La Balanza de la Justicia está inclinada arteramente por una mano de guante blanco cuyo dueño no se ve.Enderezar la balanza, depende de usted.Redacción tels:011-4275-1783/0075.
Entrada destacadaLa editorial del Diario La Nación, Spandau y los izquierdos humanos.
Desde 2012 a la fecha, la AFIP relevó 10.707 trabajadores del rubro textil de los cuales 6.994, el 65%, presentaba irregularidades en su registració. Además se clausuraron 72 talleres sobre un total de 2.551 fiscalizados y se detuvieron a 8 encargados de estos establecimientos.
A raíz de la investigación y denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia imputó al titular de un taller clandestino de la localidad de San Justo por el presunto delito de trata de personas y explotación de menores de edad.
Tras un allanamiento realizado por la AFIP se constató el empleo de 23 ciudadanos extranjeros entre los que se encontraban menores de edad que eran sometidos a extensas jornadas diarias de trabajo bajo el sistema denominado “camas calientes”, que consiste en ubicar la vivienda de los trabajadores dentro del mismo recinto laboral mientras se los priva de su libertad.
La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social secuestró 4.500 prendas de vestir y 16 máquinas de coser que eran utilizadas en la confección de indumentaria para la marca LAGOS, mientras que además se fiscalizó y clausuró otro domicilio destinado a proveer al mismo contribuyente y en el que se encontraron otros 5 trabajadores y 13 máquinas de coser.
Luego de las acciones llevadas a cabo por la AFIP, el Juez Juan Pablo Salas a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Morón N° 1, ordenó el allanamiento del predio y convocó a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y a personal de la Dirección Nacional de Migraciones, además del auxilio de Gendarmería Nacional.
A partir de las acciones llevadas a cabo por la AFIP con el objetivo de resguardar el empleo declarado, el administrador Federal, Ricardo Echegaray, destacó que desde “2012 a la fecha, la AFIP fiscalizó 2.551 talleres textiles donde relevó a 10.707 trabajadores de los cuales 6.994, el 65%, presentaron irregularidades en su registración”.
El funcionario agregó que “gracias al accionar de la AFIP, el organismo clausuró 72 talleres sobre y se detuvieron a 8 encargados de estos establecimientos”.
La Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP está a cargo de la Dra. Silvana Quinteros, y tiene a su a cargo la recaudación y fiscalización de los recursos que financian las prestaciones de la Seguridad Social.
Entre sus funciones principales se encuentran la recaudación y distribución de los aportes y contribuciones, así como también establecimiento de multas, sanciones, determinaciones de oficio, liquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos.
"La primera víctima en una guerra es la verdad". Anónimo. En estos días, la tilinguería seudoizquierdoza, ha bramado ante la publicación en el Diario La Nación de una editorial. Los comentarios que escuché y vi en radio y televisión, me llamaron la atención por la unanimidad en el analisis critico. También me llamó la atención la insolita expresión de sus periodistas en repudio a la editorial. Así que busqué la publicación, y después de leerla detenidamente, diré que no veo nada agraviante, y me atrevo a firmar al pié. Para saber de que hablamos, paso a reproducirla..... Comienza la cita....
No más venganza
La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos
LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.
Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.
Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.
Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".
La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.
Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.
Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.
En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.
Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.
La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.
El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.
Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.
Fin de la cita.............
Bien.
¿Que es lo censurable?
Nadie explica cual es el agravio.
Lo único que he leido son frases propagandisticas de quienes critican esta publicación.
Pero esto tiene una explicación clarísima.
JAMAS SE ANALIZÓ SERIAMENTE LO QUE OCURRIÓ EN LOS 70'.
Las victimas de la represión ilegal, eran la violación misma de la Ley.
En la génesis misma de su ideología estaba el delito, para poder destruir el orden establecido.
Su proyecto político era claramente imponer a viva fuerza, después de un verdadero baño de sangre, un sistema político y social genocida por naturaleza, que comenzaría con un nuevo baño de sangre.
