Dos nuevas muertes en Ezeiza.

COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL Nº 1

(APL)Un joven murió ahorcado en una celda luego de ser torturado por agentes penitenciarios, el miércoles 21, en el CPF Nº1 de Ezeiza. Según testimonios reservados, sus compañeros golpearon las puertas y gritaron para que sea auxiliado pero ni los médicos ni los uniformados de requisa que lo habían molido a palos, acudieron a los llamados. En el mismo establecimiento, otro preso – de edad avanzada- falleció ayer de un ataque cardíaco mientras era hostigado y obligado a correr.

En un comunicado emitido minutos atrás, la Procuración Penitenciaria de la Nación da cuenta que “un detenido de avanzada edad falleció, ayer, al interior del Pabellón C de la Unidad Residencial I de Ezeiza, destinado al alojamiento de personas bajo medida de resguardo de integridad física. Las primeras comunicaciones, pendientes aún de constatarse por este organismo, informan como su contexto la violencia verbal desplegada por el Cuerpo de Requisa al ingresar al pabellón en horas de la mañana durante un procedimiento rutinario. Ante los gritos y obligado a correr hasta su celda, el detenido fue encontrado sin vida dentro de la misma. Las autoridades penitenciarias en el módulo señalaron que su muerte habría sido provocada por un ataque cardíaco”.


Más adelante, la PPN informó que “la madrugada anterior, otro detenido murió por ahorcamiento dentro de las celdas de aislamiento del Pabellón H de la Unidad Residencial IV del complejo. El monitoreo efectuado por este organismo, que incluyó la inspección del sector de alojamiento y entrevistas confidenciales con personas detenidas en él, ha recuperado relatos que informan sobre la existencia de hechos de violencia previos, el reclamo por falta de asistencia médica ante las lesiones sufridas, y la inexistente custodia del sector por parte de la guardia de la División de Seguridad Interna”.



Asimismo, la Procuración destaca que esta nueva muerte “puso en evidencia una vez más, la utilización de los sectores de aislamiento como lugar de alojamiento de personas en tránsito, a la espera de cupo en un pabellón definitivo, y en muchas ocasiones bajo medida de resguardo de integridad física. La Procuración Penitenciaria de la Nación se ha presentado hoy en la causa judicial radicada ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, aportando información y sugiriendo líneas de indagación y medidas de prueba”.

Por último, el organismo subraya que “esta última muerte replica una serie de prácticas penitenciarias lesivas de los derechos humanos, estructurales en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Solo cuatro meses atrás, en septiembre de 2014, un detenido falleció ahorcado en el sector de aislamiento de la Unidad Residencial III en condiciones similares. Por aquella muerte, y a pedido de esta Procuración Penitenciaria –constituida como parte querellante- y el Ministerio Público Fiscal, cinco funcionarios penitenciarios han sido citados a declaración indagatoria para el próximo mes de febrero por violaciones a su deber de custodia.



Fuente: Prensa PPN

LA DESAPARICION SISTEMATICA DE PERSONAS.

