La reforma legislativa aprobada en España, que limita la facultad de los jueces de investigar y enjuiciar graves crímenes de derecho internacional, podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves delitos y es una violación a obligaciones internacionales contraídas por España señalaron desde AI.

Para Amnistía Internacional el límite a la jurisdicción universal significa impunidad

internacional

El Grupo Parlamentario Popular justificó la necesidad de la reforma, alegando que se ha hecho un uso excesivo de la jurisdicción universal. Sin embargo, con la reforma de la Ley Orgánica aprobada se cerrará la puerta para que víctimas de graves violaciones a los derechos humanos accedan a los tribunales españoles para reclamar justicia. El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la Comunidad Internacional en su conjunto. Estos crímenes incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. El consenso de la Comunidad Internacionales es muy claro: estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investi3gar y perseguir a sus responsables expresaron desde Amnistía Internacional .

La reforma aprobada en España, sin embargo, introduce un amplio y complejo conjunto de requisitos que deben cumplirse para que los tribunales españoles tengan competencia para investigar y perseguir esos crímenes. En particular, se establece que en el caso de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, para que puedan investigarse y enjuiciarse en España, el sospechoso debe ser o bien español; o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; o un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Por su parte, respecto a los delitos de tortura y desaparición forzada, se exige que el sospechoso sea un español; o alternativamente que la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona sospechosa se encontrara en territorio español. 

Amnistía Internacional cree que en caso de no cumplirse estos requisitos, se habilita a los jueces españoles a perseguir delitos cuyo carácter obligatorio venga impuesto por un tratado internacional, siempre y cuando el sospechoso sea extranjero, se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Se trata un golpe devastador para la jurisdicción universal y para los compromisos internacionales de España de asegurar que los crímenes más graves no quedan en la impunidad.

El Dr. Gustavo Demarchi se opuso a la requisitoria de elevación a juicio formulada por el fiscal sin acuerdo del Senado Dr. Larriera.

DEMARCHI SE OPONE A LA ELEVACION A JUICIO YA QUE EL FISCAL NO ESTA LEGALMENTE DESIGNADO

Como se sabe el abogado está acusado haber cometido delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata durante la década del 70. Los que lo acusan afirman que los crímenes fueron cometidos por la Concentración Nacional Universitaria atribuyéndosele el carácter de jefe de la organización.
Demarchi en reiteradas oportunidades afirmó que nada tuvo que ver con los crímenes que se le atribuyen y además que nunca fue jefe de le mencionada organización, lo que fue corroborado en la causa por testigos
 En un largo escrito (mas de 200 fs) cuestionó todos los aspectos de la causa y ratifico se absoluta inocencia analizando uno por uno los elementos con que se pretende someterlo a proceso.

El canciller Héctor Timerman explicó que, “Interpol le informó al Gobierno la situación en relación al ataque terrorista a la AMIA”.

“Interpol le hizo saber al Gobierno nacional a través de una carta que acuerdo con Irán por la investigación de la causa AMIA  no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados  por ese ataque terrorista”.

El canciller Héctor Timerman dio  a conocer  el texto de la  carta enviada por el consejero jurídico de la Secretaría General de Interpol, Joël Sollier, a su cartera.

Y dio a conocer la misiva durante una presentación que realizó en la Casa de Gobierno.

Presentación de alegato del CELS en Juicio a Genocidas.

Miércoles 23.

Capital Federal: 

Hora: 14:00

Lugar: Tribunal Oral Federal nº 2, tribunales de Comodoro Py 2002.

Motivo: El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comenzará la exposición de su alegato en el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino Atlético–Banco–Olimpo (ABO).