Así lo atestigua la historia hasta el aburrimiento y la sobreabundancia.
El método consistia en la trampa y falta de códigos desde el principio.
El no uso de uniformes, el ataque artero no en los cuarteles y comisarias, sinó en la via pública o aún en sus hogares, buscaba aterrorizar a traves de la supresión física.
Cuando secuestraban, sometían a sus victimas a condiciones de prisión aberrantes, monstruosas, que no se compadecian con sus posteriores reclamos de humanidad.
Esto era un fenómeno absolutamente nuevo en sociedades abiertas.
En aquellos años, Occidente bregaba por la defensa de los derechos humanos en el bloque pro-sovietico y anexos.
Fueron los años de Checoslovaquia, Hungria , la Revolución Cultural China, y el Pol Pot, por solo citar algunos ejemplos, en los que se masacró a millones, sin que los progres contemporáneos dijeran nada, antes bien que criticaran los reclamos de occidente.
El tema de los derechos humanos es tomado cuando son arrasados por la represión, y ya no podían realizar, ni siquiera operaciones terroristas, como fase inferior a la guerrilla.
La infantil creencia de que la sociedad era una foto y no una película, los llevó a creer que las FFAA y FFSS eran idiotas y repetirian la conducta observada hasta 1973.
Bien.
No lo hicieron.
Como los subversivos eran bastante limitados, se olvidaron que un enemigo, si combate mucho tiempo contigo, termina por adaptarse a tus tácticas.
El resultado está a la vista.
La fuerzas represivas cambiaron totalmente el método, y los subversivos, la única respuesta que tuvieron fué proponer el suicidio.....
Hasta aquí un relato muy acotado de lo sucedido sobre lo que no entraré en detalles.
¿Implica esta visión que estoy de acuerdo con lo que se hizo?
De ninguna manera.
Pero es lo que ocurrió.
Y cuando se habla de la denostada "teoría de los dos demonios", no se la rebate.Solo se la degrada.
Y esto es así, porque la teoría es correcta.
Es cierto que un demonio era desproporcionadamente mas grande que el otro.
Pero también es cierto, que no confrontaron en un ring, respetando las reglas, sino que uno comenzó por violarlas y el otro, cansado de ser lastimado decidió aniquilarlo a como de lugar.
Si quisiera enumerar diria:Mataron, lastimaron, destruyeron, robaron, torturaron.....Ambos.
Después podremos evaluar si con el estado como respaldo o con la subversión internacional como respaldo.
La respuesta fué integral y no reconoció fronteras, como no lo hizo la subversión.
Los derrotados encontraron la veta de los derechos humanos y comenzaron a explotarla y reelaborarla, tornandolá en izquierdos humanos.
Ni siquiera han respetado la cantidad de víctimas, en una estafa historica, por el que los periodistas de La Nación no se ofuscan.
Lo que ha ocurrido a la vista de todos es que se ha producido una asimetría conceptual escandalosa, que vulnera los mas elementales derechos humanos.
He concurrido a un solo juicio.
En el se dilucidaba el caso Rodolfo Walsh.
Un verdadero genio.
Agente de la inteligencia cubana, y peligrosisimo guerrillero autor de verdaderas masacres.
Solo, se recuerda de el la carta a la Junta, invocada por los izquierdosos contemporáneos.
Lo que comento acá sobre este juicio se desprende de la acusación fiscal, que tengo grabada y dura varias horas.
Relata el fiscal, en el momento cúlmine de la acusación, que estando Walsh en Buenos Aires, es interceptado por una comisión mixta de ARA PFA etc, que le grita "alto, policía", ante lo cual Walsh, se parapeta detrás de un auto y extrae una pistola con la que dispara y hiere a un subcomisario.Le disparan y lo matan, virtualmente partiendolo en dos con una ráfaga.
Es llevado a la ESMA.
BIen.
El juicio era por......"Privación ilegal de la libertad y robo".......
ES EL PRIMER CASO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD EN LA QUE SE PRIVA ILEGALMENTE DE LA LIBERTAD A......UN CADÁVER!!!
