Entrada destacadaLa editorial del Diario La Nación, Spandau y los izquierdos humanos.

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"La primera víctima en una guerra es la verdad". Anónimo. En estos días, la tilinguería seudoizquierdoza, ha bramado ante la pu...

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lunes, 12 de octubre de 2015

Tortilleras y Marxistas ......

LEGADO CULTURAL DE ESTA DECADA KAGADÌSIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TORTILLERAS Y MARXISTAS: DECADENCIA Y VULGARIDAD
Un grupo de lesbianas integrantes del "Partido Revolucionario Marxista Leninista" (PRML) y de la también marxista agrupación Hijos, que participaban en una marcha a favor del aborto, desvió su recorrido e intentó realizar un escrache e incendiar la Catedral de Mar del Plata.
Pero se enfrentó con un grupo de jóvenes católicos que se autoconvocó con el fin de defender a la Iglesia de la destrucción y el vandalismo y tomó posición del lado de adentro del templo y sobre la escalinata. Reja de por medio quedaron los violentos agresores que habían participado de la marcha a favor del aborto.
La tensión aumentó cuando los activistas del PRML y de la agrupación Hijos arrojaron bengalas, botellas y bolsas de basura contra el grupo que defendía la Catedral. Pero todo se desmadró cuando un tramo de la reja que separaba a los manifestantes cedió y -en medio de insultos y piedrazos- los dos grupos se trenzaron a golpes.
A los pocos minutos del choque entre manifestantes, personal policial y de Infantería arribó al lugar y se desató una verdadera batalla campal: las lesbianas y los grupos marxistas comenzaron a arrojarle a los defensores de la Catedral excrementos, tampones, basura, piedras, botellas, rompiendole la cabeza a dos manifestantes católicos y lastimando a dos mujeres policias.
El saldo: al menos 16 detenidos acusados de "daños y resistencia a la autoridad" (una de ellas es referente de la agrupación Hijos y otra del Movimiento Evita ) y cerca de seis lesbianas resultaron heridas.
No hubiese pasado nada si la protesta de la liga de "aborteras" se hubiera realizado normalmente sin intentar escrachar y destruir la iglesia.
El nivel de violencia de estas protestas "pacíficas" de las lesbianas pro aborto solo habla de lo contradictorias que son. Estas genocidas están a favor de asesinar a un ser que esta en plena gestación.
El aborto es un delito de lesa humanidad.

miércoles, 31 de julio de 2013

La Justicia ordena que se siga investigando a Macri por la UCEP.

