonio los familiares de las víctimas en el juicio oral y público a cinco
imputados por la Masacre de Trelew, cometida el 22/8/1972. Hoy fue el turno de Alicia Bonet,
viuda de Rubén Bonet, ex preso político asesinado.
El juicio se desarrolla en Rawson y están siendo juzgados Luis Emilio Sosa, Carlos Amadeo
Marandino, Emilio Jorge Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista. Con excepción de
Bautista, imputado por encubrimiento, los demás están siendo juzgados por 16 homicidios y 3
intentos de homicidio.

4- Blaquier no declaró en Jujuy
El empresario estaba citado a prestar declaración indagatoria hoy por la investigación acerca de
los crímenes de lesa humanidad cometidos en la "Noche del Apagón" en julio de 1976. Pedro
Blaquier presentó ayer un escrito, aduciendo motivos de salud que le impedirían presentarse
ante la justicia.
Por su parte, Alberto Lemos, ex administrador de la empresa Ledesma, sí se presentó ayer,
pero se negó a declarar.

sábado, 28 de enero de 2012

Represión, detenidos y abuso policial y judicial en Catamarca.


NO A LA MINA LA ALUMBRERA Y AGUA RICA



(AW) Represión y 20 detenidos en el corte selectivo de la ruta 40, en Santa María Catamarca, que impiden el paso a los camiones de las mineras La Alumbrera y Agua Rica. Grave denuncia de maltratos y condiciones inhumanas de detención.El fiscal Landívar, al ser interrogado sobre las causas  de las detenciones respondió: Ya la vamos a inventar, y la orden judicial soy yo, en clara colaboración con el poder político y los intereses de las corporaciones, ya que es una ruta federal y  no está   en su jurisdicción.

corte-selectivo-belen3

Renace informa
Red nacional de accion ecologista de la argentina
27 enero 2012

FISCAL  IRACUNDO DETIENE A 20 MANIFESTANTES
EN EL CORTE DE RUTA DE SANTA MARIA

El fiscal  Landívar,  con asiento en Santa María, Catamarca, detuvo a 20 manifestantes que se hallaban cortando la ruta nacional 40 de manera selectiva: impiden el paso únicamente a los camiones de las mineras, mayormente de La Alumbrera y Agua Rica. Los pobladores manifiestan que este miembro de la justicia actúa exacerbado, no escucha razones,  de modo que menores, ancianos y una mujer con su bebé terminaron en la comisaría.

Tres pobladores  fueron apresados a la mañana y 17 en lo que va de la tarde; son casi todos santamarianos, algunos de Andalgalá, otros de Belén y uno de Bariloche que apoyan la movilización y los levantamientos populares contra la mega minería metalífera hidroquímica  acielo abierto.

La abogada Nidia Gutiérrez pide urgente apoyo pues el fiscal no tiene jurisdicción para actuar ya que el hecho en cuestión pertenece al ámbito federal por tratarse de una ruta nacional.

El teléfono del fiscal de apellido Landívar (ignoramos su nombre) es 03838-15496090
(03838)  423195 COMISARIA
(03838)  420652 FISCALIA

La abogada que está asistiendo a los manifestantes dijo que "uno de los detenidos ni siquiera estaba en la zona del corte, estaba saliendo de comprar una gaseosa. El mismo Fiscal lo detuvo porque le consutlo si tenía documentos y al contestarle que no se lo llevó preso. Cuando consultaron cual es la causa se les respondio que "la causa ya la vamos a inventar" ¿Con que orden judicial? "La orden soy yo" y se señaló la cabeza con el dedo índice".

Agregó que "los lugares de detención donde los alojan son deprimentes. Calabozos con olor a orina que corresponden a una historia que creíamos pasada. Se están poniendo en juego todas las instituciones de la Provincia están actuando sin orden de Juez competente y avasallando derechos constitucionales e incumpliendo Pactos Internacionales de Derechos Humanos"

""Minera La Alumbrera estableció su propia soberanía dentro del territorio de la Provincia de Catamarca, se están imponiendo sus reglas que son las reglas de los intereses económicos oscuros", remató la abogada.

El bloqueo a los ingresos de la minera La Alumbrera se hace desde la localidad de Belén y a 380 km. en la ciudad de Santa Lucía. Solamente bloquean a camiones y camionetas que pertenecen a la minera, pero dejan el paso libre a autos particulares, ciudadanos, turistas, camiones de alimentos, etc.

Los vecinos denuncian que tras los 15 años en que La Alumbrera se ha instalado en la provincia, no ha habido ningún progreso; solo mayor desempleo, más casos de enfermedades como el cáncer, y mayor contaminación.

El otro corte de ruta catamarqueño, el de Belén, se halla legalmente protegido desde  hace unas horas mediante un hábeas corpus presentado por el grupo de abogados del Movimiento Profesionales por los Pueblos.

martes, 25 de octubre de 2011

Sexo en paracaídas.


El insólito hecho se realizó en Estados Unidos, entre, Alex torres, un instructor de paracaidismo y actor ‘porno’, y una recepcionista, Hope Howell, de la escuela de paracaidismo.
La idea de grabarlo fue de la pareja, que comenzó a tener sexo en la avioneta, completamente desnudos, para luego subir el vídeo en la Red.
El mismo tuvo éxito, pero al joven lo despidieron de su trabajo y según ella, había conseguido la autorización de su jefe, “Estoy feliz de haberlo hecho. No lo cambiaría por nada del mundo”, y ahora se convirtió en una de las mujeres más asediadas de Estados Unidos.
La pareja podría enfrentar cargos por violar la ley federal, pero no por practicar sexo en las alturas, sino con la distracción que le provocaron al piloto de la avioneta desde donde saltaron.