Paliza a joven detenido en la U-5.

MERCEDES

(APL)Walter Pereyra denunció que su hijo del mismo nombre y de 23 años recibió una paliza por parte de unos 7 penitenciarios, ayer, en la Unidad 5 de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Entre los torturadores se halla Diego Pérez, jefe del Penal quien amenazó de muerte al joven detenido durante la visita delante de su compañera. Walter sufrió convulsiones lo que no sirvió para frenar las torturas, a las que se sumaron detenidos reclutados por el SPB. La intervención de su padre, militante de Correpi, posibilitó hoy su traslado la U-11 de Baradero.

De este modo, la familia Pereyra, sobrellevó otro episodio de represión estatal nuevamente. En 2008 fue asesinado por la espalda Christofer Damián Torres, (17) hermano de Walter, por el policía bonaerense Luis Ayunta. Este uniformado se halla en libertad a pesar de haber sido condenado en dos instancias a 12 años por el crimen cometido. 

Precisamente, el último Archivo de Casos presentado por Correpi, recientente, da cuenta de que el 46 por ciento de los jovenes víctimas de la represión estatal fueron fusilados como Christofer, mientras que el 39 por ciento fue ultimado en diversos sitios de encierro. 

Para que los metropolitanos pierdan el juicio.

JORNADA ANTIRREPRESIVA Y AUDIENCIA

El lunes 6, apenas pasadas las 9 de la mañana, empezaron a llegar a Viamonte y Libertad militantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autogestivos (ENECA), para instalar la radio abierta que presidiría la jornada antirrepresiva durante la audiencia en la Cámara Criminal en la causa contra los policías metropolitanos que tiraron con balas de plomo en la represión a la Sala Alberdi del 12 de marzo de 2013. Los primeros en llegar confirmaron que, si alguien estaba enterado de la actividad, era la policía federal. Una impresionante valla rodeaba por completo el edificio de Viamonte 1153, cortando todo paso por la vereda, con un igualmente espectacular cordón de uniformados. Apenas si una rendija entre las rejas permitía el acceso de abogados y correos judiciales al edificio, previa exhibición de credenciales y documentos.

Por CORREPI

Poco después de las 10:00, comenzó a funcionar la radio. Mientras tanto, montamos una prolija muestra de fotos vinculadas con la causa y con la defensa de los espacios públicos y la cultura popular, en una pared lateral de la plaza seca del Teatro Colón. Varios encargados de la custodia del teatro se abalanzaron sobre los compañeros, señalando que estaba prohibido colgar carteles. Después de algunos minutos de tensión, la firmeza de los compañeros espantó a los vigiladores, que se quedaron rumiando bronca a unos metros de distancia.
Desde la radio, se relataron los antecedentes de la causa, con detalle sobre el prontuario de los policías que balearon a los compañeros y el de sus defensores, que casi asusta más que el de los uniformados (ver ¿Quiénes son? en http://correpi.lahaine.org/?p=1317). Luego intervinieron compañeros y compañeras invitados a hablar sobre los conflictos que enfrentan, como Leonardo, representante de un grupo de 10 familias de Constitución en riesgo de desalojo; Luciana, de la asamblea de Sala Alberdi; Diosnel Pérez, del Frente Popular Darío Santillán, a punto de ir a juicio junto al Tano Nardulli acusados de “instigar a la ocupación de tierras” en el Parque Indoamericano y los integrantes de la RNMA que hablaron de la ley antiterrorista. Luego intervinieron compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que están resistiendo una toma de tierras en Longchamps y del Movimiento Popular La Dignidad, con similar situación en Glew, y compañeros de la Red Interparques.
Mientras dos artistas del ENECA se apostaban en los semáforos con carteles que explicaban el contenido de la actividad, también hubo espacio para las expresiones artísticas, con un espectáculo de danza y luego la guitarra de Laura, con chacareras y canciones populares.
Cuando terminó la audiencia, pasadas las 13:00, cerraron la actividad los querellantes Esteban Ruffa (AnRed) y Germán de los Santos (DTL!), junto a María del Carmen Verdú (CORREPI).
Contaron que estuvieron presentes los abogados de los policías, Sheila Borzani Papel y Julián Curi del estudio Righi-Montenegro, y Juan Martín Cerolini, y que curiosamente no hubo presencia de la fiscalía, con lo que quedó sólo en manos de nuestra querella la defensa del procesamiento. Los tres reclamaron el sobreseimiento de los policías, aunque ofrecieron como alternativa que se cambie la calificación de homicidio agravado en grado de tentativa a lesiones leves…
Los compañeros mostraron cómo el pez por la boca muere. El Polaco De los Santos recordó el fallido del abogado Cerolini, que se refirió a los policías metropolitanos como “nuestros efectivos”, y Verdú contó que, cuando ella sostuvo ante los jueces que los policías tiraron a matar, sabiendo que usaban proyectiles letales, aunque por fortuna los compañeros sobrevivieran, el abogado Curi replicó “son policías entrenados, cuando quieren matar, matan”. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados…
También en la audiencia quedó en evidencia que la campaña de difusión emprendida por el espacio RNMA-CORREPI-ENECA ha sido un éxito. La abogada Borzani Papel se quejó ante los jueces de que su defendido, Miguel Ledesma, sea señalado como ex integrante de un grupo especial de la PFA, aclarando (como lo consignamos en nuestros materiales) que pertenecía al Grupo especial de Rescate, por lo que lo calificó como “bombero sin agua”. Será un bombero sin agua, agregaron los compañeros, ¡pero con escopeta!.