Reseña: Este juicio, conocido como “ABO bis”, se desarrolla en el Tribunal Oral Federal nº 2 y comprende 181 privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos ocurridos entre 1976 y 1979 en el centro que operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército. El 21 de diciembre de 2010, el mismo tribunal condenó a penas de entre 25 años y prisión perpetua a otros 16 imputados. Los imputados en esta causa son el ex policía federal Pedro "Calculín" Godoy y el ex miembro del Ejército Alfredo "Cacho" Feito, asistidos por los defensores públicos oficiales ad hoc Santiago Fin y Enrique Manson. El tribunal está integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini y la fiscalía está a cargo de Alejandro Alagia. Por su parte, las querellas están conformadas de la siguiente manera:

- Querella unificada n° 1: integrada por los representados del CELS, Madres de Plaza de Mayo -LF, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Alcira Ríos y los representados por el grupo KAOS.
- Querella unificada n° 2: integrada por los representados de Justicia ya!
- Querella unificada n° 3: integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El CELS representa a Carmen Aguiar de Lapacó, por su caso y el de su hija Alejandra Lapacó; Nélida Pérez de Mateu y Natalia Mateu, por el caso de Abel Mateu; Carlos Pisoni, por los casos de Rolando Pisoni e Irene Bellocchio; María Paula Maroni y María Rosa Giganti, por los casos de María Rosa Giganti y el de Patricio Maroni, e Isabel Cerruti, por su caso. Para presenciar los debates, presentarse con DNI, cédula o pasaporte original en el 6º piso.

Convoca – Contacto: Centro de Estudios Legales y Sociales

El ingenio Ledesma detrás de la represión.