Un disparate histórico.
Me impactó tanto el asunto que me comuniqué con el abogado defensor, que me demolió con su relato.
El caso ya HABÍA SIDO JUZGADO, Y SE LOS HABÍA SOBRESEIDO, por la Juez, María Romilda Servini de Cubría.
Es decir......non bis in idem, las pelotas!
El art 34 del Código Penal, bien gracias!
Es decir que se cometen aberraciones jurídicas escandalosas, so pretexto de hacer cumplir la Ley.
No se puede violar la Ley con la excusa de hacerla cumplir.
Eso enturbia la declamada defensa de los derechos humanos.
Hemos asistido a una Mi-Lay gigantezca a la que se pretendió responder con un Nuremberg de cabotaje, que derrapó en los juicios stalinistas en versión ligth.
Y esto en un contexto en el que los promotores, lo impulsaron para poder saquear la República mientras entretenían a la gilada seudoprogre con el circo deleznable de los derechos humanos.
Lo que no impulsaron, fué los juicios contra los genocidas guerrilleros, antes bien, les adjudicaron pensiones e indemnizaciones.
Lo que también hicieron, fué perseguir a dos jóvenes, incurriendo en verdaderos escándalos jurídicos, porque eran los hijos de Herrera de Noble, escribiendo una de las páginas mas negras de nuestra historia.
En 1941, en plena guerra, Rudolf Hess, voló hacia Inglaterra y se arrojó en paracaidas sobre Escocia.
Trató de contactarse con el gobierno británico para pautar la paz.
Fué detenido.
En 1946, juzgado en Nuremberg.
Condenado, remitido a la cárcel de Spandau.
Hess era el único prisionero de una cárcel que custodiaban franceses, rusos, ingleses y nortemaericanos alternativamente cada cuatro días.
Hess, no tuvo nada que ver con el holocausto ni nada parecido.
En "La justicia de los vencedores", Danilo Zolo desnuda el tema de los derechos humanos y su implementación política.
En la editorial de La Nación, se desnuda un estado de cosas vergonzoso y vergonzante que cae sobre nosotros como sociedad.
Nunca se debatió seriamente, llegando a un saldo común, lo que ocurrió.
Hoy soplan vientos de concordia en nuestra sociedad, y el editorial de La Nación, fué correcto en el momento correcto.
En cuanto a la vocinglería de ocasión, no es para nada nuevo.
Que siga la ordalía, y que la sangre y el sufrimiento de las víctimas caiga sobre las cabezas de sus autores.
Julio López y su hijo, el truchador de cursos en la provincia.
El negocio de los Derechos Humanos, un curro que enfurece a los K cada vez que se lo menciona, trae un nuevo capítulo a la capital de la provincia de Buenos Aires.
El eje está puesto en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), un organismo del Gobierno de la provincia, que pertenece a la Subsecretaria para la Modernización del Estado.
El Instituto brinda a los empleados del Estado cursos formativos para su crecimiento profesional y personal, entendiendo a la capacitación como la herramienta y recurso que posibilita el desarrollo humano y organizacional.
Uno de los encargados de dar estos cursos fue Rubén López, hijo del ex detenido/desaparecido Jorge Julio López, quien nuevamente desapareció sin dejar rastros, el día 18 de septiembre de 2006, en la ciudad de La Plata.
Rubén -se supone- dio clases de un curso sobre Derechos Humanos en el IPAP, y cobró $400.000 por dictarlo una vez a la semana durante tres meses, según se pudo constatar a través de un off de record.
Lo más loco es que no es docente, ni se dedica a eso, ni siquiera es empleado estatal, sino, que es un humilde mecánico, porque una de las características salientes que presenta el IPAP es que cualquiera, sin distinción alguna, puede presentarse a dictar los cursos. Además, contaron que un docente por dar clases con un solo participante cobró $20.000.