JUSTICIA POR LAS VICTIMAS DEL GRUPO DE TAREAS



(AW) La Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó que se siga investigando la responsabilidad de Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el accionar de la patota paraestatal UCEP, encargada de “desalojar” a personas en situación de calle. 
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COMUNICADO DE PRENSA EL ODH CELEBRA EL FALLO DE CASACIÓN SOBRE LA UCEP
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) celebra la decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal respecto a la causa UCEP, resolvieron rechazar el recurso de los defensores de Macri contra la sentencia (28/04/ 2012) de la Sala I de la Cámara del Crimen que había revocado el sobreseimiento de Macri. Así los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky ordenan continuar la investigación penal con respecto a las responsabilidades de Mauricio Macri. Decretaron, por unanimidad, no hacer lugar al recurso del Jefe de Gobierno. Principalmente, la Cámara del Crimen, en el fallo del año pasado, sostuvo existían una serie de elementos por los que resulta razonable presumir que el jefe de Gobierno no desconocía el modo en que operaba la unidad avalada por él mismo. En particular, la Sala I de la Cámara del Crimen tuvo presente que en la investigación penal se había aportado una prueba consistente en un archivo digital donde consta un requerimiento de actuación a la UCEP del propio Macri, respecto de un desalojo ocurrido de la UCEP en la calle Esteban De Luca, en el barrio de Parque Patricios. Se enfatizó que la actitud del jefe de Gobierno era doblemente reprochable. En primer lugar, por crear este organismo, pero además, conociendo la actividad ilícita de sus agentes —ante las graves denuncias formuladas por diferentes instituciones— no ordenó su disolución inmediata ni tampoco efectuó controles para evitar la repetición de los sucesos, sumado a que decidió ratificar en funciones a la UCEP mediante el dictado del decreto Nº 145/2009. Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situación de calle fueron motivo de serias denuncias desde 2010 por parte del ODH, de la Legislatura de la Ciudad y de la Defensoría del Pueblo. En particular se alertó sobre el modus operandi de ese organismo, y en su momento este ODH aportó como prueba un video en el cual puede verse su actuación en cinco casos testigo, que evidenciaron desalojos violentos en plazas o calles (Ver http://www.youtube.com/watch?v=lLKXL778khU). La UCEP fue ratificada por la gestión de Macri, mediante el decreto Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores”, lo cual resultaba inconstitucional ya que en el artículo 13 la Constitución de la CABA se “garantiza la libertad de los habitantes” y, específicamente, en el inciso 9 plantea que “no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito”. Es decir, la calificación de usurpación debía ser imputada por un Juez penal, no por un organismo administrativo. Las denuncias concernientes al accionar de este organismo provocaron la renuncia del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y la intervención de la justicia penal, que inició una investigación a cargo del juez de Instrucción Facundo Cubas, en la cual se corroboraron por lo menos 17 hechos delictivos de esa extrema violencia. La causa se encuentra caratulada como “MACRI, MAURICIO, PICCARDO PABLO, UCEP s/ Amenazas y otros delitos”. Actualmente el jefe de Gobierno —junto a veintinueve funcionarios más— se encuentra imputado por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su declaración indagatoria —prestada el 1º de julio de 2011, luego de haberse ausentado tres veces a la misma— Mauricio Macri intentó deslindarse de toda responsabilidad, siendo en su momento beneficiado por la sentencia de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, subrogante del Juzgado de Instrucción Criminal Nº 49, que resolvió sobreseerlo de los cargos. Finalmente, exhortamos a la Justicia a actuar con celeridad, teniendo en cuenta que el recurso presentado por los abogados de Macri, "logró" demorar la investigación de la causa por más de un año. Las víctimas de esta verdadera patota paraestatal y la sociedad toda merecemos una Justicia tempestiva que garantice la plena vigencia de los Derechos Humanos de la Ciudad. Observatorio de Derechos Humanos (ODH) Más información: Dr. DemianKonfino, 155- 964- 9342
UCEP, El modelo de seguridad del Gobierno de la Ciudad

miércoles, 10 de julio de 2013

Cerraron la cárcel de Batán.

Lo dispuso la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, tras una denuncia por las condiciones deplorables de la Unidad carcelaria y la falta de alimentos por deudas que existen con los proveedores.

La Cámara hizo lugar a un hábeas corpus colectivo que tres representantes del Poder Judicial presentaron por las condiciones deplorables que presenta la cárcel y los problemas que existen con los proveedores de alimentos.

Dicho recurso fue presentado por los defensores oficiales, doctores Mario Coriolano y Margarita Boeri, junto con la secretaria de Ejecución Penal, Fabiana Danti.

En la resolución los magistrados dispusieron que los internos que no pertenezcan a los departamentos judiciales de Mar del Plata, Dolores o Necochea, deban ser reubicados en otros complejos penitenciarios.

Los jueces Walter Dominella, Marcelo Madina y Adrián Angulo, de forma unánime avalaron el recurso de los defensores oficiales y dispusieron por un laso de sesenta días que no se autorice ningún ingreso al complejo carcelario de Batán.

miércoles, 3 de julio de 2013

En la causa contra el exagente de inteligencia Gerardo Martínez.

RECHAZAN COMO QUERELLANTES A ORGANISMOS DE DD.HH 

(AW) El juez federal Ariel Lijo rechazó como querellantes a organismos defensores de derechos humanos en la causa contra Gerardo Martínez, titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y agente de inteligencia durante la dictadura militar. Los organismos apelarán la medida ante la Cámara Federal.