A juicio

(AW) Luego de varias trabas judiciales, los dueños de Ledesma fueron citados a declarar por las causas de lesa humanidad. Entre los crímenes a indagar, se encuentra el conocido "apagón", cuando la empresa favoreció el trabajo de Gendarmería y el Ejército para el secuestro y desaparición de 400 personas. Jujuy, martes 15 de mayo de 2012 (La Arena) EMILIO MARÍN LOS MONOPOLIOS TUVIERON MUCHO QUE VER CON LA REPRESIÓN Ingenio Ledesma, su vida ahora empieza a no ser tan dulce Después de muchos años, el ingenio Ledesma tiene a dos de sus directivos citados a declarar y sin poder salir del país. No es mucho precio por tantos delitos que se le imputan, pero es algo. Su vida ya no será tan dulce. Hasta fines de 2011 Jujuy ostentaba un triste récord: no se había celebrado ningún juicio oral ni público, y tampoco por el viejo Código ("por escrito") por violaciones a los derechos humanos. Un nítido contraste con el resto del país, donde las causas eran elevadas a juicio y, sin la velocidad deseada por los organismos de derechos humanos, finalmente había audiencias y condenas. En abril de ese año la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento por delitos de lesa humanidad de la Procuración de la Nación, que dirige Jorge Auat, expresó: "el avance procesal de todas estas causas (en Jujuy) ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor". Además de apuntar contra ese magistrado, se consideraba había complicidad para ese retardo de la Cámara Federal de Salta. Además de esos poderosos bolsones o algo más, extendidos en la justicia de Jujuy, en el enorme retraso de esos procesos influía el poder económico de la región. Es que en aquéllos no había sólo imputaciones contra militares y policías, como ocurre en el resto del país. También las había contra directivos del Ingenio Ledesma, un monopolio de prosapia oligárquica con vasos comunicantes con distintos gobiernos que se alternaron en la provincia y el país, incluido el actual. Olivera Pastor no quería ir contra semejante empresa, que tiene tres causas, adormecidas hasta fines de 2011 y principios de 2012, esto sin contar su implicancia en la represión policial que causó cuatro muertos en julio de 2011. De la época de la dictadura, la más conocida, es la del "Apagón" de julio de 1976, cuando los efectivos de Gendarmería y Ejército secuestraron a 400 personas, al amparo de la oscuridad de un apagón donde tuvo que ver la empresa. Esta también proporcionó listas de empleados díscolos, las camionetas y agentes de seguridad. Los secuestros se produjeron en el área comprendida entre Calilegua y Pueblo Libertador San Martín (Ledesma); sus víctimas fueron llevadas a sedes policiales, torturadas y una parte liberada, aunque 55 desaparecieron en esa "noche y niebla" del nazismo. Otra causa es por la desaparición de cinco ciudadanos de Jujuy, entre ellos el médico Luis Arédez, ex intendente de la localidad en 1973, quien cometió el horrible delito de cobrarle impuestos por vez primera al Ingenio fundado en 1908. Aredez fue primero secuestrado en Jujuy tras el golpe y blanqueado como preso político en Buenos Aires, para ser posteriormente liberado. Poco después fue otra vez secuestrado y desaparecido. Las otras víctimas en esta causa son Antonio Filliú, Ramón Luis Bueno, Omar Gainza y Carlos Alberto Melián. Los caminos conducen a Blaquier El blindaje jurídico por décadas no les alcanzó a los dueños del azúcar para toda la vida. Las protestas de los organismos de DD HH y del fiscal Auat ayudaron al progreso de las causas, que ya en 2009 había impulsado el fiscal Domingo José Batule. En la del "Apagón" había pedido indagar al ex administrador Alberto Lemos y el jefe de Relaciones Públicas, Marcos Paz, el mismo que en el documental de Eduardo Aliverti, "Sol de noche", había admitido, como si fuese un mérito, haber cesanteado a más de 10.000 trabajadores en esos años dictatoriales. Lamentablemente, hasta principios de 2012 el bloqueo del juez Olivera Pastor pudo más, aunque le valieron denuncias ante el Consejo de la Magistratura y un apartamiento. El juez que lo subrogó en ese Juzgado Federal n° 2, Fernando Poviña, dio nuevo empuje a las actuaciones. En 2011 había muerto Paz, así que la citación a indagatoria la mantuvo para Lemos y nada menos que para Carlos Pedro Blaquier, el dueño de la gran empresa. Esto significó un vuelco espectacular en el expediente y un acto de estricta justicia demorado 36 años. Era hora que estos monopolistas rindieran cuentas, como en marzo de 2011 reclamó en sede judicial Adriana Arédez, hija del médico desaparecido y de Olga Márquez de Arédez, la madre de Plaza de Mayo que animó todos esos años las marchas de los jueves en Ledesma y las Marchas del Apagón. Ella también fue víctima del monopolio pues en 2004 falleció de cáncer de pulmón provocado por bagazosis, una enfermedad derivada de aspirar el aire contaminado por la quema del bagazo de caña, especialidad de la casa Ledesma. De la complicidad con la dictadura hay suficientes pruebas en esas actuaciones por el "Apagón" de 1976, pero también de antes, como se verá en el caso del detenido y desaparecido Jorge O. Weisz, y a posterioridad. En un par de libros se incluyó la carta que Blaquier le dirigió a su amigo José A. Martínez de Hoz donde da cuenta de entrevistas con directivos de medios extranjeros que lo invitan a poner dinero y publicar en el Time un artículo a favor de la dictadura. Todo eso había sido tramado por Martínez de Hoz con la crema de los monopolios, incluido su amigo azucarero, quien en la carta ratifica su "profunda admiración" por "Joe" y el plan económico de entonces, aplicado con terrorismo por el general Videla. El juez Poviña ha citado a declarar a Lemos el 17 de mayo próximo y a Blaquier el día siguiente, y entre tanto les ha prohibido salir del país, en la causa por el secuestro y torturas sufridas por el doctor Arédez y los otros cuatro jujeños. La decisión judicial equivale a mojarle la oreja al monopolio y ha sido celebrada en el noroeste y el país, incluso en el extranjero pues ante el retraso judicial el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en 2011 como "amicus curiae". Clase contra clase Era hora que Blaquier sea sentado en el banquillo de acusados, como ocurrirá el 12 de julio próximo cuando Jujuy debute con un juicio. Hasta ahora no fue importunado por su participación activa en los delitos cometidos durante la dictadura. Quienes deseen conocer más detalles de la oscura historia de explotación y violaciones a los derechos humanos de sus empleados y de los pueblos originarios a los que succionaron su sangre desde 1908, pueden ver el documental "Diablo, Familia y Propiedad", del realizador Fernando Krichmar y Cine Insurgente. Los Blaquier no eran excepción. En 1985 varios sindicalistas denunciaron ante el juez Baltasar Garzón, en Madrid, los delitos cometidos por esa empresa y sus colegas de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca (Techint), Ford y Mercedes Benz. En los allanamientos a dos oficinas de Ledesma en la última semana de abril pasado se halló documentación muy valiosa para las causas del pasado y el presente. Del pasado, se dio con una carpeta con información de una agencia de seguridad norteamericana, World Division-Psicología Industrial, referida a Weisz, el principal dirigente obrero del Ledesma, militante de Vanguardia Comunista (actual Partido de la Liberación). Weisz era sindicalista y fue despedido en 1974, siendo detenido en octubre de ese año por instigación de monopolio. En diciembre de 1976, estando preso en el penal jujeño, fue desaparecido por fuerzas del Ejército, junto con el abogado del gremio, también militante de VC, Carlos Patrignani. No hace falta ser un lince para darse cuenta que aquella carpeta en poder de la empresa la liga con la detención y desaparición del líder clasista, objetivo logrado con la complicidad del gobierno justicialista. Los Snopek y Martiarena de aquella época, como los Barrionuevo y Fellner de estos días, han sido muy obedientes a las órdenes de esa familia oligárquica. El gobernador Barrionuevo afectó en 2011 los derechos humanos, toda vez que la falta de viviendas sociales motivó en julio ocupaciones de terrenos en Ledesma y sobrevino una durísima represión policial con varios muertos. Esa represión tuvo que ver con la actitud empresaria, a la que habían ocupado unas pocas hectáreas, sobre las 155.000 que tiene en el distrito, y en vez de dialogar con los ocupantes humildes, instigó el desalojo a los balazos. La presidenta también tiene responsabilidad en lo sucedido, porque Jujuy es parte de la Argentina. Pero también por otros motivos: en 2009 Cristina Fernández recibió a Blaquier y a Federico Nicholson, enviando en 2010 a los ministros Julio de Vido y Débora Giorgi a la inauguración de la planta de etanol del Ingenio. Nicholson presidió la 16° Conferencia Industrial de la UIA en 2010, cuando CFK comenzó a criticar unilateralmente al movimiento obrero. Al titular del evento, en cambio, lo trataba amigablemente de "Federico". Que la carpeta del espionaje sobre el desaparecido Weisz estuviera en oficinas de Ledesma es muy grave. Igualmente que se hallara allí documentación sobre la marcha del Apagón de 2005, con datos de personas, reuniones, patentes de vehículos, etc. No bastará con procesar y condenar a Blaquier; también será necesario depurar a las fuerzas de seguridad y terminar con el "Programa X" de Gendarmería.

