LOS IBAN A DEPORTAR
Funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación, recientemente, fueron a las distintas cárceles federales para monitorear las condiciones de detención de los internos. Por lo general, todos los días se presentan por sorpresa, pero ese día se iban a encontrar con algo que nunca habían visto. En los calabozos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tiene en Ezeiza, de 1,8 por 1,5 metros y con solo una cama de cemento y rejas del techo al piso, había dos detenidos: uno peruano y otro dominicano. Ambos estaban próximos a ser expulsados del país y, a pesar de que ley de Migraciones dice que se debe informar de inmediato sobre cada detención, en los dos casos, ningún juez había sido notificado de sus situaciones. (Por Nahuel Gallotta/Clarín)
Por el caso del detenido de nacionalidad peruana, desde Procuración llamaron a la Secretaría del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 y desde allí les dijeron que nadie les había informado de la detención. Había llegado el 26 de agosto a la celda. Antes había pasado varios días en una comisaría.
Lo detuvieron cuando tramitaba su DNI
Después declaró que trabajaba vendiendo ropa en Florencia Varela y quería regularizar su situación migratoria y que por eso fue a tramitar su documento. A fines de junio había recuperado su libertad en la Unidad 4 de La Pampa tras haber cumplido dos años de condena por una tentativa de robo simple. Para regresar a su casa hasta le habían facilitado el pasaje a Buenos Aires. Cuando lo detuvieron en Migraciones le dijeron que la expulsión sería en los próximos siete días. Por eso – dijo – “no entendía nada”.
El dominicano caminaba por la Plaza San Martín con un amigo cuando miembros de la Comisaría 15 le pidieron sus documentos. Fue el 21 de agosto. Como no los tenía, lo detuvieron y a los cuatro días fue trasladado a la celda de la PSA. En su declaración, contó que trabajaba como pintor, que se había casado con una argentina en el 2000 y que desde esa fecha había viajado dos veces a su país con la libreta de casamiento y que al regresar nadie se lo impidió. También declaró que un abogado le había cobrado 1.500 dólares para tramitar su DNI y que había desaparecido con su dinero.
Ninguno de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federales fueron notificados de los dos casos. Tampoco la Defensoría Pública Oficial ni la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. “Si no nos hubiésemos presentado en las dependencias de PSA habrían sido expulsados del país y nadie se enteraba. Lo peor es que ninguno de los dos estaba cometiendo un delito cuando los detuvieron. Estaban a cargo del Poder Ejecutivo sin conocimiento del Poder Judicial. Ni siquiera habían tenido la visita de un defensor oficial para defenderlos y contarles la ilegalidad de la detención y expulsión”, dice Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de DD.HH. de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que presentó habeas corpus para que se investigara el posible delito de privación ilegítima de la libertad.
“Lo que nos preocupa es la forma”, dijo el Cónsul General de Perú, Embajador Marco Núñez Melgar. “¿Tú crees que si mi compatriota moría en esa celda me iban a avisar? Yo no sé qué habrían hecho con el cuerpo si él moría y nadie estaba enterado de su detención … Y ahora me surge la duda de si ya ha habido otros casos y nunca nos enteramos”.
David tiene 47 años (su nombre no es real) y se comunica con Clarín desde la celda de la PSA. Es el peruano que continúa detenido desde hace 45 días. Cuenta que el último sábado fue liberado el dominicano.
“Yo me presenté en Migraciones. Quería tramitar mi DNI porque quería viajar a Lima a ver a mi familia. Llevé certificado de antecedentes, de domicilio, todo lo que te piden y al rato me dijeron que estaba retenido. No entendía: el secretario del Juez de Ejecución 3 me había dado el certificado diciendo que estaba limpio, y que no había orden de deportación”.
“A nosotros nos resultó extraño. Porque todos los días nos informan de detenciones de peruanos. Nosotros entendemos que quieran expulsar extranjeros que cometen delitos, lo que no compartimos es la forma en que lo estaban haciendo. Esto no se vio nunca en el país, ni en el mundo”, confiesa José Pacheco, cónsul adscrito.
Lo detuvieron cuando tramitaba su DNI
Después declaró que trabajaba vendiendo ropa en Florencia Varela y quería regularizar su situación migratoria y que por eso fue a tramitar su documento. A fines de junio había recuperado su libertad en la Unidad 4 de La Pampa tras haber cumplido dos años de condena por una tentativa de robo simple. Para regresar a su casa hasta le habían facilitado el pasaje a Buenos Aires. Cuando lo detuvieron en Migraciones le dijeron que la expulsión sería en los próximos siete días. Por eso – dijo – “no entendía nada”.
El dominicano caminaba por la Plaza San Martín con un amigo cuando miembros de la Comisaría 15 le pidieron sus documentos. Fue el 21 de agosto. Como no los tenía, lo detuvieron y a los cuatro días fue trasladado a la celda de la PSA. En su declaración, contó que trabajaba como pintor, que se había casado con una argentina en el 2000 y que desde esa fecha había viajado dos veces a su país con la libreta de casamiento y que al regresar nadie se lo impidió. También declaró que un abogado le había cobrado 1.500 dólares para tramitar su DNI y que había desaparecido con su dinero.
Ninguno de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federales fueron notificados de los dos casos. Tampoco la Defensoría Pública Oficial ni la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. “Si no nos hubiésemos presentado en las dependencias de PSA habrían sido expulsados del país y nadie se enteraba. Lo peor es que ninguno de los dos estaba cometiendo un delito cuando los detuvieron. Estaban a cargo del Poder Ejecutivo sin conocimiento del Poder Judicial. Ni siquiera habían tenido la visita de un defensor oficial para defenderlos y contarles la ilegalidad de la detención y expulsión”, dice Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de DD.HH. de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que presentó habeas corpus para que se investigara el posible delito de privación ilegítima de la libertad.
“Lo que nos preocupa es la forma”, dijo el Cónsul General de Perú, Embajador Marco Núñez Melgar. “¿Tú crees que si mi compatriota moría en esa celda me iban a avisar? Yo no sé qué habrían hecho con el cuerpo si él moría y nadie estaba enterado de su detención … Y ahora me surge la duda de si ya ha habido otros casos y nunca nos enteramos”.
David tiene 47 años (su nombre no es real) y se comunica con Clarín desde la celda de la PSA. Es el peruano que continúa detenido desde hace 45 días. Cuenta que el último sábado fue liberado el dominicano.
“Yo me presenté en Migraciones. Quería tramitar mi DNI porque quería viajar a Lima a ver a mi familia. Llevé certificado de antecedentes, de domicilio, todo lo que te piden y al rato me dijeron que estaba retenido. No entendía: el secretario del Juez de Ejecución 3 me había dado el certificado diciendo que estaba limpio, y que no había orden de deportación”.
“A nosotros nos resultó extraño. Porque todos los días nos informan de detenciones de peruanos. Nosotros entendemos que quieran expulsar extranjeros que cometen delitos, lo que no compartimos es la forma en que lo estaban haciendo. Esto no se vio nunca en el país, ni en el mundo”, confiesa José Pacheco, cónsul adscrito.