4 - GERARDO MARTINEZ Y CFK

De agente de inteligencia durante la dictadura, a codearse con la Presidenta de la Nación



El juez federal Ariel Lijo rechazó tener como querellantes a organismos de derechos humanos en la causa contra el sindicalista Gerardo Martínez, acusado de haber actuado como supuesto cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, cuando se desempeñaba como agente de inteligencia.
"La indeterminación de un hecho concreto imputable a una persona denunciada imposibilita al tribunal analizar su legitimación para cumplir el rol de querellantes de este proceso", sostiene la resolución a la que accedió Noticias Argentinas, y en la cual Lijo no aceptó como querellantes a los organismos de derechos humanos.
El ser parte querellante le permite a la parte impulsar una investigación y sugerir medidas de prueba.
Tras la resolución de Lijo, los organismos de derechos humanos apelarán en estas horas ante la Cámara Federal.
La investigación contra Martínez se inició el pasado 12 julio 2011, ante una denuncia de organismos de derechos humanos quienes acusaron que Martínez colaboró con la ejecución de delitos de lesa humanidad, como agente civil, y a la par de ser en la actualidad "parte activa y central de la ejecución de políticas represivas oficiales".
La Asociación de ExDetenidos Desaparecidos, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Instituto de Relaciones Ecuménicas, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, y la Asociación de Profesionales en Lucha pidieron ser tenidos como querellantes.
Pero en septiembre pasado el juez Lijo archivó la investigación, y en febrero pasado la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión y exhortó al juez a que primero debía evaluar si hacía lugar a la solicitud de los organismos de ser aceptados como querellantes.
"No existen dudas respecto de la indeterminación de hechos denunciados y de la ausencia de un objeto procesal claro y preciso sobre el cual proyectar una investigación sin vulnerar garantías constitucionales. Es decir, el hecho denunciado debe ser concreto y estar correctamente individualizado ya que iniciar una investigación en esos términos, y con la amplitud de las hipótesis denunciadas implicaría exceder los límites del poder punitivo estatal", sostuvo Lijo.
En ese sentido, aclaró en su resolución del 13 de junio pasado que "el derecho penal únicamente castiga hechos, excluyéndose los pensamientos, las actitudes internas, el carácter, el modo de ser o la personalidad. Es decir, no se admiten delitos que castiguen pensamientos, formas de ser o conducirse en la vida o características personales del autor".
El juez recordó que de acuerdo a un informe acompañado por la Secretaría de Derechos Humanos, "de los 94 ilícitos de trabajadores o ex trabajadores de la construcción, fueron anteriores al 1 de marzo de 1982 año en que Martínez fue incorporado al Ejército Argentino como agente civil de inteligencia".
"Sostener la posibilidad de llevar a cabo una investigación contra una persona por el sólo hecho de haber formado parte de una organización implicaría comprometerse con un derecho penal de autor contrario y prohibido por los límites derivados del principio republicano de gobierno, y más precisamente, por el principio culpabilístico", concluyó Lijo.
"Las pruebas de estos crímenes de lesa humanidad siguen siendo exigidas a las víctimas y a los organismos, esto explica por qué los que están siendo juzgados por su participación en la dictadura cívico militar, son tan pocos en relación a la enorme cantidad que actuaron activamente en la misma", sostuvo la abogada querellante Myriam Bregman.
Además, criticó al juez Lijo y al fiscal Di Lello porque "han beneficiado" a Martínez "con el archivo de las actuaciones y el impedimento a nuestros organismos para impulsar la causa".
Por su parte, el abogado querellante Martín Alderete aclaró que la denuncia contra Martínez es por ser "parte de una asociación ilícita" y "del sólo hecho de pertenecer debería ser investigado".
"El hecho que no haya desaparecidos de la construcción durante su pertenencia como agente civil de inteligencia no quita que haya participado de otro tipo de operativos u acciones del Batallón 601", razonó el querellante.
Fuente: Noticias Argentinas, 25 de junio de 2013

domingo, 20 de enero de 2013

“A los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley, son justos los que la practican”.