Críticas a las salidas transitorias de Víctor Brusa.

EN ARGENTINA HAY JUECES QUE QUIEREN SER INDEPENDIENTES DEL GOBIERNO

CRUCES ENTRE PODERES

Críticas a las salidas transitorias de Víctor Brusa

El Tribunal Oral de Santa Fe envió una queja al ministro Alak por “intromisión”. El coordinador del Programa Verdad y Justicia, Guillermo Valerga Laterrade, cuestionó en una nota las salidas transitorias otorgadas a Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi.

El Tribunal Oral de Santa Fe le pidió explicaciones al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, por la "actitud temeraria" y "beligerante" del coordinador del Programa Verdad y Justicia, Guillermo Valera Laterrade, quien cuestionó las salidas transitorias que benefician a tres condenados por crímenes de lesa humanidad: el ex juez Víctor Brusa, el ex oficial de inteligencia Eduardo Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi. Se trata de "una intolerable intromisión de un funcionario del Poder Ejecutivo en decisiones de un Tribunal de la Nación", la calificó el propio tribunal y le solicitó a Alak que "se pronuncie al respecto, a fin de reparar la conducta asumida" por el integrante de su gabinete.

Valera Laterrade criticó la resolución del Tribunal que benefició a Aebi, Brusa y Ramos con el doble cómputo de la condena y les concedió salidas transitorias a su domicilio, cada quince días y bajo custodia (ver aparte). Los tres fueron condenados en diciembre de 2009 a 19, 20 y 23 años de prisión, respectivamente, por apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y tormentos, pero el fallo no está firme porque fue apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que aún no se expidió. En el juicio, también resultaron condenados los ex comisarios Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti y Héctor Colombini, a 20, 22 y 23 años de prisión. Incluso, en agosto de 2010, Facino recibió una segunda condena a 23 años de cárcel por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976. Sin embargo, los tres comisarios ni siquiera tuvieron que reclamar el beneficio de sus colegas de banquillo (de pasar un fin de semana de por medio con su familia) porque gozan de prisión domiciliaria.

Aebi, Brusa y Ramos están detenidos desde febrero de 2005, lo que significa que ya cumplieron siete años de condena, que --según el Tribunal-  debe computarse doble por la regla del dos por uno. El cómputo se extenderá hasta que la Cámara de Casación se pronuncie sobre la sentencia, lo que aún no ocurrió.

