Bariloche: Los malvivientes y etnosubversivos reclaman por la impunidad de los delincuentes detenidos.

SE MOVILIZABAN POR LA LIBERTAD DE LOS 5 PRESOS

Miércoles, 23 de Enero de 2013 08:14

Detienen a seis personas más en Bariloche  Durante la tarde de este lunes 21 de enero, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal detuvieron a dos niños y seis adultos que cortaban, junto a otros manifestantes, la ruta 40 en la salida de Bariloche hacia El Bolsón. El corte se realizababa para exigir la libertad de otros cinco detenidos acusados de "organizar lo saqueos" del pasado 20 de diciembre en Bariloche. Los dos menores fueron liberados por la noche.  Bariloche, 22 de enero de 2013 (Red Eco).- Bariloche volvió a mostrar sus dientes a su sector popular. Luego de la detención arbitraria de cinco personas, acusados de ser organizadores de los saqueos del 20 de diciembre, que fueran trasladados a otras ciudades de la provincia y a Neuquén, impidiendo que puedan acceder a su legítimo derecho a elegir su defensa, y ser acusados bajo la causa que dirige el Juez Leonidas Moldes de Bariloche, este 21 de enero, se realizaron cortes de ruta en esta ciudad patagónica. Promediando la tarde, personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal - según informo María- se hizo presente en el corte para desalojar la ruta 40 en la salida de Bariloche hacia El Bolsón. María, manifestante que logró escapar a la redada planteada por estas fuerzas del gobierno, comentó que se les pidió desocupar "de inmediato la ruta". La respuesta fue que la ruta sería desalojada en un momento, cuando se terminara de quemar una goma que aùn ardía. Pero desde los costados de la ruta, y por atrás de ellos, empezaron a aparecer uniformados que lograron detener a al menos 6 adultos y dos menores. A la noche, los menores ya habían sido liberados, pero habrían sufrido golpes y maltratos. Los adultos seguían en estado de "demorados" (figura legal inventada en la dictadura), y se proveía traslados. Además corrían fuertes rumores de desalojo del acampe en el Centro Cívico, por lo que María solicito seguir atentos a las novedades. El desalojo fue encabezado por el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional con un oficio enviado desde el despacho del juez federal de Bariloche Moldes intimando a que se desaloje la ruta 40, de lo contrario serian desalojadoxs por la fuerza, o sea, reprimidxs. En un comienzo, hubo diálogo entre las partes y la medida de fuerza se flexibilizó, dejando pasar a los autos cada media hora. Sin embargo, posteriormente 8 miembros de Gendarmería decidieron desalojar sin atenuantes la ruta. Tomaron a algunos de los manifestantes de los pelos y al resistirse, los arrastraron por el suelo. El jefe del operativo había explicado a los familiares y amigos de las detenidas que la interrupción del tránsito podría ser penado con hasta cinco años de prisión. En el mismo momento en que Gendarmería Nacional reprimía, las mujeres que estaban en el acampe eran informadas por un funcionario municipal que "seguramente serán desalojadas" en los próximos días. Por lo que ellas decidieron decidieron encadenarse a la estructura de madera que rodea la estatua del General Roca, muy bien ubicada en el Centro Cívico de la "Suiza argentina".

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck se refirió a los delincuentes subversivos que intentaron derribar el monumento a Roca argumentando “vamos a hacer todas las denuncias que correspondan a la justicia”.

 Por su parte, la titular del Concejo Deliberante, María Eugenia Martini, propuso un plebiscito para discutir sobre la instalación de un monumento en reconocimiento a la diversidad cultural. 

En el día de ayer, integrantes de la cooperativa 1 de mayo se congregaron en el Centro Cívico de Bariloche para reclamar por cuestiones laborales y de infraestructura pero terminó en un intento de derribar el monumento a Julio Argentino Roca.

“Pedían trabajo y la realización de algunas obras públicas que prometió la provincia”, aseguró Martini.

Y agregó “la protesta desató una discusión que viene de hace muchos años. Se produce una antinomia que tiene que ver con el pasado, pero que se reflota en el presente permanentemente. Por un lado, está el reclamo de muchos grupos que tienen la intensión de sacar la estatua de Roca y, por otro, hay quienes se acercaron ayer al Centro Cívico porque se oponen a que el monumento sea derribado”.

