Marcha Contra Monsanto en Córdoba.

Sofía Gatica en contacto con BWN Argentina fue quien nos hizo llegar estas imágenes de la Marcha Contra Monsanto en Córdoba.

Con una enorme concurrencia los compatriotas cordobeses demostraron una vez más que no cederán a los intereses de esta multinacional genocida.

Vecinos de la provincia que derrotó a Monsanto e impidió la construcción de la planta ilegal de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, abarrotaron las calles de Córdoba enarbolando pancartas por la independencia alimentaria, la vida, y la soberanía de la Patria.






¡A firmar!

Monsanto Corporation viola "EL DERECHO A LA SALUD" de los argentinos amparado en el articulo 31.º de la Constitución Nacional que establece: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso de la Nación y los Tratados con las potencias extranjeras son la Ley Suprema de la Nación…" y en su artículo 75 inciso 22, se confiere Jerarquía Constitucional a los Tratados Internacionales allí enumerados, entre ellos y en consonancia con el tema en tratamiento, se encuentran: La Declaración Americana de los Derechos del Hombre (arts. VII y XI); Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 3.º, 8.º y 25.º);Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 24.º); Convención Americana de Derechos Humanos (art. 4.º) y la Convención de los Derechos del Niño (arts. 6.º, 23.º, 24.º y 26.º), que conforme fuera dicho, tienen Jerarquía Constitucional Nacional y no pueden ser desconocidos por las Constituciones de las Provincias ni por las Reglamentaciones del poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal.

PETICIÓN PARA LA EXPULSIÓN Y PENALIZACIÓN DE MONSANTO, POR VIOLAR EL ARTICULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA.

Diversos estudios científicos nacionales e internacionales probaron que Monsanto viola flagrantemente la Constitución Nacional, y lo tanto Monsanto es una corporación CRIMINAL que incurre en actividades delictivas y sus productos son ilegales.

Celeste Fassbinder
BWN Argentina

A seis meses de comenzado el acampe que bloquea la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, los gobiernos parecen tener miedo de hacer cualquier cosa que afecte los intereses de Monsanto.

Cordoba: Arzani trabaja en una maniobra dilatoria para beneficiar a Monsanto

 El gobierno provincial de José Manuel De la Sota, así como el gobierno federal de Cristina Fernandez de Kirchner, luego de haber consentido la instalación de la multinacional y después de haber sido responsables directos de su desembarco en Córdoba, ahora no quieren quedar mal con Monsanto y trasladan la responsabilidad a Daniel Arzani, intendente de Malvinas Argentinas.

La construcción fue frenada el 8 de enero por un fallo de segunda instancia de la Justicia de Córdoba que declaró inconstitucionales las autorizaciones que fueran dadas por el gobierno provincial y municipal. Aunque este fallo no se encuentra firme dado que  Monsanto y el Municipio de Malvinas Argentinas, presentaron un recurso de casación que aun espera sentencia.  De este modo es que, la autorización municipal dada por la Ordenanza N°821 continúa vigente.

El pasado 10 de Febrero, la Comisión Técnica Interdisciplinaria del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no aprobó el estudio el estudio de impacto ambiental tal como fue presentado por lo que recomendó a la Secretaría de Ambiente no autorizar la construcción de la planta. Monsanto respondió a este revés con la presentación de recurso de reconsideración que aún no fue contestado.

En la manifestación del 20 de marzo a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, el intendente Arzani recibió a los asambleistas. El intendente expresó su temor a que el municipio de Malvinas pueda recibir una eventual demanda por parte de Monsanto.

Los temores de Arzani son infundados y son una maniobra dilatoria para beneficiar a Monsanto.

El Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas autorizó la construcción de la planta mediante la Ordenanza N°821, que prevé en su art. 3, que los gastos de la empresa en el predio hasta la aprobación es estudio de impacto ambiental y los demás requisitos, corren por cuenta de la propia empresa. Y en el artículo 5, que prevé que el derecho a construir queda caducado a partir del incumplimiento cualquiera de los requisitos municipales o provinciales.