En el juicio a Brusa y compañía, el Tribunal Oral fue integrado por tres subrogantes: el juez del Tribunal Oral de Paraná, Roberto López Arango, que lo presidió y los abogados Carlos Renna y Andrea Creus, después de una excusación masiva de los jueces de Santa Fe y más de treinta abogados del foro.

Según Valera Laterrade, al ordenar el doble cómputo de la condena y las salidas transitorias de Aebi, Brusa y Ramos, "el Tribunal demuestra, o bien ignorancia de la ley o bien una clara voluntad de su violación" porque la norma del dos por uno fue derogada. Así lo escribió en una nota y en un dictamen, ambos con su firma, que remitió a López Arango. El tono, los fundamentos y hasta un fallido de Valera Laterrade en la cita del número de una ley detonaron el conflicto.

El Tribunal consideró la actitud del Coordinador del Programa Verdad y Justicia como "una intolerable intromisión de un funcionario del Poder Ejecutivo en decisiones de un Tribunal de la Nación", según un oficio que remitió al ministro Alak y al que tuvo acceso Rosario/12 Y calificó la conducta de Valera Laterrade como "temeraria" y "beligerante", no sólo por sus "expresiones descomedidas", sino también por "la información errada y falaz" que utilizó en la nota y en el dictamen que envió al Tribunal, lo que "demuestra un desconocimiento" de la ley, de la causa Brusa y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación aplicable al caso, "como así también de las mínimas normas de prudencia, respeto y decoro que debe poseer un funcionario público en el ejercicio de su cargo". Y le pidió a Alak que "se pronuncie al respecto a fin de reparar la actitud asumida" por su subordinado. Copias del oficio fueron enviados al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y al titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación "a los fines que correspondan".

"Más allá de que se pueda discrepar con el criterio adoptado, tanto por este Tribunal que dispuso las salidas transitorias de los encausados con la debida custodia y control, como por los tribunales superiores que sustentaron tales criterios y representan la autoridad institucional en materia jurisprudencial, existen los medios legales para recurrir tales decisiones. Y de hecho, así lo hizo el Ministerio Público Fiscal al apelar ante la Cámara Nacional de Casación Penal".

"Pero lo que no se puede permitir --agregó el Tribunal-  es que un funcionario público que representa a otro poder del Estado, asuma una actitud beligerante y totalmente desmedida contra este Tribunal de la Nación, por la decisión adoptada en una causa judicial que es ajena a su competencia. Pues esto no sólo afecta la independencia de los poderes y el respeto que debe existir entre sus respectivos integrantes, sino también la imagen del Poder Judicial como consecuencia de que dicha nota fue enviada a los medios que reprodujeron y replicaron los argumentos desmedidos y errados de dicho funcionario. En consecuencia, se solicita al ministro que tenga a bien pronunciarse al respecto a fin de reparar la actitud asumida por el funcionario aludido", concluyó el Tribunal.

Gangsterismo sindical:Debieron leer el jueves la noticia del asesinato de un líder sindical en Zaraza (Guá).

VENEZUELA

LOS DOMINGOS DE DÍAZ RANGEL 

21/01/2012


Supongo que no les sorprendió. Desde hace algún tiempo se repite este tipo de crímenes, particularmente en el área de la construcción. El Dr. Roberto Hernández W, exministro del Trabajo y abogado laboral, me explicaba hace algún tiempo, cuando estos asesinatos comenzaron a alarmarme, que su origen está en la lucha por el reparto de cupos de trabajo en las obras en construcción entre los numerosos sindicatos del ramo. En ocasiones, los constructores o las empresas correspondientes, son chantajeados por esos seudosindicalistas y les obligan a ceder cupos en las obras. Esa práctica se ha convertido en un negocio para esos sindicalistas, que apelan, con o sin sicarios, al crimen para alcanzar sus propósitos.

¿Cuántos sindicatos existen en la construcción? El número más alto que Ud. se pueda imaginar, más que en el magisterio que es uno de los gremios más divididos. Están legalizados 120. Lo lógico es que fuesen unos 50, calculando uno de cada tendencia en cada estado. En Bolívar, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Zulia, Miranda y el DC se concentra el mayor número de estos sindicatos e igualmente, donde ha habido la mayoría de estos crímenes.