“Creo que es falsa esa antinomia porque tiene que ver con nuestra historia y con lo que somos. Hay una propuesta para que, junto a la estatua de Roca, se coloque la de un representante de los Pueblos Originarios. Por eso se planteó la realización de un plebiscito, para que no se reduzca el debate a la opinión de un grupo sino que es importante escuchar y debatir si tenemos que poner dos estatuas que representen lo que somos y lo que ha pasado en nuestra historia, que no la podemos borrar”, concluyó Martini.

El comienzo del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra ya tiene fecha: 15 de junio.

 Se llevará adelante por el Tribunal Oral Criminal Nº 21 que está a cargo del proceso.
La propia convocatoria al juicio es producto de la lucha y la movilización que ha logrado despejar todas las chicanas de Pedraza y demás imputados.
Los acusadosEl juicio tendrá lugar contra 15 imputados: José Angel Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz, principales dirigentes de la Unión Ferroviaria y de la Comisión de Reclamos de la Línea Roca; Jorge González, Guillermo Uño, Juan Carlos Pipito y Gabriel Sánchez, afiliados de la UF que fueron parte de la patota; Cristian Favale, barrabrava contratado para la ocasión; y los policías Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Rolando Garay, David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti.
Todos ellos se encuentran acusados por los representantes de las víctimas por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, para que se aplique el art. 8º, inc. 6 del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua.
Castigo a todos los responsables
En el juicio, las partes querellantes probarán que el 20 de octubre de 2010 existió un plan criminal para ‘aleccionar’ a los tercerizados del ferrocarril Roca; para lo cual, los jefes de la Unión Ferroviaria convocaron y reclutaron una patota para atacar con armas de fuego a los trabajadores. Como resultado de esa agresión, fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto. El móvil de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue garantizar el negocio que implicaba la contratación, con subsidios estatales, de ‘cooperativas’ regenteadas por el mismo sindicato para realizar obras en las líneas ferroviarias, con trabajadores que percibían un tercio del salario de un obrero ferroviario de planta permanente.
Las pruebas contra los imputados son contundentes. Los intentos de la defensa para presentar los hechos como un ‘enfrentamiento’ quedaron desvirtuados por las pericias, las que determinaron que los disparos provinieron exclusivamente del lado de la patota. Por otro lado, la pretensión de que no existió intención de matar por parte de los agresores terminó con el perito de los imputados, Roberto Locles, procesado por alterar la bala que causó la muerte de Mariano Ferreyra.
La ‘espontaneidad’ de la movilización de la patota se derrumbó por los numerosos cruces telefónicos y testimonios que dieron cuenta del reclutamiento previo, así como por el permiso otorgado por los empresarios de Ugofe para que más de 80 trabajadores de los talleres de Remedios de Escalada abandonaran su lugar de trabajo y se plegaran al grupo agresor.
Asimismo, los cruces ubican juntos a Pedraza y Fernández mientras monitoreaban con Díaz el ataque. Pedraza reconoce en su declaración que le ‘preocupaba’ la influencia de la izquierda entre los tercerizados -y, por ese motivo, su ingreso a planta permanente del ferrocarril. Pedraza también se encuentra imputado en otra causa por intentar sobornar al Tribunal de Casación, el cual debía confirmar la prisión preventiva de los primeros miembros de la patota que fueron detenidos.
La patota contó con el apoyo de la policía, la que liberó la zona, garantizó su retiro sin intentar ninguna detención y cubrió su retirada. El accionar doloso de la policía quedó plasmado en las grabaciones en las que sus jefes ordenan pasar a otra frecuencia sus comunicaciones, para evitar que quede registro del intercambio que mantenían mientras ocurría la agresión. La policía no tomó ninguna medida para resguardar el lugar de los hechos y tardó en poner en conocimiento de lo actuado al juez interviniente y al fiscal. Los policías se encuentran procesados por ‘abandono de persona’, acusación que la fiscalía mantuvo. En el curso del juicio, las partes querellantes solicitarán su condena como partícipes del homicidio y de la tentativa de homicidio en tres ocasiones.