Cada curso de estos, va acompañado de un acta, que López jamás realizó porque tampoco se constató que dictó las clases. Lo más repugnante de esto es que ante el desembarco de María Eugenía Vidal, la llama se avivó entre los directivos ya que gente de la gobernadora electa del PRO se pasean por los ministerios, para controlar los números de la administración pública: no vaya a ser cosa que se descubra semejante “tramoya”.
Para ello, los directivos del IPAP, no tuvieron mejor idea que pedirle a sus empleados de planta permanente que “trucharan” las actas de todos los “supuestos” cursos, entre el que se encontraba el de Derechos Humanos dictado por Rubén López. Los empleados se negaron, pero los aprietes llegaron. Uno de ellos tuvo que redactar las actas bajo coerción.
El negocio de los Derechos Humanos, es un curro con el que lucran unos pocos vivos con plata del Estado. Rubén López se llevó una suma exorbitante por ser el hijo de Jorge Julio López, el hombre tristemente conocido por desaparecer dos veces. Aparición con vida de Julio López, y aparición de los 400 mil pesos que cobró su hijo por dictar cursos truchos en la provincia.
Ademys participó esta tarde, 16 de noviembre, del corte realizado en La Boca por familias, organizaciones sociales y vecinos, exigiendo Justicia por Lucas Cabello, joven baleado por la policía metropolitana el pasado 10 de noviembre, quien se encuentra en estado crítico luchando por su vida.
En la concentración participaron otras familias que han sufrido la violencia policial e institucional, como es el caso de Nehuen, joven atropellado y asesinado también por la metropolitana. Desde Ademys, denunciamos todos los casos de gactillo fácil y de violencia contra nuestros pibes, que no son exclusividad de la Metropolitana. La lista de jóvenes asesinados por la Policía Federal, la Bonaerense y diversas fuerzas de "seguridad" da cuenta de una política de estado para la cual la vida de los jóvenes pobres de nuestros barrios no tiene ningún valor. Basta de asesinar a nuestros pibes! Justicia por Lucas Cabello y por todos los pibes víctimas de Gatillo Fácil!
La Legislatura porteña aprobó anoche la norma que prohíbe a los pasajeros de colectivos, que circulan por la Ciudad, y a los que viajan en la red de subtes utilizar equipos de reproducción de música o video sin auriculares para "evitar ruidos molestos que perturben a la mayoría de los pasajeros".
La norma que fue aprobada en la última sesión ordinaria del año, impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y Daniel Lipovetzky, del PRO, obligó a efectuar modificaciones al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
Los legisladores establecieron que tanto las empresas dueñas de las líneas de colectivos como en la red de subtes "deberán exhibir un cartel, dentro de los habitáculos, en un lugar visible, haciendo constar en forma clara y legible, la prohibición".
Según la nueva ley, si un pasajero no respete la norma, los chóferes deberán “realizar una advertencia” para que se silencie la música y “en caso de persistir con el incumplimiento, quedarán facultados para solicitar el descenso del infractor”.En cambio, si se da en una línea de subte se podrá expresar la queja en cualquier estación.
"Creemos que por una cuestión de derecho cada persona debe tener la posibilidad de escuchar lo que sea de su agrado, siempre y cuando esto no perturbe el medio ambiente ni a afecte a terceros", concluye el texto de la ley que se dio a conocer esta madrugada.
Tras haberse confirmado la aprobación de la carrera, otros alumnos de la Universidad habían expresado quejas sobre la condición de "regular" de Scioli ya que, según ellos, el gobernador bonaerense aprobó varias materias que ya no se cursan
El candidato presidencial del narcokirchnerismo, Daniel Scioli y el rector de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Ricardo Orosco, fueron denunciados hoy penalmente por la concesión del título de Licenciado en Comercialización (Marketing) al gobernador bonaerense por parte de esa casa de estudios. Los alumnos de la casa de estudios, habían elevado una carta pública al rector para pedirle explicaciones.