El año pasado, 189 sindicalistas fueron asesinados, de los cuales 180 eran de la construcción, casi 16 cada mes. En lo que va de año se cuentan 12, la mitad en Anzoátegui. ¿Qué diferencia estas prácticas con las de las peores épocas del gangsterismo sindical en países como EEUU y México?

Lo peor es la indiferencia que uno observa en las centrales sindicales, con la Socialista a la cabeza, los partidos, los funcionarios del Trabajo que no han hecho nada por detener esta situación pese a su gravedad, y en las autoridades comenzando por la Fiscalía, los organismos policiales y los tribunales. ¿Cuántos de esos criminales están condenados?

Confiamos en que la investigación del asesinato de Jesús Reyes, sindicalista de la construcción en Guárico que había denunciado amenazas ante el Cicpc y dejó nombres, sea un punto de partida de una reacción de todas esas instituciones para enfrentar y darle un parao al crimen de sindicalistas. 

Reconocer los resultados
En su mensaje anual a la Asamblea Nacional, el presidente Chávez hizo dos planteamientos, uno de los cuales, enmarcado en la posibilidad del "reencuentro pese a las diferencias", tal como lo resumió ese día, comenzó a concretarse. A propuestas de los diputados Juan Carlos Caldera, adelantó el anuncio de la creación de la Misión Seguridad, que de sus similares, debe ser la primera que tendrá el concurso de todos los sectores, incluida, naturalmente, la oposición; de Gaviria y González, que ha permitido a un sector empresarial acercarse formalmente al gobierno, y confiamos en que se conocerá la verdad de las cifras de producción agropecuaria; e igualmente se acogió la recomendación de Ramos sobre una reforma legislativa laboral.

Todo ello demuestra que ese espíritu de cooperación, o de reencuentro, presente en la palabra presidencial ya tiene expresiones concretas en desarrollo de iniciativas de la oposición.

La misma que cuando "analiza" el discurso presidencial se limita a criticar la extensión del mensaje. O si la cifra oficial de la producción de arroz es abultada, invalida todas las estadísticas,  incluidas aquellas de organismos internacionales.
Pero ese no es el único asunto que olvidan. Hubo otro, de carácter político demasiado importante. Me refiero al compromiso reiterado del Presidente de reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, cualesquiera que ellos sean, y su disposición de ponerle la banda presidencial al ganador, o ganadora. Y demandó de la oposición una declaración similar de reconocimiento. Declaración que, entre paréntesis, nunca antes en esa hilera de votaciones han hecho los candidatos y partidos opositores.

No es la primera vez que Chávez lo hace antes de tantas votaciones habidas, ni este compromiso carece de hechos contundentes que lo avalen. El más importante de ellos fue en ocasión de su derrota en las votaciones sobre el referendo constitucional (2007). Minutos después del anuncio del CNE de que había perdido la propuesta avalada por el Presidente, apareció en la tele aceptando el resultado. Y es de notar que la diferencia fue menor de un uno por ciento. ¡Imagínense ustedes a la oposición perdiendo con ese margen! Pero ese no es el único resultado adverso reconocido. Hay que añadir los de las decenas de gobernadores y alcaldes de oposición electos desde 1998.

¿Se atreverán mientras sectores de la MUD tengan la denuncia de fraude en el bolsillo?

Cri$tina; heroina de barro.

ARGENTINA / OPINION
Cristina sueña con realizaciones y, por qué no, con el bronce


La presidenta juró en el Congreso, asumiendo su segundo mandato. Luego tomó juramento a sus ministros. Ella tiene su idea de lo que falta hacer en el país y quiere hacerlo. Sería también su forma de entrar a la historia.

Por EMILIO MARÍN


Ayer se inició el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ella, su 54 por ciento de votantes e incluso una buena porción de quienes no la votaron, tienen expectativas en la gestión recién iniciada. Por supuesto, en un segmento de las patronales sojeras más resentidas, los represores condenados por sus crímenes setentistas y quienes adhieren al pensamiento neoliberal hoy devaluado en el mundo, también hay quienes hacen cuernitos y le desean el mal.