SIGUE EN DEMOCRACIA

(AW) La policía chubutense, hizo desaparecer a un menor, sobrino de un testigo que declaró en contra de los uniformados. Dice la Camara Federal que son varios los casos. “Regreso al peor pasado”: la violencia policial en Chubut reflejada por “Veintitrés” ________________________________________   “La Cámara Federal estableció la desaparición forzada de César Adrián Monsalvez, de 13 años, sobrino de un testigo asesinado luego de declarar contra policías. Fuertes críticas a la Justicia provincial. Y dos nuevos casos de brutalidad con uniforme”, así comienza la nota publicada por la revista de tirada nacional Fuente: Revista Veintitrés En Chubut, la violencia institucional es sistemática. Así lo consideró la Cámara Federal al pronunciarse sobre el caso de César Adrián Monsalvez. Según establecieron los jueces, se trató de un caso de “desaparición forzada”, algo que la Justicia provincial negaba. Así, la provincia quedó nuevamente en la mira por la brutalidad de sus policías y la negligencia de sus jueces. César, de 13 años, fue visto por última vez el 27 de mayo de 2013. A las 10 de la mañana salió de su casa en la localidad de Trelew hacia la de su tía: nunca llegó. El 9 de julio apareció un cuerpo, aunque no está establecido que sea el de César. Los antecedentes contra la policía son abrumadores, pero los jueces y fiscales chubutenses no los tuvieron en cuenta: César era sobrino de Bruno Rodríguez Monsalvez, asesinado luego de atestiguar sobre los apremios que sufrió Maximiliano Almonacid, el joven que a comienzos del 2012 fue violado y torturado en un calabozo de la comisaría 2ª de Trelew. La Cámara hizo lugar al recurso de casación presentado por Cintia Verónica Monsalvez, madre del chico, pidiendo que se revoquen las resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y la del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rawson, que no tuvieron en cuenta un pedido de hábeas corpus y mantuvieron a la policía local en la investigación, pese a estar fuertemente sospechada. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Gustavo Hornos, presidente, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky– dictaminó que la “desaparición forzada de personas, como muchas prácticas de la dictadura, se repiten aún en democracia: específicamente en la provincia de Chubut”. Recordaron a Iván Torres, desaparecido en 2003, un caso que llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino. Además de cuestionar la actitud de la Justicia local: según el fallo, incurrió en “un menoscabo al derecho que asiste a las víctimas y sus familiares en su acceso a la justicia, desconociendo los estándares internacionales que rigen la materia, atento el juez competente se encontraba obligado a investigar las circunstancias de un hecho que podría tratarse de la desaparición forzada de un menor en manos de las fuerzas de seguridad locales”. “El Estado reconoció que en la provincia del Chubut se cometían abusos policiales en perjuicio de jóvenes de escasos recursos”, recordaron los jueces. “El hecho de la desaparición del niño está vinculado con la muerte violenta de un testigo protegido, en el marco de una investigación sobre violencia institucional atribuida a la policía local, lo cual determinaba la asimilación del caso a la situación de una desaparición forzada de persona y no de una simple averiguación de paradero”, dictaminaron, en abierta crítica a la jueza Ana Laura Servent por no haber dado lugar al pedido de hábeas corpus. La Cámara recordó que ante el caso de Torrés, la perito Sofía Tiscornia informó ante la Corte Interamericana que “en la provincia de Chubut los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de la policía contra jóvenes de escasos recursos son una realidad; en la que las detenciones arbitrarias, que resultan en golpizas, abusos y torturas por parte de la policía, son comunes, y que el control judicial sobre dichas conductas es escaso, cuando no nulo; que es común que la policía incrimine tarde o temprano a los jóvenes con los que mantiene relaciones signadas por el hostigamiento”. “El fallo confirma lo que venimos planteando: en Chubut sufrimos un estado de impunidad sistemático”, denunció Lucas Krmpotic, de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut. “La situación es terrible, el gobierno no está haciendo nada, siguen tapando las cosas, sigue la impunidad, la policía amenaza, tortura y mata y nadie hace nada”, denunció Fernando Almonacid, padre de Maximiliano, quien participa de la Comisión, junto a otros familiares de víctimas de la violencia policial. “Los tres policías que fueron condenados por violar y torturar a mi hijo siguen trabajando. Lo único que quiero es una explicación”, pidió en diálogo con Veintitrés. “El Poder Judicial absuelve a los policías acusados de casos de violencia. El Ejecutivo no exoneró ni a uno. Los policías involucrados en el caso de Torres siguen trabajando, mientras que siete testigos de su desaparición fueron asesinados. Otros casos también quedaron impunes, como el de los hermanos Aballay o el de Julián Antillanca. Y el Poder Legislativo acaba de designar al asesor legal de la policía, Héctor Omar Simionati, como Defensor del Pueblo”, detalló Krmpotic. Según dijo, de esta manera “se cierran los canales institucionales para las familias que necesitan denunciar la violencia institucional. Están vulneradas las más elementales garantías constitucionales. Si no, la policía no creería que tiene vía libre para seguir actuando violentamente con impunidad”. Dos nuevos casos de brutalidad policial se suman a este preocupante panorama. El 3 de mayo pasado, policías de la comisaría 3ª de Trelew atacaron a tres hermanos de 10, 14 y 17 años que quedaron hospitalizados. Al del medio le arrancaron cuatro dientes a los golpes. Unas horas después, policías de esa misma dependencia agredieron brutalmente a otra familia, de apellido Antilef. Esta vez, las víctimas fueron tres hombres, una mujer y dos chicas de 17 y 15 años, a quienes los uniformados acusaron de estar robando. La menor cumplía años y estaban yendo a festejarlo. Los policías amenazaron con violarlas. Les sacaron fotografías de sus partes íntimas a la fuerza, amenazando con difundirlas en las redes sociales y diciéndoles todo tipo de insultos. A raíz de estos episodios fueron puestos en disponibilidad preventiva tres efectivos y el jefe de la comisaría 3ª, Néstor Ángel Vargas. “Es un mecanismo que no es nuevo: en tanto dure el proceso siguen cobrando sueldo sin ir a trabajar. Y después, simplemente se los traslada. Pese a que el jefe de policía Luis Butazzi y el ministro de Seguridad José Glinski dicen que no va a haber perdón para los policías que delincan, no se condice el discurso con los hechos: los diez policías involucrados en la desaparición de Torres siguen trabajando, así como los cuatro condenados en caso de golpizas de los hermanos Aballay, que a su vez están imputados por el asesinato de Antillanca. Todos siguen trabajando, portando armas y chapas”, se quejó

