A un año de los homicidios de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, y las graves heridas recibidas por Joaquín Romero, de 19, durante la represión de la Policía Bonaerense en el barrio La Cárcova de José León Suárez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acompaña a los familiares de las víctimas y denuncia la ausencia de respuestas políticas frente a uno de los hechos de violencia policial más graves del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El 3 de febrero de 2011 Franco, Mauricio y Joaquín se dirigían a buscar cartones a los basurales de la CEAMSE cuando se detuvieron a mirar lo que ocurría alrededor de un tren descarrilado.
La Policía Bonaerense reprimía a un grupo de personas que se había acercado a retirar mercadería del tren. Franco y Mauricio se refugiaron del ataque tras un montículo de chatarra, pero la policía disparó gas para forzarlos a salir y en cuanto se expusieron, los asesinaron con balas de plomo. Joaquín también fue gravemente herido y pudo salvar su vida tras ser operado.
El caso se inscribe en las prácticas de violencia y abusos que la fuerza de seguridad provincial ejerce cotidianamente sobre los vecinos de La Cárcova, en especial sobre los varones jóvenes, y que se replican en los barrios de sectores pobres del conurbano.
La actividad económica principal del lugar es la reventa de desechos que sus habitantes recogen del predio de la CEAMSE. La policía regula el ingreso, una hora cada día, para que personas de todas las edades corran a buscar lo que puedan recuperar para su uso o para su venta. En la zona funcionaba un desarmadero de autos al amparo de la policía local. El tren descarrilado trasladaba justamente autopartes, un dato que ayuda a entender que los vecinos se acercaran a ver qué se podía rescatar y vender.
Tras las muertes de Franco y de Mauricio, la policía presentó los hechos como si los vecinos hubieran provocado el descarrilamiento del tren y los efectivos se hubieran defendido de un ataque armado. El propio ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal afirmó: “La banda es muy conocida en el barrio, los que tenían las armas eran ellos, y fueron los que lideraron este robo, descarrilando intencionalmente un tren". Casal sostuvo que “fue un asalto con armas de fuego” por parte de la banda que habían identificado.
Sin embargo, la investigación judicial demostró la falsedad del relato: el tren se descarriló accidentalmente, el saqueo concluyó tiempo antes de la represión y no existieron agresiones armadas por parte de las víctimas. Nunca se aportaron datos sobre la supuesta banda. Lo ocurrido fue una represión policial desmesurada a un grupo de personas que intentaba sacar productos de un tren parado y a otros vecinos del barrio que se habían acercado a mirar.
Durante el último año, el gobierno provincial no tuvo voluntad política de revertir las condiciones que posibilitan estos casos y el abuso policial cotidiano en los barrios pobres. Además, intensificó acciones policiales que reproducen y realimentan la violencia y la estigmatización de estos sectores, como los megaoperativos de saturación frecuentes en villas y asentamientos.
Los familiares de Mauricio y de Franco intervienen en la causa judicial con la representación del CELS y del abogado Juan Carlos García Dietze. Hasta el momento, dos policías se encuentran acusados de ser los autores de los disparos y esperan el juicio oral en prisión preventiva. El CELS ha pedido que se profundice la investigación de los responsables del operativo y del encubrimiento y el fiscalMarcelo Sendot ordenó nuevas pruebas para avanzar en este sentido.
Los testimonios y las pruebas acumulados exponen la falsedad de la versión oficial y dejan en evidencia la intención de legitimar la actuación ilegal de la bonaerense. A un año de los hechos, no se asumió la responsabilidad política por estas muertes y se sostiene el modelo de seguridad que habilita las prácticas policiales abusivas | 
