ACIJ y la ADC presentaron un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en apoyo al planteo de una jueza y tres magistrados que fueron destituidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en el contexto del Golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009.
(Buenos Aires, 20 de febrero de 2015) – El 13 de febrero pasado, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respaldo de los jueces Adán Guillermo López, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, quienes fueron removidos de sus funciones. Las víctimas formaban parte de la Asociación de Jueces por la Democracia y realizaron diversas acciones en defensa de la democracia hondureña, lo cual originó la apertura de procedimientos disciplinarios.
El amicus curiae es una presentación ante un tribunal donde tramita un litigio realizada por personas ajenas al juicio y que tiene por finalidad aportar argumentos u opiniones que puedan servir al tribunal al dictar la sentencia. El amicus presentado por ADC y ACIJ contiene argumentos sobre el alcance de las garantías judiciales en procedimientos disciplinarios de funcionarios públicos y sostiene que el Estado de Honduras vulneró el derecho al recurso, debido a que las víctimas no contaron con el derecho de que dos instancias judiciales revisaran las sanciones que les fueran impuestas: el único organismo jurisdiccional, que intervino en el caso fue la Corte Suprema de Justicia. En línea con la jurisprudencia argentina e interamericana, ADC y ACIJ consideraron que no existe duda alguna de que la garantía genérica a un debido proceso, prevista en el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también es aplicable a procedimientos no judiciales, como lo son los procedimientos disciplinarios.
Asimismo, el amicus curiae acerca al tribunal consideraciones realizadas por los órganos y cortes internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la libertad de expresión y sostiene que el Estado hondureño es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión de la jueza y los jueces removidos. En efecto, todos los procedimientos disciplinarios se fundaron en actos por los cuales los magistrados daban su opinión ante el Golpe de Estado. ADC y ACIJ destacaron que la jueza y los jueces destituidos eran titulares del derecho a la libertad de expresión independientemente de su calidad de funcionarios públicos.
El pasado 2 y 3 de febrero, se llevó a cabo una audiencia pública en la que se desarrollaron los alegatos finales y se espera que próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su sentencia.