Anoche la provincia de La Rioja vivió momentos de tensión cuando la policía se reunió en asamblea para decidir qué medidas tomar en reclamo de mejoras salariales.

Pasadas  la medianoche, los efectivos se desplazaron hacia la plaza principal para manifestarse.

Fue cuando el gobierno local los convocó para negociar.

Según  El diario de La Rioja,: “la asamblea policial se mantendrá vigente, pero garantizan la seguridad social”.

Policías en actividad y retirados, se reunieron en la plazoleta del barrio Juan Facundo Quiroga para solicitar al gobierno Luis Beder Herrera un incremento salarial, y  decidieron dirigirse a la  plaza 25 de Mayo, luego de que se los convocara al diálogo.

En el sitio web del diario local informaron que: “La negociación se realizó más tarde en Casa de Gobierno, entre representantes del gobierno y delegados de los uniformados. Se acordaron tres puntos referidos a desarraigo, recarga horaria y pago de adicionales, pero no conformó a los policías, que decidieron mantener la asamblea”.

El medio riojano, El Independiente, emitió  declaraciones de José Bonader, jefe del comando superior de Policía: “Aseguró que el gobierno se comprometió a una mesa de diálogo a realizarse este viernes cuando el ministro Guerra llegue a la provincia”.

“El pedido fundamental es pasar de un básico de 600 a uno de mil pesos”.

El reclamo salarial de la Policía de La Rioja desencadenó una situación de tensión y saqueos en la provincia que terminó con 15 personas detenidas, en tanto que este viernes el gobierno de Luis Beder Herrera alcanzó un acuerdo con los uniformados.

El secretario de Gobierno de La Rioja, Abel Marcos, confirmó esta mañana que se firmó “una acta acuerdo” con los uniformados para un aumento escalonado de haberes que se dará para los meses de diciembre, febrero y abril.

“Nos hicimos presente con el jefe de policía (José Bonader), con directivas del gobernador Beder Herrera y hemos llegado a un acuerdo durante la madrugada”, reveló Marcos en diálogo con un canal de cable porteño.

Según indicó, el reclamo de los policías, que tras los violentos saqueos en Córdoba por un autoacuartelamento de la fuerza de seguridad provincial causaba preocupación en la sociedad riojana, era “netamente salarial”.

No obstante, Marcos se encargó de remarcar que se “trataba de una situación totalmente distinta a la de Córdoba” y que las autoridades provinciales ya evaluaba otorgar un aumento al personal policial “acorde a las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional”.

El funcionario admitió que se produjeron algunos intentos de desmanes “protagonizados por pícaros”, según dijo, que fueron rápidamente detenidos por los mismos policías que estaban manifestando Esta mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich confirmó también desde la Casa Rosada que la situación en La Rioja estaba “en vías de solución”, al tiempo que destacó que no se trató de episodios “equivalentes a las que se registraron en Córdoba”.

Los causantes de la inseguridad, se hacen cargo de la seguridad.