Los asambleistas de Malvinas le reclaman a Arzani, un decreto municipal similar al que firmara Juan Jure, intendente de Río Cuarto que paralizó la radicación de Monsanto en esa ciudad y que cumpla su promesa de detener la obra si no se cumplían con los requisitos. Pero en una entrevista al medio Cadena3 Arzani ya adenlantó su estrategia conjunta con Monsanto: “Estamos trabajando en la última resolución del Ministerio de Ambiente, que seguramente afecta a algunos artículos de nuestra ordenanza y nos da la posibilidad de trabajar con nuestros asesores para hacer lo mismo que la Provincia, trasladar la responsabilidad a la empresa y volver a foja cero” y “Nos vamos a tomar el tiempo que haga falta, que nos de la seguridad jurídica para que este municipio no tenga ningún problema”.

La estrategia de Arzani es ignorar su responsabilidad, y trasladar la responsabilidad nuevamente a la empresa, que intentará presentar un nuevo estudio de impacto ambiental según la nueva ley provincial de ambiente que está siendo tratada en el Congreso Provincial.

Mientras tanto Monsanto sigue inundando de propaganda mentirosa y promesas a la ciudadanía cordobesa, incluidos docentes y establecimientos educativos, con la esperanza de que un nuevo estudio de impacto ambiental y una población engañada le permitan avanzar con la construcción de la planta de Malvinas Argentinas.

Matías Diaz
BWN Argentina

La minera Barrick Gold presiona y hostiga a delegados gremiales.

ARGENTINA
El secretario general de la Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA-CTA), 
José Leiva, denunció presiones y hostigamiento hacia delegados gremiales de la 
entidad por parte de la multinacional Barrick Gold en la mina Veladero en San 
Juan, y reclamó al Estado mayores controles a las empresas del sector. 

Leiva, el sanjuanino que logró torcerle el brazo a la 
poderosa compañía de origen canadiense en una pulseada gremial el año pasado en 
Veladero, aseguró que "Barrick es una empresa infractora" y dijo que ni el 
Gobierno provincial ni la Nación fiscalizan de manera estricta sus 
operaciones.


El sindicalista 
trabaja desde hace seis años y medio en Veladero, una mina de oro y plata a 
cielo abierto ubicada unos 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm) 
en la Cordillera de los Andes y a alrededor de 360 kilómetros al noroeste de la 
ciudad de San Juan. 
En 2009, la creciente actividad gremial de Leiva como 
líder del sindicato disidente OSMA -enfrentado con AOMA- fastidió a las 
autoridades de la multinacional canadiense, a tal punto que la empresa lo 
despidió. Pero luego tuvo que dar marcha atrás y reincorporarlo meses después, 
en 2010, en medio de presiones de organizaciones gremiales nacionales y 
extranjeras. 

"Tienen una capacidad económica terrible, pueden comprar lo que 
quieran, menos la voluntad de los trabajadores para organizarse y reclamar sus 
derechos, por más de que lo han intentado. Les guste o no les guste, vamos a 
seguir adelante", manifestó Leiva.  

Señaló asimismo que los accidentes de 
trabajo representan un peligro latente en cada jornada laboral y afirmó que a 
4.500 msnm, las inclemencias climáticas junto con el polvillo que flota en la 
mina también ponen en jaque a la salud del personal. 

"En Veladero hemos 
tenido casos de silicosis (enfermedad pulmonar generada por inhalación de 
partículas de sílice). Ellos lo niegan (las autoridades de Barrick), pero 
nosotros sabemos que es así", remarcó. 

Sin embargo, de acuerdo con Leiva, la 
empresa no tolera ausentismo por "salubridad" ni paga horas extras, pese a que 
ejerce una constante presión sobre sus empleados para mantener en alza la 
producción: "Su política es, ïLo atamos con alambre si rompe y seguimos 
trabajandoï". 
El sindicalista denunció además a la compañía por perseguir y 
hostigar a los delegados gremiales de OSMA, aunque subrayó de todos modos que si 
Barrick Gold desoye los reclamos de aumento salarial para el año próximo, "vamos 
a volver a parar la mina, como lo hicimos en 2009". 

Te dicen que te van a 
echar, que la Barrick se va a ir y que 5.500 personas van a quedar en la calle", 
expresó.  "Pero cómo se van a ir de Veladero si la producción del año pasado fue 
de 1.125.000 onzas de oro y las previsiones de este año son de 975.000 onzas. Si 
la onza de oro andaba por los 1.700 dólares, imaginate la cantidad de dinero que 
se están llevando de acá", recalcó Leiva. 

En este contexto, el sueldo 
promedio en la mina sanjuanina asciende a unos 6.500 pesos, aunque los 
trabajadores que están subcontratados no perciben más de $ 2.500.