Lo bueno para la presidenta es que los buenos augurios sobrepasan en mucho a los que tiran mala onda y ponen palos en la rueda. Son más los que viven el momento con la alegría de que hay un nuevo turno democrático por otros cuatro años y que, ubicados al principio en el Purgatorio, diría Néstor Kirchner, ahora están saliendo rumbo a un mejor lugar. Este mejor escenario no es el Paraíso ni mucho menos, aunque hay cristinistas que se relajan y gozan como si ya estuvieran en el mejor de los mundos.

Cristina, blindada con ese voto, encara este nuevo tramo con la posibilidad de tomar decisiones y elegir colaboradores sin tener que pasar por las duras negociaciones como quienes la precedieron. Se presume que la política ha recuperado su lugar frente a varias corporaciones acostumbradas a marcar la agenda.

En realidad son esta presidenta y esta política las que lo han logrado. Mauricio Macri es otra cosa y por ahora quedó enclaustrado en los márgenes del Río, el Riachuelo y la General Paz. Sólo el tiempo dirá si puede hacer el ?aporte al país? que prometió en su leído discurso de asunción en la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora juega en la B Metropolitana, aunque futbolísticamente hablando recuperó por medio de Daniel Angelici la presidencia de Boca Juniors, que hoy festejará el campeonato mayor.

Esa libertad de maniobra de la presidenta se notó en cómo articuló su gabinete para los cuatro años venideros. De los funcionarios a los que tomó juramento en el Museo del Bicentenario, y no el clásico Salón Blanco de la Rosada, casi todos venían del período anterior. Fue una forma de decir que se ratificaba el rumbo porque se lo considera exitoso. ¿Para qué cambiar lo que ha sorteado la prueba de la práctica, en un período tan exigente y complicado como el cuatrienio 2007-2011? Las caras nuevas son tres y fueron puestas en esos lugares por decisión presidencial: Juan M. Abal Medina en Jefatura de Gabinete, Hernán Lorenzino en Economía y Norberto Yahuar en Agricultura, Ganadería y Pesca, a pesar que las malas lenguas de la ?La Nación? sólo consideran al chubutense como un entendido en merluza. Para CFK, en cambio, será un excelente ministro de toda el área.

El elenco ministerial parece mejor que el preexistente. La diferencia la da Abal Medina en cotejo con Aníbal Fernández, un exponente del justicialismo tradicional bonaerense, con más vínculos con los mandos policiales del distrito que con los sectores sociales que allí viven con tantas necesidades básicas insatisfechas. Abal Medina difícilmente se querría comer un Pollo vivo sobre las vías del Sarmiento. Y fue al homenaje a los doce desaparecidos en la Iglesia de la Santa Cruz. Bigotes nunca pisó allí.


Adversario-enemigo

En este momento que le sabe a gloria, la presidenta tendría que aguzar mucho la vista para distinguir a algunos adversarios y enemigos. La mayoría de éstos, por oportunismo político (y en ciertos casos porque están ganando muchísimo dinero y subsidios, como Cristiano Rattazzi, de la Fiat), la aplauden de pie, para que los vean. Algunos personajes como Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, también lo hacen y resultan patéticos. ¿Quién puede creer que la rancia oligarquía que no digirió la derrota electoral del PRO, radicalismo, duhaldismo, CC y otras agrupaciones afines a Palermo, pueda estar realmente contenta con el tiempo por venir?

Uno que se mantiene en penumbras y con un doble discurso respecto al flamante mandato de CFK es Macri. Por el tono de su mensaje del viernes al asumir en la Ciudad, cuando habló de que quiere ser útil a nivel nacional, se desprende que más que gobernar a los porteños piensa desembarcar en cada pueblo del territorio nacional. Esta empresa fue intentada con anterioridad y terminó en fracaso. Al final ese tour se redujo a la Capital, con un muy aceptable triunfo sobre Filmus-Tomada, pero aún así el PRO no pudo desprenderse de su tonada concheta y porteña.

No se trata sólo de discursos como el del viernes. Los hechos sugieren que el macrismo está entrando en un período de conflictos y pulseadas con el gobierno nacional. El traspaso demorado del Subte es una prueba de ello.