El alegato final de Etchecolatz

by Miguel Etchecolatz


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El pasado 18 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone dictó 15 condenas a prisión pertpetua, entre ellas al ex ministro de gobierno bonaerense durante el último proceso militar, Jaime Smart, por delitos cometidos en seis centros de detención del denominado Circuito Camps. Además de Smart, recibieron la misma pena, entre otros, el ex jefe de Investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, y el ex subjefe de la fuerza, Rodolfo Aníbal Campos. El siguiente es el texto completo del alegato final de Etchecolatz, de fuerte contenido político.
Quiero que sean mis primeras palabras un sincero y sentido agradecimiento a mis incansables defensores oficiales Dres. Laura Díaz, Adriano Liva y Daniel Ranuschioquienes por razones de prudencia estimaron aconsejable no ventilar la verdad descarnada, dura y cruel de lo que debieron sufrir durante el juicio cuando se vieron enfrentados a una realidad de perfiles dramáticos y sorprendentes que los obligaron a ceñirse a la única alternativa que el tribunal les ofreció: ajustar su labor a una tan sólida como ineficaz defensa técnica.
Estoy aquí para ser condenado. Yo puedo decir parafraseando a Marco Anneo Lucano, “Nadie resulta inocente cuando su adversario es el juez”, porque, jueces del tribunal, ustedes no han venido aquí a juzgar. Ustedes han decidido que soy su enemigo y siendo parte de la causa han venido, más allá de razones y pruebas, a condenar.
Me van a condenar por haber cumplido la orden de enfrentarme a aquellos que atacaron a mi Patria. Me van a condenar por lo que dijo y ordenó en su momento el Señor Presidente de la Nación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón luego del cruento ataque terrorista a una unidad militar: “Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia.” Y nunca me cansaré de destacar que nosotros siempre actuamos dentro de la ley vigente que en estas circunstancias era el Código de Justicia Militar.
Por tercera vez me enfrento a un tribunal revolucionario, tercera vez que no será la última ya que no faltará alguien que amañando hechos o tergiversándolos, fragüe otra causa. Yo no soy un acusado común, jueces del tribunal, yo, y todos los que combatieron la subversión- hoy prisioneros de guerra condenados o por condenar- somos el enemigo.
En otro País, con otra justicia, esta animadversión sería severamente penada ya que sería calificada de prevaricato. Aquí es solo un episodio de menor cuantía y no faltarán ocasiones para que espurias asociaciones ilícitas formadas por la malquerencia de inquisidores y el resentimiento de presuntos vengadores imaginen nuevos hechos y falseen situaciones que ocurrieron más de treinta años atrás. No ha habido, no hay, ni habrá en esta clase de juicios, argumentos que sean conformes a derecho ni testigos que no hayan sido adiestrados en la falacia y el enredo.
En estas condiciones, prestos a ser lanzados a un circo donde no les espera otra cosa que un pulgar dirigido a tierra, hay mil doscientos cincuenta argentinos que cumplieron con la orden de defender a la Patria. Para ellos no hay Pacto de Costa Rica ni, menos aún, Constitución Nacional. Serán condenados de la exacta manera que hacen conmigo, apelando a leyes posteriores a la comisión de los presuntos delitos de los que son imputados, limitando arteramente su derecho a la defensa y sin tener en cuenta los problemas de salud que por su edad arrastran.
En estas condiciones y a causa del tiempo que esa entelequia llamada “justicia argentina” se toma para inventar causas y encontrar testigos “confiables” ya han muerto en miserables condiciones  ciento noventa y cinco de ellos.
Es mentira que ustedes estén aquí para juzgar. En verdad están cumpliendo el mandato de mostrarle a la República lo que les sucederá, de aquí en más, a aquellos que acatando órdenes deban defender a la Patria de una agresión terrorista. No solo van a condenar a todos aquellos que el poder político del momento, ante el cual se postran, lo ordene sino que al actuar así han demostrados ustedes que no son ni rectos ni ecuánimes. Solo para demostrarlo quiero hacer referencia al episodio del día que un testigo propuesto por la fiscalía se presentó como “mano derecha” del jefe terrorista Mario santucho y pidió que se le rindiera un homenaje a éste y a los “héroes” que colocaron una bomba en la Jefatura de Policía de La Plata donde hubo muertos y heridos entre los que yo me encontraba. Ninguno de ustedes, jueces, ni el fiscal dijeron palabra alguna ante esta apología del delito. Se mantuvieron en un sistema pusilánime que asquearía a cualquiera que creyera  que el juicio se desarrollaba en un País que presume de respeto a las leyes. Cuando les pedí a mis abogados defensores que pusieran fin a ese agravio el juez Rozanski, presidente del tribunal, me increpó agregando que de repetirse mi actitud sería expulsado de la sala.
