Los datos surgen de un informe elaborado por la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 42/08, con el objeto de asistir y detectar los problemas que obstaculizan la tramitación de aquellos juicios de lesa humanidad.
Dicha Unidad, destaca el documento, “aborda la problemática de cada jurisdicción en materia de recursos humanos a partir de un estudio pormenorizado de la organización del personal de los tribunales que tiene causas de esta índole y se confecciona un listado de juicos fallados, en trámite y con fecha de inicio de debate, entre otras funciones de asesoramiento en materia de superintendencia”.
En tanto, el 27 de marzo de 2009, en el ámbito de la Corte y de conformidad con la Acordada 42/08, comenzó a funcionar la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por delitos de Lesa Humanidad, integrada por miembros de los tres poderes del Estado y por la Unidad.
El objetivo de la Comisión es resolver, a través del diálogo entre los tres poderes, las dificultades que provoquen demoras en la sustanciación de este tipo de causas, según indica el informe de la Unidad. “Se abordan temas tales como las vacantes por cubrir en los tribunales orales con competencia federal, la acumulación de procesos en pocos tribunales, los déficits en salas de audiencias adecuadas para celebrar estos debates, la escasa cantidad de debates llevados a cabo pese a la gran cantidad de personas procesadas, fragmentación de la causas, entre otras temas”, añade.
Por otro lado, agrega, frente a las falencias advertidas en la tramitación de las causas (durante el año 2008 sólo se habían realizado 7 debates orales en los que se juzgó a 29 personas con condenas y absoluciones y para 2009 estaban programados sólo 13 juicios orales), y luego de los informes realizados por la Secretaría General y de Gestión, el 7 de septiembre de ese año la Corte Suprema dictó la Acordada 37/2009. Allí estableció el mecanismo para la integración de los tribunales federales, y dispuso que la Cámara Federal de Casación implemente aquella decisión.
Así, señala, mediante la resolución nro. 236/09 de la Cámara Federal de Casación Penal se cubrieron las vacantes existentes en los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital y se reasignaron las causas seguidas por violaciones a los derechos humanos correspondientes a hechos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército -en ese momento radicadas en el TOF 5- entre los restantes TOF, en atención a que estaban en mejores condiciones de afrontar dicha carga de trabajo.
La decisión de reasignar causas para agilizar los procesos luego se replicó en otras jurisdicciones (La Plata, Mar del Plata, San Martín, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, Salta, Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Formosa, Chaco, San Juan, Paraná, Rosario, Santa Fe y, recientemente, en Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy) y se pudieron celebrar juicios orales que a esa altura registraban ciertas demoras, afirma el documento.
“Como consecuencia de estas medidas, e implementadas por el Poder Judicial de la Nación, en el año 2008 se realizaron 6 juicios orales; en el año 2009, 12; en el 2010, 16; en el 2011, 17; en el 2012, 21, y hasta marzo de 2013, 3 juicios. Existen además 10 debates en trámite y tres juicios ya tienen fecha fijada para este”, indica el informe.
Otra de las cuestiones resueltas por la Unidad fue la decisión de subsanar el déficit detectado en el registro audiovisual de las audiencias de juicios orales. Para ello, el Máximo Tribunal celebró un convenio, el 16 de diciembre del 2009, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), que tiene como objeto la cooperación recíproca para lograr la filmación de los juicios.
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