Además hay razones ideológicas: la presidenta es parte del nuevo emprendimiento de la CELAC, tercermundista, en tanto el jefe del PRO es socio de la internacional de la derecha neoliberal que días atrás reunió en Marsella a Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Mariano Rajoy, José M. Barroso y la congregación del ajuste y las políticas de shock que tanto daño están haciendo a Europa.

Aún con sus límites de poder territorial y sus causas judiciales de espionaje a cuestas, más el fardo de su asesor de imagen Durán Barba y los aumentos del ABL y los peajes a los porteños, Macri es un enemigo que no debe ser subestimado por la presidenta. Cuenta con la vidriera del país, con el favor de una parte del empresariado y la derecha política que aún dispersa en muchos campamentos podría reagruparse convencida de que de lo contrario la jefa de Estado seguirá a paso de vencedores. El monopolio Clarín es otra espada afilada del PRO, de mucha utilidad hoy que la ley de medios no está siendo aplicada a cabalidad. Los vínculos internacionales recién citados con el bloque derechoso europeo y eventualmente con los republicanos, a la derecha de Obama, si es que vuelvan a la Casa Blanca en enero de 2013, etc, son elementos que fortalecen la imagen de Macri como el principal contendiente con el que deberá lidiar Cristina.

Los sueños de Hermes Binner, Ricardo Alfonsín y otros por ocupar ese lugar, hoy son casi irrealizables. El referente opositor que ha saltado al centro del ring es el referente de la derecha porteña, Macri, que hostiga como enemigo, desde afuera del justicialismo. Hugo Moyano, de Camioneros y la CGT, objeta parte del rumbo y los aliados, desde adentro. Es el adversario que Cristina no deberá descuidar. Habrá que ver cuántos goles hace el jueves 15 en Huracán.


Cuatro o cien años

En el mensaje a la Asamblea Legislativa la presidenta reivindicó fuertemente la gestión suya y la de su marido, en cuanto a los 5 millones de empleos generados, la asignación universal, la ley de medios y la recuperación de los fondos previsionales. Con mucha razón dijo que con esas pocas leyes aprobadas estaba más que conforme, en comparación con las muchas leyes votadas durante el gobierno de la Alianza, respondiendo a una comparación periodística que no la favorecía.

Tuvo mucha profundidad y un sesgo autocrítico su reflexión de que "mientras haya un solo pobre en la Argentina no estará completo nuestro proyecto nacional, popular y democrático". No faltarán las interpretaciones mal intencionadas de los  medios monopólicos que vean allí el sutil planteamiento de una Cristina ?eterna?, que dure hasta que se pueda remover la última expresión de pobreza.  Por supuesto que no fue dicho en ese sentido sino como forma de comprometerse a tomar medidas para que los más humildes mejoren su situación.

No fue muy afortunado su discurso en la referencia a los derechos humanos, pues CFK adjudicó los méritos de los juicios a su gobierno, el parlamento y la justicia. Así dejó afuera al pueblo argentino, que en 1996 con las multitudinarias marchas del 24 de marzo detonaron el reclamo de juicio y castigo. Así se llegó a la buena marca de 262 represores condenados, aunque varios cumplan sentencias en su casa.

La presidenta exhortó a que dentro de cuatro años su sucesor (otra referencia a que no buscará la re-reelección) pueda ver los juicios culminados y dar vuelta la página. No es seguro que en ese caso haya un borrón y cuenta nueva con respecto a ese drama argentino.

Esa cifra, cuatro años, no es una eternidad. En cambio sonó a largo plazo la estimación del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, de que durante el siglo XXI las Malvinas serán argentinas. Cien años. ¿No le parece mucho don Arturo? 

Y no es que el cronista esté propiciando una guerra contra los británicos ni nada que se le parezca. La guerra, aún justa como sería una por la recuperación de un territorio nacional usurpado por una potencia colonial en 1833, debe ser el último recurso.

Hay muchas fichas por jugar, en lo político, económico y diplomático, comenzando por sanciones contra los monopolios británicos. Si se ejerce presión contra Shell, HSBC, Unilever, Laboratorios Glaxo, British Petroleum, etc, es posible que en Londres aparezca alguna bandera blanca pidiendo una negociación. El hombre de Anillaco dijo que en diez años las islas serían nuestras. Puricelli decuplicó el plazo pero si la política no cambia, tampoco acertará.