¿Acaso me puede asombrar esta actitud?, de ninguna manera, desde hace tiempo sabemos que esta es la  impronta con la que se iban a llevar a cabo esta sesiones de revancha. Me sobra experiencia para afirmar esto ya que previo a este juicio la Cámara federal de La Plata, en esos autos de fe pretendidamente jurídicos que se llamaban pomposamente “juicios por la verdad”, quiso tomarme declaración juramentada. Ante eso, me vi en la obligación de recusar a dos de los tres magistrados que la integraban. ¿Por qué debí hacerlo?, porque uno de los magistrados que componía la Cámara había sido detenido en 1977, siendo yo Director de Investigaciones de la  Policía de la Provincia de Buenos Aires, por integrar como abogado lo que en ese entonces se denominaba “liga de compradores” y que no era otra cosa que una banda de veintitrés delincuentes dedicados a intimidar a los asistentes a los remates judiciales. La otra persona a la que recusé era un abogado que según constancias judiciales tendría un hijo “desaparecido” y que habría estado éste en áreas bajo mi mando, lo que significaría que ese juez estaría frente al presunto responsable de la “desaparición” de su hijo lo que hacía cuestionable su imparcialidad. No obstante al expresar que ello no le impedía actuar en mi caso no se hizo lugar a mi pedido de recusación en ninguno de los dos jueces. Como no se hizo lugar a mi pedido, ante tan flagrante despropósito opté por abstenerme de declarar.
Sería imposible seguir adelante sin considerar la lamentable actitud del fiscal a lo largo del “juicio” ya que contrariamente a lo que lo obliga su ministerio- controlar la legalidad del proceso- optó por convertirse en un querellante acérrimo negándose a evaluar las pruebas ofrecidas por mi defensa.
Es ridículo apelar a la conciencia del fiscal ya que él sabe muy bien que esta barbaridad jurídica que se ha cometido, carente de todo rigor científico o técnico pero a la que ha armado con un amplio bagaje de trucos, amenazas y provechos ha contribuido a poner a la justicia a merced de testigos mendaces y de interrogatorios inquisitoriales y no había en él otro motivo para ello que ponerla al servicio de la venganza personal de aquellos que en su momento y arma en mano atacaron a la República y que fueron derrotados militarmente por las armas de la Patria.
Pero este accionar perverso no existe solo en la mente del fiscal. Su falta de ética y objetividad no termina en él, existe también en jueces prevaricadores, en testigos falsos y falaces y en pseudo defensores de los derechos humanos.
En el colmo del disparate el fiscal me acusa de integrar un siniestro plan de persecución de “jóvenes idealistas”, plan que nunca integré pues no se si existió realmente o si solo se gestó en la vertiginosa fantasía del fiscal- ya que ninguna prueba tangible pudo ofrecer de esto más allá de una presunción subjetiva carente de lógica- que fue, a lo largo del juicio, inagotable pero contradictoria constituyendo un buen final para la culminación de una farsa jurídica de exhaustiva endeblez.
Ustedes, quienes integran este tribunal, tienen la liviandad de espíritu de juzgar una guerra, la peor clase de guerra que es aquella que desata el terrorismo, con un código penal desconectado de lo que fue la realidad de entonces. Han hecho oídos sordos a quienes de verdad conocen y saben como fue esta guerra e inclusive a lo que pensaban quiénes la desataron. Sólo les traigo a cuento una frase de un jefe terrorista, Rodolfo Galimberti: “Si ellos hubieran peleado con el Código bajo el brazo, perdían la guerra.”. Se equivocaba Galimberti, la guerra se ganó militarmente con el código bajo el brazo porque siempre peleamos siguiendo las directrices del CJM.
Si hubiéramos perdido la guerra para hombres como ustedes solo se habrían abierto dos caminos; de ustedes, aquel que se considerase hombre de criterio libre no habría habido futuro en una estado de lacayos, pero si se hubieran considerado “revolucionarios”, al menos habrían tenido la ventaja de no tener  que torcer sus conciencias acomodando las leyes a una situación determinada porque ustedes, quienes integran este tribunal, están acá respondiendo no al cometido de enaltecer la justicia sino de afirmar un concepto político más que jurídico. Ustedes han venido aquí a condenar, no a juzgar porque el poder político así se los ha ordenado.
Quizás crean que con la condena que me impongan honran a la justicia, pero  saben en su fuero íntimo que solo han consagrado la injusticia del poder. Ustedes no son jueces, ustedes son instrumentos de ese poder que ha decidido que aquellos que hoy estamos en la posición de derrotados, seamos sentenciados previo paso bajo las horcas caudinas de estos simulacros judiciales. Y es este poder quien los ha incitado u obligado a quitarse de sus conciencias todo tipo de escrúpulo moral que en ellas hubiera y les ha exigido  despojarse de cualquier atisbo de ecuanimidad que en ustedes existiera.
Ustedes, en esta hora infame de la revancha tienen el demérito de haber cambiado la justicia por un tipo de demagogia revolucionaria en la cual solo pueden creer aquellos que con nuestra condena creen haber ganado algo. Ustedes, considerándose mis enemigos quedarán satisfechos con la condena. A mi me dejarán donde quieran junto con algo que ningún tribunal podrá quitarme, el orgullo de haber combatido por mi Patria contra los que la agredían. Lo que ustedes hagan, dejó de importarme hace mucho porque como dice San Pablo, “A los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley, son justos los que la practican”
Miguel Etchecolatz
Prisionero de guerra