En pocos días, los jueces de la sala V de la Cámara (que esta vez no se enojaron por la radio abierta, sino que agradecieron que dirigiéramos el sonido hacia la Plaza Lavalle) deberán decidir si confirman el procesamiento, lo modifican o lo revocan. Cualquiera sea su decisión, apoyados en el espacio de coordinación que hemos conformado, la lucha sigue.

¿Abu Ghraib, Irak? No, San Luis, Argentina.

TORTURAS EN SAN LUIS

(AW) Compartimos el análisis de La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, en la cual nos demuestra que el “escándalo”, no se trata de un hecho aislado sino que es moneda corriente en las cárceles de nuestro país. Esta semana, un diario de la provincia de San Luis publicó una serie de fotos tomadas el 22 de abril de 2013, durante una requisa en el pabellón de menores de la cárcel local. En las imágenes se ve a los presos, jóvenes de entre 18 y 20 años, en un patio, desnudos, con las manos a la espalda y alineados a la pared en posición “mahometana”, es decir, arrodillados e inclinados hacia adelante, con la cabeza contra el piso. Los custodian (y hasta posan para las fotos) los miembros del servicio penitenciario provincial –entre ellos, el jefe de la unidad- con perros (los de cuatro patas) peligrosamente cerca de los expuestos genitales de los prisioneros. En los pocos medios que reprodujeron la “noticia”, igual que cuando trascendió el video de chicos torturados en la comisaría de Salta, se habla de “escándalo”, como si se tratara de un hecho aislado e inédito. Ninguna cosa es ya novedosa en materia de tormentos en cárceles y comisarías. A lo largo y ancho del país, este es el trato habitual que padecen las personas que están privadas de su libertad. En este caso se trata de varones  jóvenes, los que padecen más directamente el estigma del sistema y su selectividad. La humillación y el tormento son herramientas para que los carceleros puedan marcar el poder que tienen sobre sus vidas. Aun más inadvertidos, y tan preocupantes como el propio hecho, pasaron los “comentarios de lectores” posteados en los sitos de los medios online que lo publicaron. Allí aparece el “sentido común” impuesto por la cooptación de consenso, con frases como: “mejor, así aprenden desde temprano” o “¿qué se creen, que están de vacaciones?” referido a quienes son deshumanizados al punto de llamarlos “ratas” y que, a criterio de esos “lectores “se lo merecen”. Es que, más allá de algún objetivo puntual de obtención de información o confesiones, el principal objetivo de la tortura sistemática es la destrucción de la subjetividad del “enemigo” al que hay que privar de su propia conciencia humana. No basta que estén privados de su libertad, tienen que quedar vacíos, y tener bien metido en la cabeza que no son nada, y sólo sirven para ser escarnecidos. Y hasta cuando uno de estos episodios trasciende, es usado como escarmiento hacia un mayor disciplinamiento del pobre. Muy distinta es la situación, en pabellones diferenciados, de los poquitos homicidas de uniforme que van presos, siempre y en cualquier circunstancia protegidos por el estado, o de los menos aún “ciudadanos de bien”, empresarios, burócratas sindicales o curas amigos del poder. Dos detalles mencionados casi al pasar en la crónica periodística es la mejor prueba de dónde están los delincuentes peligrosos. El jefe de la unidad que aparece en las fotos, Mariano Ibáñez, fue desplazado de su cargo y está siendo investigado penalmente, pero por otro hecho: se descubrió que era quien habilitaba el ingreso de drogas en la unidad. Y el actual director del penal, Inocencio Carpio, de larga carrera en el servicio penitenciario y antes subteniente del ejército, acumula denuncias desde 1978, por los tormentos que aplicó a jóvenes conscriptos a sus órdenes que fueron desplazados a la frontera chilena durante el conflicto limítrofe de aquel año.

La costa se tiñe de azul.