ARGENTINA

AHORA EN ZAVALETA MANDA LA COMUNIDAD:              

VECINOS DE UN BARRIO HUMILDE DISPONEN MEDIDAS DE CONTROL POPULAR SOBRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Una medida en función de las continuas razzias represivas

Con toda la impotencia atragantada por el asesinato de Kevin y hartos de esperar inútilmente alguna respuesta real en relación al hostigamiento de Gendarmería y Prefectura, la asamblea poderosa de Zavaleta decidió poner en marcha un modelo de "Control Popular sobre las Fuerzas de Seguridad", sin ningún padrinazgo partidario, ni financiero. Desde el próximo domingo, una comisión de vecinos elegidos por otros vecinos y organizados en turnos rotativos controlará el accionar de los uniformados, con el fin de poder señalar sus irregularidades sistemáticas, en comunicación directa con el CELS, la fiscalía, la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y una red de periodistas comprometidos con la causa. 

Ubicados en una casilla que construimos con nuestros propios lomos y ladrillos, frente a la Plaza Kevin, los "vecinos sin gorra" no tendrán como objetivo interpelar a otros habitantes del barrio, ni reemplazar a las Fuerzas de Seguridad, ni caer en la trampa de las acusaciones entre vecinos, sino exclusivamente registrar a los efectivos que intenten amedrentarnos sin identificación, armarnos causas o rompernos puertas sin órdenes de allanamiento, como así también denunciar los abusos de autoridad que resultan recurrentes sobre los pibes más desprotegidos. 

A partir de las tremendas evidencias que se desprenden del caso Kevin, en relación a la connivencia de quienes deberían cuidarnos con los que administran los delitos desde afuera de nuestros barrios, elegimos no quedarnos en los meros reclamos, ni en las investigaciones del episodio aislado, sino vomitar una estrategia comunitaria que nos permita mantenernos a salvo de estos fantasmas con gorra y escopeta, que hasta el día de hoy se pasean por nuestros pasillos con la impunidad que les otorga el poder y ese chaleco sin nombre, por encima de la camisa que en teoría garantiza su gracia a la vista. 

De este modo, no sólo intentaremos afrontar el miedo y las prácticas ilegales a las que permanentemente estamos sometidos los vecinos de las villas, por parte de la corrupción uniformada, sino también alumbrar la institucionalización de un método de participación ciudadana capaz de mejorar la seguridad en los barrios humildes, donde las muertes por violencia institucional ya ni siquiera hacen eco en los medios, ni en la política, ni en la Justicia. Y a su vez, aportaremos así nuestra mirada barrial a los expedientes judiciales que suelen ser una mera transcripción de las versiones policiales.

Acompañados por las escuelas de la comuna, el CELS, la Procuvin, numerosas organizaciones sociales y diversos organismos de Derechos Humanos, desde La Poderosa los invitamos este domingo 29 al gran festival que haremos los amigos y familiares de Kevin para presentar el único modo que encontramos de irnos a dormir con la tranquilidad de que no perderemos ningún otro pibe por la acción o inacción de las Fuerzas. Desde ya, hacemos cargo al Estado de su responsabilidad sobre la seguridad de todos nosotros, incluídos los vecinos y vecinas que oficiarán como reguladores de las instituciones que, por sí solas, no han querido o no han sabido regularse, para garantizar nuestros derechos. Con o sin ayuda, la fuerza de Kevin nos bastará para cambiar esta realidad: hay una comunidad al servicio de la comunidad.

Lo pararon en un control y le rompió la nariz de un cabezazo al policía.

Bahía Blanca: 
Un vecino protagonizó un curioso y violento incidente. El hombre, identificado como Leonardo Neuman, arremetió contra los uniformados luego de ser interceptado en un control de rutina. Debido al comportamiento agresivo, los efectivos procedieron a su arresto. Pero el joven reaccionó violentamente y le aplicó un cabezazo en la nariz y le produjo una fractura a un sargento.

Un adolescente asesinó esta mañana a su tío de dos puñaladas, aparentemente a causa de los malos tratos que recibía de su parte, en el domicilio en el que convivían, de la ciudad entrerriana de Concordia.

El violento episodio se produjo alrededor de las 8:00 en una vivienda situada cerca de la intersección de las calles Isthilar e Italia, y el hombre asesinado fue identificado como Julio Blanco, de 30 años.

Según indicaron fuentes policiales y medios locales, se encontraron indicios de que Blanco se encontraba alcoholizado en el momento en el que fue asesinado por el menor con el que convivía.