jueves, 9 de agosto de 2012

Continúa el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Segundo día




(AW) El juez Horacio Dias decidió, en el segundo día del juicio, dejar para más adelante los pedidos de nulidad; mientras que se postergó la indagatoria ya que, a pedido de los defensores y la fiscalía, se proyectaron los videos del día que asesinaron a Ferreyra.
Ciudad de Buenas Aires, martes 07 de agosto de 2012 (Justicia por Mariano)

Día 2: Postergación de nulidades, videos y Favale con el Vatayón Militante
En el comienzo de la segunda jornada del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, el juez Horacio Dias anunció a las partes que la resolución de los pedidos de nulidad, solicitados por las defensas de los acusados, se dejará para el momento del veredicto. Algunos pedidos de nulidad ya habían sido rechazados por el tribunal en el día de ayer.

Si bien se esperaba para hoy el comienzo de la indagatoria, el tribunal aceptó un pedido de los abogados defensores y de la fiscalía para poder ver previamente los videos del día en que asesinaron a Mariano. El presidente del Tribunal no perdió la oportunidad de señalar que todas las cintas estuvieron a disposición de las partes desde mayo pasado sin que la fiscal fuese a verlas. Se tuvo que pasar a un cuarto intermedio y luego se proyectaron las imágenes.
Los videos
Si bien los abogados defensores aprovecharon el pedido para poder seguir retrasando el momento en que Pedraza y los otros acusados habrán de declarar, la sesión de video expuso una vez más el accionar planificado del crimen.
Con la sala del juicio a oscuras, la proyección de la filmación policial terrestre, otra tomada desde un helicóptero y las que llegó a registrar C5N, mostraron a los tercerizados marchando pacíficamente por la calle lindante a la vía y a la patota caminando por encima del terraplén, lanzando piedras y palos a los manifestantes.
En un momento de la grabación se ve cómo se integran al grupo principal de la burocracia que estaba sobre las vías, un grupo de personas entre los que estaban Cristian Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez, acusados de ser los que dispararon contra Mariano Ferreyra y el resto de los militantes heridos de bala.
Se espera que cuando termine la exhibición de los videos arranquen las indagatorias que empezarían con Pedraza y Fernández los máximos responsables del ataque criminal.
Favale y el Vatayón Militante
El dato del día fue la denuncia publicada en clarín, acerca de la participación del barrabrava Favale en los actos y eventos del Vatayón militante. (ver nota del Diario del Juicio, Favale en los actos del Vatayón Militante).
Desde los tribunales de Comodoro Py, al comienzo del segundo día del juicio, los abogados del Partido Obrero le han pedido al Tribunal que informe sobre la participación de Cristian Favale en las actividades del Vatayón Militante, y si hubo salidas de la cárcel.

lunes, 23 de julio de 2012

Torturado por intentar huir del campo de concentración N° 11.


NEUQUÉN



(AW)Alexis Retamal Jara, quien se encontraba detenido en el Pabellón 3 de la Unidad de Detención Nro. 11, fue brutalmente torturado a raíz de que habría intentado huir de ese campo de concentración, el pasado 19 por la madrugada.