La denuncia, que ingresó esta mañana en la Cámara Federal porteña, recayó por sorteo en el juzgado federal número 9, cuyo titular es el juez Luis Rodríguez. Y fue radicada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien presentó anteriores denuncias contra funcionarios en los tribunales federales, por ejemplo, por la tragedia ferroviaria de Once.
En el escrito, Miguez pidió que se investigue si Scioli y Orosco habrían perpetrado los delitos de “estafa” y “encubrimiento”. Scioli finalizó sus estudios y se recibió de Licenciado en Comercialización (Marketing) en la universidad privada UADE, al aprobar, el 5 de octubre, su tesis final con la calificación de 7.
Veinte días antes de las elecciones presidenciales, el candidato publicó la novedad en su cuenta de Twitter con una foto en la que aparecía escribiendo en un pizarrón: “Papá: tesis 7. Misión cumplida!”, su firma y la fecha.
Tras haberse confirmado la aprobación de la carrera, otros alumnos de la Universidad habían expresado quejas sobre la condición de “regular” de Scioli ya que, según ellos, el gobernador bonaerense aprobó varias materias que ya no se cursan, mientras que otras registraron cambios de fondo en su desarrollo.
CÓMO FUNCIONA LA "LEALTAD ÉTNICA" En marzo de este año se produjo en Tirúa, en la Araucanía chilena, un ataque incendiario contra la propiedad de una mujer mapuche que había recibido amenazas por colaborar con la justicia en el esclarecimiento del ataque contra un fiscal. La mujer, llamada María Aguato Carilao no sólo debió sufrir la destrucción de su hogar, sino que además su marido resultó herido de bala por los encapuchados. En otro mes de marzo pero del 2012 resultaba muerto el Sargento de la Policía de Neuquén Eduardo Aigo, hecho que sigue impune. Los terroristas asesinos emitieron un comunicado en la clandestinidad en el cual ponían énfasis en la ascendencia indígena de Aigo y daban a entender que lo consideraban un traidor "a su pueblo mapuche", por lo cual "debía saber que ese final era posible". En ambos casos el mensaje subyacente es muy claro: "no importa el Estado de derecho, no importa la ley argentina o chilena, tenemos nuestros mecanismos de lealtad étnica y si colaboras con la justicia de ellos perjudicándonos, vas a recibir el peor castigo". A ello se agrega el agravante de que un conflicto entre gente de una misma parcialidad indígena ahora pueda ser juzgado por ellos mismos en el seno de sus comunidades y de acuerdo a los "usos ancestrales", con lo cual la persona queda más indefensa todavía. En Bolivia Evo Morales legalizó el "derecho comunitario", en el cual no existe la defensa en juicio, existe la pena de muerte y puede ser aplicado a un extracomunitario. Varios linchamientos se han producido desde entonces. En la Argentina ya hay experimentos de este tipo, y a principios de año se informó que la embajada de Canadá aportará a la provincia de Neuquén 190.000 pesos para financiar un programa destinado al reconocimiento de la Justicia indígena en la provincia de Neuquén. ¿Hubo "lealtad étnica" de parte de los seis miembros "mapuches" del jurado que debía determinar si la mapuche Carol Bullorovsky (autodenominada Relmu Ñamcu) era culpable por intento de asesinato en el caso de Verónica Pelayes? Viendo la extrema liviandad del fallo, y considerando los precedentes expuestos, queda claro que aún si alguno de ellos hubiese querido actuar con imparcialidad, la presión intracomunitaria a la que estaban sometidos haría muy difícil que pudieran desempeñarse con independencia de criterio.
La AFIP detectó un kilo de marihuana y un troquel de LSD oculto dentro de stickers del famoso juego Candy Crush, descubiertos en un control vehicular en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas de Encarnación del Paraguay.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró en Misiones casi 1 kilogramo de marihuana y un troquel de LSD oculto dentro de stickers del famoso juego Candy Crush durante un control vehicular realizado en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación del Paraguay. Se trata de 0.950 kilos de marihuana y una sustancia de diseño LSD oculta dentro de envoltorios del famoso juego que intentaban ser ingresados al país a bordo de un taxi de patente paraguaya en el que viajaba como pasajero un ciudadano argentino que declaró de forma espontánea llevar las drogas entre sus pertenencias.