De acuerdo con la información difundida por el sitio Eloncedigital, el hombre había agredido a su sobrino con una tabla el viernes último y este sábado, ante una nueva golpiza, el chico habría reaccionado al aplicarle a Blanco dos puñaladas, en el tórax y el abdomen.

Una vez que llegó la Policía al lugar, los agentes encontraron a Blanco gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció cuatro horas más tarde.

En tanto, los uniformados trasladaron al adolescente a la Comisaría del Menor y la Familia de Concordia, donde quedó a disposición del fiscal de turno.

Una comerciante que había sido asaltada por un delincuente que la roció con un líquido inflamable y la prendió fuego en su local de la localidad de Villa Adelina, murió este viernes a raíz de las graves lesiones sufridas y por el caso fue detenido un sospechoso, informaron fuentes policiales.

La víctima, identificada como Gabriela Mansilla, de 31 años, se encontraba internada en terapia intensiva en el hospital de San Isidro con quemaduras en el 50% de su cuerpo y no pudo superar el estado crítico.

El trágico episodio se registró el pasado lunes a las 20:30 en la puerta del local de ropa femenina “Phiampa”, situado en Avenida de Mayo y Yerbal, de Villa Adelina, el cual era atendido por Mansilla.

Todo se inició cuando la mujer estaba cerrando el comercio e iba a esperar a que su esposo la pasara a buscar en auto para regresar a su casa y cenar en familia junto a su hijo de 5 años.

Cuando se disponía a salir la abordó un ladrón que se había apoyado en la reja del comercio en una bicicleta, mientras un cómplice esperaba más lejos oficiando como “campana”.

El sujeto le pidió dinero, ella le dio todo lo que había recaudado en el día –unos 4.500 pesos–, zapatos y remeras, pero el asaltante quería más plata y roció el local con combustible, que había llevado en una botella.

Los voceros indicaron que el individuo le dijo “dame la plata o te quemo”, tras lo cual le ató las manos con cinta de embalar y la sujetó al picaporte de la puerta para luego rociarla con el combustible en la panza y el pecho y la prendió fuego.

A pesar de su estado crítico la mujer pudo dar algunos datos del individuo a la policía y al fiscal Gastón Garbos mientras que los uniformados analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, para intentar identificarlo.

Por el caso fue detenido un hombre y la Policía se encuentra en la búsqueda del cómplice del delincuente detenido.

Unas 150 personas saquearon esta tarde un supermercado chino ubicado en la Sexta Sección de la vecina provincia de Mendoza.

 Los sujetos, liderados por una mujer armada, huyeron con mercadería y dinero. Los uniformados lograron recuperar parte de lo robado.

De acuerdo al relato de voceros de la Policía, alrededor de las 18 el nutrido grupo de delincuentes irrumpió en el supermercado “Lealtad”, ubicado en calle Aguado al 150. Una mujer robusta y con sus brazos tatuados encañonó al encargado y le explicó que saquearían el local y que se mantuviera calmado.

Mientras, los saqueadores -principalmente mujeres y niños que serían de un asentamiento cercano- agarraban cuanto podían y escapaban ante la atónita e impotente mirada de los empleados.

Antes de emprender la huida, la cabecilla del saqueo le sustrajo al encargado del local la billetera, el teléfono celular y 300 pesos en efectivo.

Una vez alertada la policía, logró recuperar seis carritos con algo de la mercadería que había sido sustraída.

En mi carácter de Rector de la ENS Nº 4 manifiesto mi más enérgico repudio a la intervención policial en la Institución.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012

1.- La Escuela tiene una puerta central oficial claramente identificable.

2.- Es de público conocimiento que hay escuelas tomadas, en la Capital y en el distrito de actuación de la Comisaría.

3.- Un claro cartel anuncia en la entrada que la escuela está tomada.

Por lo tanto no se justifica el ingreso de los uniformados violentando una cerradura ni la actuación esgrimiendo un arma desenfundada.

Cabe destacar que la presente tiene como base los testimonios escritos presentados por adultos.

Además, considero pertinente informar que los estudiantes:

- se manejaron con serenidad pese a la difìcil situaciòn padecida.

- han mostrado un compromiso con el cuidado de las instalaciones del establecimiento.

- han mantenido un diálogo fluido con los directivos manteniendo una actitud de respeto hacia las objeciones y las diferencias existentes.