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Las imágenes son más que elocuentes. A raíz de estos hechos, intervinieron los defensores penales Fernando Diez y Nicolás García, quienes efectuaron una denuncia penal por el caso de Alexis y por la brutal represión que se desató contra sus compañeros de pabellón, ya que luego de este supuesto intento de fuga, el grupo de requisa ingresó al pabellón 3 con máscaras de gas, "ingresando a cada una de las celdas, obligando a los detenidos a tirarse al piso boca abajo, golpeándolos con palos y con las tonfas, con patadas y con golpes de puño a cada uno.....•" (citado de la denuncia penal de los defensores). Los policías de la requisa además arrojaron latas de gas lacrimógeno, dispararon balas de goma y después tuvieron a los internos hasta las 7 de la mañana en el patio.
De igual manera actuó la policía el Martes por la mañana, cuando "recapturaron" a Pedro Maniqueo y Víctor Campos, dos de los seis presos que se fugaron de la U11 recientemente. Ambos fueron salvajemente golpeados, con el agravante de que Víctor sufre de una trombosis en uno de sus pies, por lo que su familia está muy preocupada por las consecuencias que le pueda implicar.
Según el gobierno neuquino, "la culpa es del hábeas corpus", como titula Guillermo Berto, periodista del Diario Rio Negro, en su blog Fuera del Expediente (ver aquí publicación). Tanto el Ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza, como el Subjefe de Policía Raúl Liria, sostienen que la reciente resolución del hábeas corpus por parte de las cámaras criminales neuquinas que obligan a respetar mínimamente la dignidad de los familiares de los reclusos en las requisas, sería lo que les permite a los presos ingresar los elementos que utilizan para fugarse.
Nosotros quisiéramos hacer una pregunta. Si fuera así, si los presos se dieran toda esa planificación para huir del penal, ¿Cómo puede ser que a Víctor Campos, que tiene una discapacidad en una de sus piernas, lo encuentren caminando por el medio de la barda a las 9 de la mañana?
Esa pregunta tiene una respuesta muy simple: quienes les proporcionan esos elementos (al igual que ingresan las drogas, las facas, etc.) y quienes facilitan la fuga de los detenidos, son los mismos policías de la Unidad. ¿Y quién podría culpar a los presos de aprovechar esa chance, y huir de ese campo de concentración, donde los torturan todos los días?
Sin embargo, en los medios los presos "son tapa cuando se fugan pero no cuando los matan", como acertadamente señala también Berto en su blog (ver aquí publicación).
Desde Zainuco denunciamos que la policía y el gobierno neuquino están operando para marcarle la cancha al poder judicial. No es ninguna casualidad que estas "fugas" se están produciendo a pocas semanas del hábeas corpus de las cámaras criminales, y ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que el 3 de agosto determinará si condena o no a los 27 policías en el juicio por torturas cometidas en el año 2004.
La policía vuelve a dar testimonio de su accionar corporativo. Así también lo hicieron la veintena de veces que dejaron salir a su compañero Poblete, que debía estar cumpliendo su condena por asesinar a Fuentealba en el penal de Zapala. O cuando amenazaron al hijo de Cristian Ibazeta, diciéndole que si su familia seguía denunciando, a él le iba a pasar lo mismo que al padre.
Este operar de esa corporación mafiosa policial, continuará si el 3 de agosto el TSJ no condena a los 27 policías por torturas, y en la medida que el asesinato de Cristian Ibazeta continúe impune, porque reiteramos: a Cristian lo mató la policía.
POR ESO EXIGIMOS:
INVESTIGACIÓN Y CONDENA A LOS RESPONSABLES DE ESTA BRUTAL TORTURA CONTRA ALEXIS RETAMAL
RENUNCIA DEL MINISTRO DE SEGURIDAD GABRIEL GASTAMINZA, DEL JEFE DE POLICÍA RAÚL LASERNA Y DEL SUBJEFE DE POLICÍA JORGE LASERNA
DESMILITARIZACIÓN DE LAS CÁRCELES. FUERA LA POLICÍA DE LAS CÁRCELES NEUQUINAS
IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DEL MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
HACEMOS RESPONSABLES DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUGADOS DE LA UNIDAD 11, DE ALEXIS RETAMAL Y DE TODOS LOS DEMÁS INTERNOS, AL GOBIERNO NEUQUINO DE SAPAG.
ZAINUCO

sábado, 22 de octubre de 2011

El FBI espía a la población.