Tras el hallazgo las sustancias fueron sometidas a pruebas de narco test que dieron positivo de marihuana y LSD. El delito está caratulado como Tentativa de contrabando de importación de Estupefacientes según el Código Aduanero (Ley 22.415).
En la causa interviene el Juzgado Federal de Posadas, Secretaría Penal N° 1 quien dispuso el secuestro de las drogas y dictó la detención en carácter de incomunicado del ciudadano argentino.
Acusan al juez 'ejemplo' de Cristina de liberar narcos a cambio de coimas
Este mediodía se realizaba un allanamiento en el juzgado Federal de Orán a cargo del juez Raúl Reynoso, a quien investigan por supuestos sobornos para liberar a narcotraficantes. Bajo su jurisdicción hay 700 kilómetros de frontera con Bolivia, una zona caliente para el tráfico de drogas. En abril de este año, Cristina Fernández había destacado la labor del magistrado en plena cadena nacional.
El juez Reynoso, en el centro de la polémica. (Foto: El Tribuno)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Todo un escándalo en Salta. Este mediodía la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba allanamientos en el juzgado Federal de Orán a cargo del juez Raúl Reynoso en el marco de una causa por supuestos sobornos para liberar a narcotraficantes. Además fue detenido el abogado René Gómez.
Según informa El Tribuno, las órdenes fueron impartidas por los jueces federales de Salta,Eduardo Villalba y Julio Babio.
Reynoso hace casi 11 años que está al frente del Juzgado Federal de Orán, en Salta. Bajo su jurisdicción hay 700 kilómetros de frontera con Bolivia, una zona caliente para el tráfico de drogas. Ahora se investiga si, a cambio de importantes sumas de dinero, excarceló a personas detenidas en causas de narcotráfico. En estos momentos se encuentra prestando declaración indagatoria.
Hace poco más de un mes, el magistrado se refirió a estas denuncias y dijo que "hay un ataque contra mí". Cabe destacar que en abril de este año, y en plena cadena nacional, Cristina Fernández había destacado la labor del juez.
"Tenemos jueces como Raúl Reynoso, de Orán, cuyo juzgado es clave en el norte argentino en la lucha contra el narcotráfico y solamente tiene 22 empleados. En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad en el Poder Judicial deberían dotar de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos a estos juzgados para que puedan hacerlo eficazmente",dijo entonces la mandataria en clara crítica hacia Ricardo Lorenzetti.
Ahora Reynoso fue imputado de los delitos de cohecho y prevaricato. Además, lo acusan de integrar una asociación ilícita con otros siete sospechosos.
En un dictamen donde impulsaron la acción penal, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba, afirmaron que el juez federal Reynoso construyó un aparato de poder para "obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal".
La investigación, que se inició tras publicaciones periodísticas, tomó un fuerte impulso el mes pasado después de que el abogado David Leiva, reconocido por su participación en causas de lesa humanidad, presentara en la Justicia Federal de Salta una denuncia contra el "juez Reynoso y otras personas que trabajan como abogados y como empleados de la justicia federal de Orán por cuanto requerirían dinero para obtener resultados favorables en causas en las que se involucra a personas por narcotráfico, trata de personas, tráfico de divisas y exportación de mercadería", publica La Nación.
Bavio ordenó las indagatorias y detenciones de otras siete personas. En la lista de sospechosos también hay un funcionarios judicial y abogados de presuntos narcos. Bavio hizo lugar al pedido de los fiscales y ordenó allanar el juzgado de Orán. Por su condición de juez, Reynoso no será detenido.
"Los sospechosos forman una organización criminal que tiene por objeto la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintos personas imputadas y detenidas en el marco de expedientes de trámite por ante el Juzgado Federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en los que se investigan conductas de narcocriminalidad internacional, a cambio de dinero y/o dádivas", afirmaron los fiscales en el dictamen donde pidieron la declaración indagatoria de Reynoso y las otras personas investigadas.