OPERATIVO SOL:

El 18 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, presentó el Operativo Sol 2013/2014 que se empezó a desarrollar en los municipios turísticos de la costa bonaerense a partir de fin de año. 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y vehículos todo terreno para zona de médanos paara garantizar la represión. Reproducimos artículo de CORREPI.- Buenos Aires, 28 de enero de 2014 (Boletín Correpi Nº 707) Operativo Sol: la costa se tiñe de azul El 18 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, presentó el Operativo Sol 2013/2014 que se empezó a desarrollar en los municipios turísticos de la costa bonaerense a partir de fin de año. Secundado a sus anchas por su ministro de Seguridad, Alberto Granados; el de Salud, Alejandro Collia; el secretario de Turismo, Ignacio Crotto y los intendentes de varios municipios costeros, destacó que el Operativo sería “el mayor operativo de la historia de la Provincia”, destinando para ello la totalidad de su “infraestructura pública, al servicio de la prevención y la protección de las familias”. Al respecto, el spot publicitario que comenzó a circular por televisión resulta revelador: un joven en la playa observa, semi-boquiabierto, el andar pausado de una chica que pasea por la arena en malla. La sigue con la mirada afanosa perdida en su cuerpo, hasta que finalmente la chica se sienta junto a su pareja, que automáticamente dirige al otro una mirada amenazante. Enseguida, se ve a dos oficiales vestidos con el uniforme del Operativo en la playa, al tiempo que una voz en off concluye “más policía, además del novio celoso”, antes de enumerar los “beneficios” que lo componen: 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y vehículos todo terreno para zona de médanos; más de 100 rondines a caballo para zona de bosques y apartados costeros; 7 helicópteros para vigilancia diurna y nocturna, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas. Los más de ocho mil efectivos que participan del Operativo “son egresados de las 16 escuelas descentralizadas de Policía con que cuenta la Provincia de Buenos Aires” declaró Granados, cuando diputados opositores preguntaron de dónde salían los reclutas; participan también, efectivos de los Cuerpos de Infantería y Caballería, Grupo Halcón y de la Dirección de Aérea. Apenas unos días después de la oficial puesta en práctica del Operativo, Scioli declaró haber recibido "muy buenos comentarios de los turistas por la presencia policial, su predisposición para asistirlos y hasta su amigable vestimenta verde flúor (sic por fluo=fluorescente), que los hace bien visibles". Sin embargo, lejos de funcionar como un amigable despliegue de coloridas vestimentas o una apuesta “tutelar” frente a los “mirones” de las playas, es fácil ver cuál es la verdadera función que convoca al Operativo. Una vez más, frente a los dichos y los supuestos, los hechos materiales hablan por sí solos. El viernes 10 de enero, en la ciudad de Mar del Plata, distintas organizaciones del campo popular se movilizaron al Palacio Municipal para repudiar el nuevo aumento del boleto de transporte público. Una patota de la UTA, designada como fuerza de choque por los funcionarios municipales, en coordinación con las fuerzas represivas que esperaban a unos metros, apaleó a los compañeros que se encontraban más próximos a la entrada para disiparlos y dar luz verde al inicio de la represión policial. Un centenar de uniformados empezó así la cacería indiscriminada, articulando por único idioma los gases lacrimógenos y los balazos, deteniendo a su paso a todo al que pudieran echarle mano. El saldo de la represión fueron 22 detenidos, de los cuales 4 eran menores de edad,  uno de ellos hospitalizado por las múltiples y graves heridas con postas de goma a corta distancia. No nos resulta ajena la lógica en el procedimiento. Que se haya logrado recurriendo a la tercerización de la represión para pagar un costo político menor, utilizando patotas como fuerza de choque, muestra cómo siguen usando uno de los métodos favoritos del modelo kirchnerista. Basta recordar la actuación de la patota de la Unión Ferroviaria en el asesinato del compañero Mariano Ferreyra, o la del grupo de barrabravas que responden al Sindicato Ceramista Sanitarios Porcelana de Mesa de Avellaneda cuando apalearon a los compañeros de la FOCRA por el conflicto en Cerámicas Lourdes, hace no mucho tiempo atrás. Tampoco nos resulta extraño que la represión haya sido bien coordinada con los uniformes. Así se ve claramente cuál es la prioridad del Operativo, entendiéndolo, como a todos sus semejantes (Centinela, Cinturón Sur, Escudo Norte, etc.), no como un evento coyuntural –como pretenden hacerlos figurar- sino como eslabones de la cadena única de mando, que es la política represiva que el estado lleva a cabo y que hace 10 años dirige el gobierno de los Kirchner. Recordemos que el presupuesto para las fuerzas de seguridad nacionales pasó de $2.960 millones en2003 a $25.900 millones en 2013, es decir, un aumento del 1.096%.