El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de los dos primeros secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber controlado el modo en que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) llevó a delante la explotación del ferrocarril Sarmiento.
También fueron procesados los hermanos Claudio y Mario Cirigliano dueños de la empresa TBA a quienes los acusa por el delito de “descarrilamiento de un tren agravado” por las muertes y además de manejar una asociación ilícita destinada a disponer para su provecho los fondos públicos recibidos de parte del Estado.
El juez procesó a los jefes de la organización con prisión preventiva, pero como algunos de ellos fueron beneficiados por la Cámara Federal con la excarcelación, seguirán en libertad, a dos de los procesados les impuso una fianza de 5 millones de pesos que deberá pagarse en 24 horas si no serán detenidos, y a la organización de los Cirigliano les impuso un embargo de 600 millones de pesos.
El juez sobreseyó al maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba a quien varios de los ex funcionarios y los dueños, directores y gerentes de la empresa TBA habían acusado de ser el causante del choque que el 22 de febrero pasado dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
Para el juez, el choque del tren de Once se produjo por la “trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas”
En una resolución de 876 páginas, Bonadio decidió la situación de los imputados y explicó que pare entender lo sucedido en la mañana del 22 de febrero pasado en la estación de Once es “imprescindible exponer y desmembrar los diversos factores que incidieron en su producción, los cuales no nacieron espontáneamente aquel fatídico día, sino que como se verá existían anteriormente y eran conocidos tanto por los operadores de la línea Sarmiento, como así también por aquellos funcionarios públicos encargados de controlar y ejecutar la política ferroviaria en el ámbito metropolitano y por la dirigencia sindical”.
También fueron procesados Antonio Luna, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero. Su sucesor en el cargo, Eduardo Sícaro fue sobreseído.
Junto con los Cirigliano fue procesado como jefe de la asociación ilícita Marcelo Calderón, quien presidió TBA y es director de Cometrans, la controlante, y como integrantes el último presidente de la compañía Carlo Michele Ferrari, el abogado encargado de operaciones especiales del Grupo Carlos Alberto Lluch, y los gerentes Sergio Tempone y Jorge Álvarez.
En uno de los párrafos de su extensa resolución Bonadio señaló que “En la política empresarial de Cometrans S.A., T.B.A. S.A. S.A. y Mario Francisco y Sergio Claudio CIRIGLIANO, claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”.