- permitieron la realización de actos académicos programados.

- enfrentaron desbordes de chicos que ingresaron con alcohol.

Por último, se les ofreció el TE de rectorìa para que pudieran comunicarse con la Defensoría y la CORREPI.

Antonio Torielli -RECTOR ENS N| 4

Nilda Garré, ministra de Seguridad Nacional, dispuso los pases a retiro de 56 comisarios y 23 comisarios inspectores.

Fuentes policiales indicaron que “la mitad de los comisarios inspectores relevados formaban parte de la cúpula de la fuerza, en la que se desempeñaban en distintas direcciones”.

Además explicaron que “la determinación se produjo en algunos casos por pedidos de pase a retiro de los uniformados, mientras que en la mayoría se debió a disposiciones de la cartera que encabeza Garré, las cuales fueron publicadas este viernes en la Orden del Día de la fuerza”.

El comisario inspector Luis Mansilla, ex jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Ferreyra, ambos procesados por el crimen de  Mariano Ferreyra, fueron unos de los afectados.

Entre otros se encuentran en la misma situación: el comisario inspector Juan Antonio Quintero, absuelto por la Justicia tras los incidentes durante la toma de tierras en el Parque Indoamericano, y los jefes de las seccionales 11ª, José Luis Camalli, y 37ª Roberto Jeremías.

Según publicó NA, “A los jefes de estas seccionales hay que agregar el pedido de pase a retiro del titular de la dependencia 19ª, comisario Gerardo Fabián Galli, que tomó esa decisión al no ascender en el escalafón por haber sido denunciado por Lorena Martins, quien acusó a su padre Raúl Martins de prostitución y proxenetismo y de pagarle a ciertos jefes de la Federal para evitar ser detenido”.

“En la lista de este viernes, figura la comisario inspector Marta Noemí Confalone de Gregorian (directora de Narcocriminalidad), quien hasta antes de que se produjeran los ascensos era con Mabel Franco las únicas mujeres con más alto rango en la fuerza”.

“Con estos desplazamientos restan conocerse los jefes que ascenderán a comisario mayor -sólo se dio a conocer el de Franco por ser un hecho histórico en la fuerza-, los que subirán a comisario inspector y aquellos subcomisarios que ascenderán a comisarios”.

Además agregan en el informe que “Una vez dispuesto se deberá completar la cúpula de la Federal, ya que fue pasado a retiro Edgardo Aníbal Pifarré, que fue el director de la Dirección General de Seguridad de Estado pero también el reemplazante provisorio del comisario mayor Carlos Coto en la superintendencia de Delitos Federales y Complejos, y el comisario mayor Ricardo Ortega, quien se desempeñaba en Drogas Peligrosas.

Posteriormente, la cartera de Seguridad, en conjunto con el jefe de la Policía Federal deberán completar a los jefes de las comisarías vacantes (hasta ahora la 11ª, 19ª y 37ª), pero también determinar si efectúan cambios en otras seccionales porteñas”.

“La lista de comisarios inspectores desplazados la componen, además, Raúl Alberto Sánchez (director General de Finanzas), Rodolfo Valentín Alí (Operaciones), Rodolfo Koleff (director de la Escuela Superior de la PFA), Horacio Simari (Medios de Comunicación), Héctor Hugo Giacardi (ex director general Comisarías), Juan José Lozano (Seguridad e Investigación de Medios de Transporte).

También aparecen: Jorge Faris (Seguridad Interior), Jorge Durante (Personal), Eduardo Jorge Fernández (Antecedentes), Sergio Posse (Delegaciones), Ricardo Domingo Monia (Orden Urbano y Federal), Sergio Torres (Pericias), Eduardo Marcelo Gutiérrez (Asuntos Jurídicos), Alejandro Recalde (Planificación Estratégica y Gestión), Edgardo Scandard, Humberto Nanni, Ruben Alberto Dalla Costa, Jorge Carrillo y Eduardo Nicolás Fuentes”.

Entre los comisarios, en la lista a la que NA tuvo acceso aparecen: Roberto Cabrini, que el año pasado estaba a cargo de la comisaría 38ª, y Sergio Maldonado, antecesor de Galli en la 19ª, también denunciados Lorena Martins, mientras que también figura otra mujer, Graciela Gervasio, quien ocupaba un cargo administrativo.