A la denuncia de Leiva se sumó otra hecha por Roxana Brítez ante autoridades de la Gendarmería Nacional en Tartagal, en Salta, donde sostuvo que cuando su ex pareja, Guillermo Sarmiento, caía preso por temas relacionados con droga le daban la libertad a cambio de dinero y afirmó que el pago lo hacían por intermedio de una abogada.
"Como metodología de análisis confrontamos cada una de las acusaciones formuladas en autos con las constancias en los distintos expedientes que tramitan o tramitaron bajo la dirección del juez. El resultado de ese estudio, a nuestro entender, es categórico en cuanto a que las circunstancias denunciadas por Brítez y Leiva, se presentan como verosímiles y encuentran sustento -con el grado requerido en esta etapa del proceso", sostuvieron los fiscales Iglesias y Villalba en el dictamen donde requierieron la accción penal y donde solicitaron medidas de prueba.
Para los fiscales el presunto "aparato de poder creado por el juez Reynoso" no se podría haber logrado sin un funcionario judicial y abogados de los narcotraficantes, siempre según el dictamen del Ministerio Público.
"El magistrado no sólo habría omitido cumplir con sus funciones, sino que además habría colaborado con la actividad delictiva de tráfico de estupefacientes a partir de la protección o impunidad que le brindaba a los imputados, a través de interpósitas personas, todo lo cual les permitió continuar desarrollando sus conductas ilícitas con la certeza de que se encontraban amparados por el propio magistrado", afirmaron.
# "Siento que hay un ataque en mi contra"
El 25 de octubre pasado, Reynoso concedió una entrevista a El Tribuno donde habló sobre las denuncias en su contra.
"De estar siendo felicitado a nivel nacional por mi tarea, en los últimos meses aparecen supuestas denuncias en mi contra; eso es lo que me pasa", dijo, y aseguró que hasta el momento la acusación de Leiva "es algo periodístico; ahora si él hizo la denuncia correspondiente ya me va a llegar la notificación ya sea de un juzgado o del Consejo de la Magistratura y entonces tendré que ver todo y hacer mi defensa, los descargos y si tengo que contradenunciar lo voy a hacer porque esa es mi manera de ser".
El juez federal de Orán, que a principios de este año fue destacado por la presidente Cristina Fernández en una cadena nacional, recordó que Leiva "me denunció ya dos veces en años anteriores". Contó que en 2007, a raíz de la presentación del abogado, fue acusado en Buenos Aires, ante la Corte y por el Consejo de la Magistratura. "Después de dos o tres años de investigación se demostró que todo lo que él había denunciado era falso. Por ello yo le apliqué dos sanciones que fueron confirmadas por la Cámara Federal de Salta, con lo cual él tiene dos sanciones puestas", recordó.
Reynoso aseguró que los ataques de Leiva también apuntan a otros colegas del foro. "El 29 de agosto, Día del Abogado, en una cena le gritó a los cinco secretarios de este juzgado que eran coimeros. Entonces empezamos otras causas y ahora deberá demostrar si el Dr. Alejandro Daher, si el Dr. Gustavo Hadad, si el Dr. José Fernández, el Dr. Juan Manuel Puig y el Dr. Guillermo Méndez son coimeros".
Sin saber a ciencia cierta a qué atribuir las denuncias en su contra, Reynoso se mostró seguro de que la frontera no es nada fácil. "A los jefes de Gendarmería cuando llegan a Orán les digo que se preparen para lo peor, que todo lo que hagan bien es muy difícil que les reconozcan. Lo mismo pasa con mi trabajo y por eso no veo la hora de que funcione el juzgado de Tartagal así seremos dos para trabajar en esto", dijo.