Informe: FBI conserva nombres en lista de vigilancia aunque las personas hayan sido absueltas 

Documentos recientemente divulgados indican que el FBI está autorizado a conservar nombres en su lista de vigilancia aunque las personas hayan sido absueltas de delitos relacionados con el terrorismo. El New York Times informa que personas absueltas pueden permanecer en la lista si el FBI alberga “sospechas razonables” de que pudieran estar vinculadas con el terrorismo. Defensores de los derechos civiles argumentan que las conclusiones socavan la presunción jurídica de que un individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La base de datos de la mencionada oficina contiene aproximadamente 420.000 nombres, entre ellos, los de 8.000 estadounidenses.

jueves, 10 de marzo de 2011

Lucila Larrandart y Hector Oscar Sagretti.

Prontuarios de Lucila Larrandart y Hector Oscar Sagretti.

¿Justicia o parajusticia?
Próximamente el Comisario Luis A. Patti será juzgado por la Cámara Federal de San Martín. Integran la misma la Dra. Lucila Larrandart y el Dr. Víctor O. Sagretti. A título de colaboración difundo los antecedentes “académicos” de ambos magistrados.
Por el Lic. Jorge P. Mones Ruiz
Tengo la presunción, porque soy lego en la materia, que les corresponden las “generales de la ley” y deberían excusarse, o bien ser recusados por los abogados defensores. De no ser así no tengo dudas de la sentencia… no puedo ser optimista respecto a un veredicto favorable al ex intendente de Escobar.
Lucila Larrandart
Abogada egresada de la UBA en 1965, quien habría sido afiliada al partido comunista, fue dejada cesante del poder judicial en marzo de 1976.
Durante los años del gobierno militar, como miembro del CELS y otras organizaciones afines, participó activamente en acciones encubiertas de protección de guerrilleros y terroristas y trabajó como abogada en el diseño y puesta en ejecución de las estrategias jurídicas destinadas a concretar su actual tarea como magistrada. Esto queda perfectamente documentado entre otros antecedentes en la página web del CELS, que incluye el texto de la conferencia que diera en el año 1999 titulada “Desarrollo de una Estrategia Jurídica desde la dictadura hasta el presente”.
Además, a partir de 1984 se desempeñó como secretaria de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), función a través de la cual le correspondió tomar declaración a muchas personas y participó en las visitas a los presuntos sitios de Campo de Mayo donde habrían funcionado los lugares de detención de delincuentes terroristas.
Habría perdido su legitimidad como Jueza de la Nación y autoproclamada garantista y protectora de los DDHH, al llamar a declarar a esos mismos testigos, con quienes ya se conocía y con quienes ya había trabajado, evidenciando la parcialidad y el espíritu de revancha que la animaría.
Héctor Oscar Sagretti
Ex defensor oficial, que logró llegar por “méritos especiales” al cargo de juez, fue tiempo atrás miembro de la CONADI (Comisión Nacional por la Identidad de las personas) dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis DUHALDE - fundador del MTP (recordemos La Tablada), quien a su vez es uno de los más activos y principales querellantes en causas por el estilo.
Actualmente figuraría en el organigrama de la CONADI como Asesor Honorario, y es pública su estrecha vinculación con las Abuelas de Plaza de Mayo, en particular con Estela de Carlotto, antecedentes éstos que demostrarían su parcialidad y dependencia.
Por estos antecedentes, ambos magistrados fueron recusados con causa en otras oportunidades, pero los argumentos de todos los abogados intervinientes fueron desechados por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, cuyos integrantes Dr. Yacobuci, García y otros fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por la Secretaría de Derechos Humanos y sobre quienes pesó como espada de Damocles el Juicio Político.
Una vulneración a los más elementales principios de ejercicio del derecho y la ética, como no haberse apartado como jueza al haber sido recusada por las defensas en vista de su evidente parcialidad y dependencia a intereses ajenos a la majestad de la verdadera justicia, nos pone en presencia de dos nuevas figuras político-jurídicas: la “Parajusticia” y el “Terrorismo Jurídico”.
¿SERÁ JUSTICIA?