El ministro de Justicia, Julio Alak, brindó detalles de la postulación de los dos candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema Corte de Justicia. La opinión del diputado nacional del PRO Pablo Tonelli
El ministro de Justicia, Julio Alak, brindó detalles de la postulación de los dos candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema Corte de Justicia, Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, durante una presentación ante los periodistas que realizó esta mañana en la Sala de Conferencias de la Casa de Gobierno, durante el cual leyó la carta enviada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Senado.
Expresó que la nominación de los dos nuevos candidatos responde a la necesidad de "garantizar el normal desempeño" del máximo tribunal, tras lo cual pidió que ese proceso "no quede sometido a los avatares del proceso electoral" en curso. Destacó la "probidad, inteligencia y apego a la labor judicial" de los candidatos Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, al leer el mensaje de la Presidenta dirigido al Senado de la Nación.
Asimismo criticó la "actitud antidemocrática" de los senadores opositores, en "una maniobra que genera inconvenientes en la integración y el servicio de justicia" que presta la Corte y consideró que la actitud de la oposición negándose a tratar el pliego de Roberto Carlés es una "clara actitud autoritaria y antirepublicana que va en detrimento de la Constitución".
En relación al retiro del pliego que postulaba a Roberto Carlés como juez de la Corte Suprema y la puesta en marcha del proceso de nominación de dos nuevos candidatos para dicho tribunal, el Diputado del PRO Pablo Tonelli afirmó que:
“No es momento para que la presidenta postule candidatos a integrar la Corte Suprema. Se trata de una responsabilidad que claramente corresponde al próximo presidente, que será elegido en pocos días más. La presidenta debe dedicarse a vaciar los cajones del escritorio y dejar las cosas lo más ordenadas que sea posible”.
“Ya empezó la transición hacia un nuevo gobierno y no es razonable que la actual presidenta adopte decisiones de tanta trascendencia como proponer dos nuevos integrantes de nuestro máximo tribunal judicial. Se viene un cambio hacia la normalidad institucional y el respeto por la división de Poderes”, concluyó el Diputado recientemente reelecto y miembro de la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales.
ADC y Poder Ciudadano presentaron ayer un amicus curiae en el caso “Uriarte”. Allí, se sostuvo que la designación del secretario Laureano Durán, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, resulta inconstitucional y vulnera la garantía de la independencia judicial.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) junto a Poder Ciudadano presentaron un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respaldo a la declaración de inconstitucionalidad de la designación de Laureano Durán como juez subrogante y del artículo 7 del Reglamento de Subrogancias del Consejo de la Magistratura.
El amicus aporta argumentos al máximo tribunal para decidir en la causa “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura” en la cual se discute la validez de la designación del secretario Durán por parte del Consejo de la Magistratura, en tanto la misma no respetó los estándares locales e internacionales sobre designación de jueces/zas. En efecto, el procedimiento de la ley 26.376 indica que ante la vacancia, el órgano judicial debe ser cubierto provisoriamente por un/a juez/a de igual competencia. Si ello no fuera posible, se deberá acudir a la lista de abogados elaborada por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado.
La Corte Suprema, en el caso “Asociación de Magistrados y Funcionarios”, consideró que dicha ley 26.376 en ninguna hipótesis “contempla la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan ser incluidos en las listas de abogados … que debe confeccionar el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación…”, sin que esa exclusión conlleve a la desigualdad de trato. En el caso del secretario Durán, si bien el Poder Ejecutivo había remitido un listado de conjueces al Senado, el Consejo de la Magistratura concretó la designación del secretario a pesar de no figurar en tal lista.
A su vez, el Reglamento de Subrogaciones, aprobado por el Consejo de la Magistratura al incluir a los secretarios judiciales en la conformación de las listas de conjueces, vulnera la normativa constitucional (artículo 99 inciso 4) y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ello conlleva la afectación de la garantía de independencia judicial, reconocida tanto a nivel interno como internacional.
Es preciso destacar la gravedad institucional del caso en tanto el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, en el cual subroga Durán, tiene a su cargo la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y representa el 40% del padrón electoral.
